¡La urgencia de la amnistía para nuestros soldados!

El Legislativo ha sancionado una ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités de autodefensa; es decir, de los principales actores y protagonistas que derrotaron al terrorismo comunista de Sendero Luminoso en los años ochenta.  Una norma que debe ser defendida por todo peruano de buena voluntad, por todo demócrata que pretende mantener el Estado de derecho y el principio de la autoridad democrático.

Nuestros soldados son judicializados por décadas arguyendo delitos de lesa humanidad, no obstante que la Convención de Roma –que tipifica estas conductas– fue firmada por el Perú en el 2002, después de que los delitos prescribieran según lo establece el Código Penal. La telaraña legal e institucional para perseguir a nuestros soldados proviene de una interpretación ideológica del Pacto de San José que desarrolla la Corte IDH y sectores del sistema de justicia nacional extremadamente politizados. 

Hoy se argumenta que una amnistía no es posible porque a inicios del nuevo milenio el sistema de justicia interamericano se opuso a una medida de ese tipo. Más allá de la arbitrariedad del razonamiento convencional no se puede comparar esa oposición de la Corte IDH con la situación actual. En el pasado la ideologización de los miembros de la Corte pudo argumentar “el derecho de las víctimas a recibir justicia”. 

¿Qué se puede argumentar luego de casi tres décadas de judicialización de nuestros soldados? La propia Convención de Derechos Humanos Americana señala que toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Qué plazo razonable puede haber en una persecución de casi tres décadas en que la mayoría de soldados comienza a fallecer antes de ser sentenciado? ¿En qué se puede diferenciar esta persecución de los estragos emocionales que causaban los campos de concentración nazi?

De ninguna manera el Estado peruano, el Tribunal Constitucional, el Congreso y el Ejecutivo deben aceptar la estrategia de las corrientes neocomunistas y progresistas que controlan el sistema de justicia interamericano, porque representa una verdadera barbarie soviética en contra de ancianos que, en su juventud, nos salvaron del totalitarismo comunista que controló una tercera parte del territorio y causó más de 35,000 muertos. De ninguna manera.

El neocomunismo y el progresismo pretende judicializar a los miembros de las fuerzas de seguridad como parte de su estrategia general de poder. ¿Cómo así? La defensa del Estado de derecho y la democracia demanda el ejercicio de la fuerza pública constitucional, de lo contrario las fuerzas antisistema avanzan en su estrategia.

Las oenegés de Derechos Humanos promueven la judicialización de las fuerzas de seguridad para neutralizarlas en su acción pública, tal como sucedió en Chile frente a la violencia que desencadenó el proceso constituyente. Tal como hubiese sucedido en el Perú –luego del golpe fallido de Pedro Castillo– con las milicias que pretendían quemar aeropuertos y bloquear las carreteras con el objeto de convocar una constituyente si es que las fuerzas de seguridad no hubiesen utilizado la fuerza pública constitucional. 

Hoy más de 300 soldados y policías están judicializados por haber defendido la democracia de las milicias bolivarianas, algunos de ellos incluso están con prisión preventiva. ¿Cómo entonces puede haber principio de autoridad y cómo se puede enfrentar la ola criminal si es que los héroes se convierten en villanos?

En la defensa de la amnistía aprobada en el Legislativo a favor de nuestros soldados y policías hay razones convencionales del propio Pacto de San José, pero también hay motivos políticos e ideológicos irrenunciables que se deben defender contra viento y marea. Si el progresismo sigue empeñando en judicializar a los soldados del país, entonces la sociedad avanzará en pleno a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos.