Incertidumbre y desconfianza

Las consecuencias de haber suspendido los procesos de acreditación educativa.

Una atmósfera enrarecida por la incertidumbre y la desconfianza se siente hoy en la comunidad educativa, como consecuencia de la decisión del Ministerio de Educación de paralizar 3,386 procesos de acreditación iniciados principalmente por instituciones privadas (universidades, institutos y colegios). La incertidumbre se explica porque nadie sabe qué va a pasar y porque la medida va en contra de la ley. La desconfianza se explica por el ánimo discriminatorio que se percibe en el Minedu ante la inversión privada, no obstante el aporte que brinda ésta a la educación.

Si la Ley dispone que el Minedu debe constituir un “Consejo Directivo ad hoc para el Sistema, conformado por tres miembros... para que ejecute las funciones necesarias para la continuidad del organismo y los procesos en desarrollo… hasta la reorganización del sistema...”, ¿por qué, entonces, se ha paralizado las acreditaciones?.

¿Se puede justificar semejante trato a la educación privada, que ha sido refugio de millones de peruanos para salvarse de la pésima escuela pública? ¿Cómo explicar que se discrimine a un sector que invierte al año más del 3% del PBI y que absorbe el 51% de la matrícula escolar en Lima y Arequipa? Solo los sesgos políticos podrían explicarlo.

En el Minedu parece haberse impuesto un criterio errado que identifica educación privada con mala calidad, injusto porque así como en el sector público hay escuelas y universidades malas y buenas, en el sector privado es igual. El Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), se creó precisamente para que todos los colegios, institutos y universidades, públicos o privados, alcancen los estándares de calidad fijados por la ley.

A juicio del ex rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) Gonzalo Galdós, el proceso de acreditación suspendido “es un gran paso adelante para la educación nacional y ahora hemos vuelto a fojas cero, estamos en la incertidumbre... la acreditación es fundamental y central en la mejora de la calidad académica, nos preocupa que se suspenda”.

Respecto a los procesos iniciados por los colegios privados, Galdós expresó su preocupación de que pueda darse una discriminación de “carácter ideológico o sesgado, igual como ha ocurrido en la aplicación de la nueva ley universitaria”. Aludió así a la reciente discriminación del Minedu a las universidades privadas, en la aplicación de dicha norma, para favorecer a las públicas y asociativas.

Algo que ahonda la incertidumbre es que se haya detenido un proceso aceptado e incorporado por la comunidad educativa. Pareciera que se quiere liquidar un sistema que funciona bien y que es reconocido por su transparencia, que lo asemeja a los sistemas exitosos de los Estados Unidos y Europa.

Es difícil cuantificar cuánto han invertido las instituciones para acreditarse, pero más allá de lo económico, se había logrado crear una cultura evaluativa. Por ejemplo, las universidades del país ya habían constituido Oficinas de Calidad y Acreditación (OCA), para autoevaluarse y diseñar los planes estratégicos necesarios para alcanzar los estándares de calidad.

Según el SINEACE unas 40 mil personas, entre directores, docentes, alumnos y ex alumnos que están trabajando hace más de 2 años por demostrar que su carrera, su colegio o su instituto pedagógico cumplen con los estándares nacionales de calidad educativa. Y para ello han invertido en crear sus OCA y 3,386 Comités de Calidad, en sus planes estratégicos, obras de infraestructura, equipos de informática, laboratorios, bibliotecas, etc.

Del total de Comités de Calidad, 1,689 corresponden a carreras universitarias, 694 a especialidades de institutos de educación superior tecnológica, 576 a colegios, 274 a Centros Técnico Productivos y 162 a institutos pedagógicos.

El Ministerio de Educación debe dejar sin efecto la suspensión de los procesos de acreditación. Nada justifica cambiar un sistema que ha sido legitimado por su eficiencia, su limpieza y su aceptación por la comunidad educativa, a menos que sea por razones políticas, o mejor dicho, de política menuda.

05 - May - 2015