¡Si triunfa el antisistema radical gobernará la minería ilegal!

La confrontación entre sistema y antisistema tiene en el avance o la contención de la minería ilegal uno de los elementos centrales de confrontación. ¿Por qué el avance de la minería ilegal en la provincia de Pataz en La Libertad y el llamado corredor minero del sur -en donde se produce el 40% del cobre nacional–, simplemente significa el fin del Estado de derecho? ¿Un punto de vista exagerado de un prominero en el Perú? De ninguna manera.

La continuidad y el avance de la minería ilegal en el Perú es el fin del sistema de propiedad minera consagrada en la Constitución de 1993, en el Código Civil, las leyes nacionales y la Ley General de Minería. Y si esto sucede también estaríamos hablando del quiebre de todo el sistema de propiedad en el Perú; es decir, desde las propiedades de las grandes empresas hasta los ahorros y fondos de pensiones de los ciudadanos. El avance de la minería ilegal, pues, no es el paseo de una bancada legislativa que pretende aprobar normas que toleren a la minería ilegal y “fomenten derechos sociales”, sino que tiene una connotación de subversión de todo el orden establecido.

De allí la enorme importancia de que la Sunat, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía nacional del Perú asuman sus responsabilidades en el combate de la minería ilegal y los sistemas de comercialización que conviven con estas prácticas ilegales. En otras palabras, si en el Perú triunfara el eje chavista, que representa Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, todo el sistema de propiedad minera se quebraría, se ahuyentaría a las grandes inversiones que han convertido al Perú en una potencia minera mundial y la explotación del mineral nacional se desarrollaría en base a las actuales actividades ilegales.

Como todos sabemos, el avance de la minería ilegal en el Perú produce un Viejo Oeste en las zonas mineras: destrucción del medio ambiente, evasión de impuestos, menos obras para los más pobres e imposibilidad de generar empleo formal. Y al lado de estas lacras sociales, la violencia criminal y la trata de personas.

Uno de los mayores yerros del Legislativo actual sería aprobar el criterio de “las concesiones ociosas” sobre la base de reducir de 30 años a 15 el plazo para que un proyecto minero ingrese en producción. Como se sabe, el promedio mundial para que una operación formal entre en operaciones es de 25 años; y en el Perú, debido a las sobrerregulaciones y la conflictividad social, una inversión minera puede demorar entre 40 y 55 años. En esta situación el criterio de las concesiones ociosas simplemente fomentaría la multiplicación de las invasiones y asaltos de las áreas de las minas formales que están sin explotar, pero que cuentan con reservas probadas de mineral, luego de años de exploración y millones de dólares en inversiones.

La explicación de la amenaza del concepto de “concesión ociosa” es simple. Una concesión formal se viabiliza cuando se encuentra un área con reservas probadas de mineral. A partir de esa zona se suman varias cuadrículas para crear concesiones que superen más de 10,000 hectáreas. Sobre esa extensión se otorga la concesión y la empresa tituliza el derecho y acude al sistema financiero internacional para conseguir entre US$ 1,200 millones y US$ 10,000 millones. Se entenderá que ninguna empresa seria, formal, puede tener en la caja esa cantidad de dinero.

Con el préstamo conseguido la empresa empieza la explotación del mineral, mientras desarrolla una incesante exploración en las demás áreas de la concesión con el objeto de ampliar la vida útil de la mina e incrementar la rentabilidad del proyecto, luego de pagar las obligaciones con el sistema financiero internacional. Gracias a este modelo se amplían las reservas probadas de mineral y se crea riqueza para toda la sociedad.

Bueno, las concesiones ociosas pueden caer en todas las zonas sin explotar de las concesiones formales, pero que tienen reservas probadas de mineral luego de años de exploración. ¿Alguien duda acaso de que este concepto alentaría las invasiones de minas y la destrucción de la minería formal?

De allí que el proyecto de la asamblea constituyente que pretende destruir el modelo y el régimen económicos de la Constitución está absolutamente vinculado al sistema de propiedad en minería y la propiedad en general.