¡Flagelo de la minería ilegal continúa en Pataz!

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en una zona liberada de la autoridad del Estado, de la Constitución y de las leyes nacionales, a pesar de la vigencia del Estado de emergencia que compromete a la acción al Ejecutivo, al gobierno regional, a las fuerzas armadas, la policía nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia. La minería ilegal en alianza con el crimen organizado, simplemente, se zurran sobre la presencia de todas las instituciones y la fuerza coercitiva del Estado.

El pasado 26 de abril trece trabajadores de la empresa R&R fueron secuestrados por una banda armada que ingresó a las instalaciones de la mencionada compañía. Luego se propalaron audios en los que los delincuentes exigían un rescate de S/ 4 millones. Vale anotar que la empresa R&R realiza trabajos formales y legales en la zona para minera Poderosa, una de las empresas formales más afectadas por la ofensiva y la violencia que desata la alianza entre la minería ilegal y el crimen organizado.

En Pataz los ataques y asaltos de la alianza minería ilegal y crimen organizado ya han producido 20 trabajadores muertos y decenas de heridos, se han derribado 17 torres de tensión eléctrica y el año pasado se contabilizaron alrededor de 12,000 camiones con el mineral ilegal robado en las concesiones de las empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal. En otras palabras, ¿el Estado ha sido derrotado en todas las líneas en la lucha contra la minería ilegal? O, simplemente, el Ejecutivo no está dispuesto a asumir los costos sociales y políticos que implica el desarrollo de una interdicción eficaz de la evidente zona liberada en que se ha convertido Pataz.

El gobierno de Dina Boluarte está arrimando el problema hacia el próximo gobierno bajo la creencia que así se evita el costo político. Sin embargo, la minería ilegal, las economías ilegales y el crimen organizado ya afectan a más de cinco regiones en el país y comprometen alrededor de 22 ríos de la Amazonía. 

Y, tal como van las cosas, en medio de la fragmentación y destrucción del sistema político que ha desarrollado el progresismo y las izquierdas en el país, la minería ilegal tendrá decisiva influencia en el financiamiento de movimientos locales, regionales e, incluso, en las próximas bancadas legislativas del país.

Pero eso no es todo. El precio de la onza de oro se ha disparado hasta las nubes por la incertidumbre en el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que ha desatado la actual guerra comercial en el planeta. La semana pasada la onza llegó a los U$$ 3,500 y luego descendió debajo de US$ 3,000. Goldman Sachs pronostica que la onza de oro en el 2026 podría llegar a los US$ 4,000.

Si el Ejecutivo no restablece con prontitud el Estado de derecho en Pataz, la falta de autoridad de las instituciones, el nivel de corrupción que bloquea la acción institucional, de una u otra manera, se replicarán los problemas de Pataz en otras regiones del país por los niveles de precios que comienza a alcanzar el oro en medio del derrumbe institucional del Estado.

Hoy la minería ilegal mueve cerca del 70% del total de más de US$ 12,000 millones que movilizan las economías ilegales en el país (entre ellas el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas, entre otras) y comienza a convertirse en el factor principal de un nuevo Estado fallido, tal como sucedió en los ochenta con el narcotráfico y el terrorismo colectivista. 

La responsabilidad del Ejecutivo, entonces, no se puede postergar ni arrimar al próximo gobierno. Puede ser muy tarde.