¡Masacre de Pataz y la urgencia de un nuevo Gabinete!

El secuestro y el asesinato de 13 trabajadores, con la respectiva filmación que se difundió en redes sociales, establece un parteaguas, un antes y un después en la lucha contra la minería ilegal y la alianza del crimen organizado. Las bandas criminales que controlan la producción del oro ilegal han notificado al Perú, a la sociedad y al mundo que si en Pataz se desarrolla minería formal que se opone a las actividades ilegales, entonces, la sanción es la pena de muerte.

Sin embargo, se ha llegado a este estado de cosas porque en el Ejecutivo se tomó la decisión de postergar la resolución del tema para las calendas griegas. Y este devastador error político nos ha llevado a este abismo, a esta disyuntiva: o el Estado retoma el control territorial de la provincia de Pataz o empezamos a armar un Estado fallido que amenazará el Estado de derecho e, incluso, las próximas elecciones nacionales.

El gobierno nacional ha anunciado medidas de urgencia como el toque de queda en la provincia, el envío de mil policías, la suspensión de las actividades mineras por 30 días (luego de precisó que no se incluía a las empresas formales) y la cancelación de permiso de actividades para los mineros que están en calidad de suspendidos ante el Registro Integral de Formalización (Reinfo). ¿Qué significan estas medidas? El explícito reconocimiento de que el estado de emergencia en Pataz en los últimos meses es un completo fracaso. ¿Acaso había que esperar que el número de trabajadores muertos se incrementará a 39, que las torres de alta tensión derribadas sumarán más de 17 y se contabilizarán 12,000 camiones anuales transportando el mineral robado a las concesiones formales para que el Gobierno se diera por notificado?

Si esta terrible indolencia política del Ejecutivo le sumamos la fuga de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, sindicado por la propia presidente Dina Boluarte como el autor intelectual de la matanza en Pataz, los argumentos se convierten en superlativos para exigir la renuncia del Gabinete que preside Gustavo Adrianzén. ¿Cómo es posible que el supuesto autor intelectual se haya fugado por el aeropuerto Jorge Chávez, enfrente de los funcionarios de migraciones, horas después de ser señalado por la jefe de Estado como el autor intelectual de la matanza en Pataz? ¿Qué ministro asume la responsabilidad política?

La posibilidad de un Estado fallido que se revela trágicamente en la brutal matanza en la provincia liberteña y el fracaso en la contención de la ola criminal en la sociedad debe tener consecuencias políticas en un régimen republicano, en un sistema democrático. Las autoridades políticas que controlan todas las herramientas institucionales y disponen de toda la coerción y el poder de fuego del Estado no pueden permanecer indemnes frente a yerros de esta magnitud.

Es evidente que también hay responsabilidad en el sistema de justicia luego de conocerse que el supuesto autor intelectual de la masacre en Pataz fue detenido y luego liberado. Es incuestionable también que el gobierno regional de La Libertad, responsable directo de la formalización minera, tiene una enorme responsabilidad en esta situación. Sin embargo, en el sistema democrático del Perú quienes asumen la responsabilidad política de los fracasos de las políticas estatales son los ministros y el Gabinete en pleno.

Si el Perú fuese una democracia con relativa estabilidad, los propios ministros del Gabinete Adrianzén darían un paso al costado para evitar el innecesario enfrentamiento con el Congreso y el costo político que este tipo de acontecimientos conlleva a todo el sistema político.

En las democracias longevas los ministros que renuncian por voluntad propia lo hacen para salvar su caudal político y continuar en la vida pública. Aprendamos y convoquemos un gabinete de amplia base para organizar la transición hacia las elecciones nacionales del 2026.