La sanción a Vizcarra y la dignidad del Congreso

La necesidad histórica de la democracia peruana de inhabilitar por diez años a Martín Vizcarra no es un capítulo de la tenebrosa historia de la judicialización política, porque una inhabilitación por infracción constitucional no tiene efectos penales directos. Es la necesidad de construir instituciones y procedimientos constitucionales de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú; es la necesidad de construir una memoria histórica democrática para que nunca más ningún caudillito, con cierto respaldo popular, se atreva a aplastar las instituciones republicanas.

Hoy es cinco de abril y las izquierdas en todas sus versiones utilizan el quiebre constitucional que se recuerda en esta fecha para señalar que las derechas son intrínsecamente autoritarias, para sindicar que las reformas económicas de los noventa nacen del vientre del autoritarismo. Sin embargo, luego de restablecer la institucionalidad a inicios del nuevo milenio, se sucedieron cuatro elecciones sin interrupciones, pero desde el 2016 las izquierdas han protagonizados tres quiebres constitucionales o golpes de Estado: el cierre inconstitucional del Congreso de Vizcarra, el golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino y el intento del golpe fallido de Pedro Castillo.

Desde esa fecha las instituciones y la política se envilecieron a tal extremo –incluyendo las respuestas de la derecha, obviamente– que el Perú se enfermó y se pasó a elegir a Pedro Castillo, el peor candidato y el menos preparado de la historia republicana. El proceso de polarización en la sociedad –que destruye a cualquier país– tuvo un hito en el cierre inconstitucional del Congreso del 30 de setiembre del 2019. Ese día la Constitución y sus procedimientos pasaron a ser relativos, posibles de ser interpretados según las campañas mediáticas, las correlaciones de fuerza del día y las encuestas de dos horas atrás, como si se tratara del estatuto de cualquier federación universitaria.

Para cerrar inconstitucionalmente el Congreso, el Ejecutivo invocó una figura que no existe en la Constitución y no podrá nunca existir en ninguna carta republicana. Invocó una “supuesta denegación fáctica de confianza”. Toda aceptación o denegación de confianza es el acto público por excelencia en la relación de los poderes del Estado. Demanda una declaración expresa de voluntad de un poder soberano y se expresa incuestionablemente en el cómputo de los votos de los legisladores a favor o en contra. Es un acto jurídico que no puede existir sin la declaración expresa ni pública de la voluntad de los congresistas.

Ese día Vizcarra y sus amigos constitucionales inventaron la figura de la denegación fáctica. Y la solicitud de confianza se hizo sin la sesión correspondiente del Consejo de Ministros: no hubo votación ni acta correspondiente. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, entró pateando el Congreso y lanzó un gritó solicitando la confianza. Más tarde policías y militares tomaban el Legislativo.

Las izquierdas y el progresismo suelen argumentar que el golpe de Estado de Vizcarra luego fue “constitucionalizado” por el Tribunal Constitucional. Un ejemplo del cinismo sin amarras. La cuestión de confianza de Vizcarra pretendía detener el proceso de elección de los magistrados que iban a reemplazar a los cuatro magistrados que avalaron el asalto golpista. En cualquier caso, en Venezuela y Bolivia los máximos tribunales suelen respaldar los atropellos de las dictaduras.

La inhabilitación de Martín Vizcarra y del Salvador Solar, pues, no tiene que ver con la venganza política que organizan las izquierdas en todas sus versiones en el Perú. Tiene que ver con la necesidad de reconstruir las instituciones y desarrollar una memoria histórica democrática, tiene que ver con la responsabilidad que tienen los políticos con las futuras generaciones. En ese contexto, el Congreso ha demostrado una devastadora falta de dignidad al negarse a inhabilitar a Vizcarra.

Todos los peruanos de buena voluntad, todos los legisladores que pretenden reconstruir las instituciones, entonces, deberían respaldar la reconsideración de la votación que exculpa a Vizcarra en el Legislativo.