Facultades delegadas para legislar en la emergencia

En los tres consejos de ministros convocados por la presidente Keiko Fujimori antes del 29 de julio se discutió un proyecto de ley que solicita la delegación de facultades para legislar en temas de seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, la flexibilización laboral y el sistema tributario.

Uno de los aspectos más relevantes en la solicitud de facultades para legislar tiene que ver con el nuevo papel que se atribuirá a las fuerzas armadas –de manera excepcional y temporal– en la dirección, seguridad y control, supervisión y apoyo operativo de los centros penitenciarios. Entre la solicitud de facultades delegadas, igualmente, destaca la voluntad de crear un impuesto a la renta empresarial único, perfeccionar la regulación de la jornada de trabajo y los aportes a EsSalud, AFP y ONP. 

Asimismo, uno de los aspectos más importantes de la solicitud mencionada tiene que ver con la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo: flexibilizar las condiciones para los despidos y permitir mayores espacios para que las gratificaciones y vacaciones se establezcan como parte de las negociaciones de contratos individuales. En otras palabras, mayor flexibilidad para formalizar. Este paquete de medidas compromete al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y al Ministerio de Economía y Finanzas, dos sectores que protagonizarán el debate de estas urgentes reformas que necesita la economía nacional.

Asimismo, en la solicitud de facultades delegadas se reafirma la necesidad de crear, reestructurar, fusionar, dividir o disolver organismos públicos. Es incuestionable que en este aspecto se hace alusión a la urgencia de dictar medidas que acaben con la sobrerregulación y burocratización del Estado.

Medidas más, medidas menos, lo cierto es que el Ejecutivo sorprendió a tirios y troyanos filtrando a la prensa nacional los borradores y considerandos de la delegación de facultades con el objeto de convocar el debate nacional de los gremios empresariales y de trabajadores, de las bancadas legislativas del Congreso y de los actores de la vida pública nacional. Todo asemejaba a una prepublicación del proyecto que solicita facultades para legislar con el objeto de promover el debate y luego corregir sobre la marcha. Algo de eso sucedió cuando el titular de Trabajo, Juan Sheput, precisó que no se iban a cambiar el número de feriados laborables, tal como lo había prometido la presidente Fujimori. En cualquier caso, la prepublicación del proyecto estaba funcionando antes de su aprobación definitiva el próximo domingo.

Por otro lado, si bien la solicitud de facultades para legislar apuntaba a resolver los problemas en seguridad ciudadana, es evidente que también se apunta a los cuellos de botella de un Estado disfuncional que se ha convertido en una suma de burocracias y trámites que afectan a la sociedad, al ciudadano y al sector privado. Quizá una de las apuestas más audaces de la solicitud de facultades delegadas es la identificación de los nudos tributarios y laborales que fomentan la informalidad y la precariedad del empleo en el Perú. Un asunto que desatará un interesante debate en el país.

En cualquier caso, el nuevo gobierno de Keiko Fujimori está ratificando lo que sostuvimos en este portal en artículos anteriores: el equipo ministerial es una clara combinación de técnicos con políticos, y he allí el intenso debate que se desencadena sobre las medidas propuestas. 

En el acto, el Perú empieza a recuperar la salud política perdida durante la última década. Los peruanos ya no estamos debatiendo sobre cómo vacar o disolver al adversario, sino que estamos sumergidos en discusiones sobre las reformas urgentes para enfrentar la ola criminal, los desastres del fenómeno de El Niño y algunos borradores de las reformas de segunda generación.

En este contexto, el problema está en la oposición. Deberá decidir si se trata de una oposición leal y democrática, aprobando la delegación de facultades, o sigue el camino de la polarización que proponen el Movadef y el etnocacerismo.