¡Ningún demócrata puede tolerar la minería ilegal!

El predictamen de la comisión de Energía y Minas del Congreso que establece el concepto de “concesiones ociosas” es una alerta nacional en el mediano y largo plazo sobre cómo una propuesta que pretende destruir el Estado de derecho y el sistema de propiedad en el país se envuelve en un discurso social en el que, supuestamente, “los pequeños mineros son excluidos por los grandes”.

Una de las cosas más lamentables de este proceso electoral es que los candidatos en general no han sido enfáticos en contra de la minería ilegal porque, evidentemente, se contraponen a “una gran base social”, a una fuerza movilizable. Peor todavía, los políticos parecen empeñados en ganar a esta base social, y he el porqué se aprobó el predictamen en la mencionada comisión legislativa.

El concepto de concesiones ociosas violenta el propio concepto de concesión minera moderna que se aplica en todas las potencias mineras del planeta, ya sea en Canadá, Australia, Chile y también en nuestro país. Gracias al modelo de las concesiones modernas en la minería del siglo XXI se combinan alta intensidad de capital, tecnologías que preservan el medio ambiente y explotación de minerales con permanente exploración.

¿A qué nos referimos? Una concesión para convocar alta intensidad de capital y tecnologías de punta debe representar un título que se extienda más allá de las 10,000 hectáreas. Con ese título la empresa acude al sistema financiero internacional para conseguir créditos entre US$ 1,200 millones a US$ 10,000 millones. Con el capital se empieza la explotación del mineral, mientras en el resto de la concesión se desarrolla una incesante exploración con el objeto de ampliar las reservas probadas de mineral. 

De esta manera la empresa alarga la vida útil de la empresa, incrementa la rentabilidad porque luego de pagar las obligaciones internacionales el mineral encontrado luego de la exploración le otorga rentabilidad al emprendimiento. Los más beneficiados son los países que se convierten en potencias mineras con el aumento de las reservas probadas –el caso del cobre en el Perú–, y las comunidades y la sociedad en general porque el modelo de propiedad minera convierte el potencial en riqueza. 

El concepto de la concesión ociosa violenta el modelo de concesión moderna en minería y establece un proceso de expropiación de facto en las zonas exploradas con reservas probadas de mineral, pero que todavía están sin explotar. Es lo que está sucediendo en el llamado corredor minero del sur en donde se emplazan las empresas que producen el 40% del cobre nacional y en la provincia de Pataz en La Libertad.

De allí que respaldar el concepto de concesiones ociosas es cuestionar el sistema de propiedad establecido en la Constitución, en las leyes nacionales y consagrados en los tratados internacionales del país. Y si hoy se cuestiona la propiedad en minería, mañana será la propiedad agraria, la propiedad urbana e incluso los ahorros y activos de toda la sociedad. Ese tipo de cosas suceden cuando los políticos le abren las puertas al populismo. 

En los años sesenta una narrativa parecida al de las concesiones ociosas preparó el terreno de las expropiaciones velasquistas. En ese entonces se hablaba de latifundios que concentraban tierras y causaban la pobreza de las poblaciones. Luego se desató la toma de tierras –al igual que las actuales invasiones y asaltos de minas– que, finalmente, terminaron con las expropiaciones velasquistas que empobrecieron al 60% de los peruanos.

Es imposible, pues, que un demócrata, un defensor de la economía de mercado, defienda el concepto de las concesiones ociosas.