¡Se busca el candidato de la motosierra en el Perú!

Javier Milei, durante la campaña electoral que lo encumbró a la presidencia de Argentina, utilizó una motosierra para simbolizar su voluntad de acabar con el gran enemigo de la Argentina del siglo XX: el estado socialista que el peronismo había construido en el país del Río de la Plata. Un Estado que convirtió a la Argentina en una sociedad con cerca de 40% de ciudadanos en pobreza no obstante que, por su extensión territorial, la dotación de sus recursos naturales y la educación de su población, debería estar entre las 10 naciones más ricas del planeta.

Vale anotar que el triunfo electoral de Milei no solo fue una movilización política frente a la llamada casta política y los políticos tradicionales, sino que también representó una gesta ideológica y cultural alrededor de los temas del Estado y del mercado y el papel de la empresa y el sector privado en el camino hacia el desarrollo. De allí que la sociedad argentina haya tolerado uno de los ajustes económicos más severos de la región.

¿A qué viene todo esto? De una u otra manera en el Perú estamos en la obligación de reeditar –al menos en los sectores con más claridad y de buena voluntad– la gran batalla cultural e ideológica de los argentinos en las próximas elecciones del 2026. ¿Por qué? Al margen de los evidentes avances económicos del país, la burocratización del Estado, su extremada sobrerregulación y el incesante incremento del gasto estatal –desde el gobierno nacionalista hasta la fecha– se han convertido en las principales trabas al crecimiento, en las principales fuentes de pobreza e informalidad nacional. 

A inicios del nuevo milenio existían proyecciones económicas que señalaban que si el país seguía creciendo sobre el 6% y reduciendo varios puntos anuales de pobreza hacia el Bicentenario se podía alcanzar un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Sucedió todo lo contrario. Elegimos a Pedro Castillo y la pobreza aumentó varios puntos. Como los cangrejos avanzamos hacia atrás.

En el Perú, de un PBI aproximado de alrededor de US$ 260,000 millones, el Estado –a través de los gobiernos central, regional, municipios y empresas estatales– consume cerca de un tercio de la riqueza nacional. Sin embargo, el déficit en agua potable, desagüe, escuelas, postas médicas y carreteras no ha cambiado significativamente en la última década. El Estado gasta, pero no incrementa la cobertura de los servicios ni la calidad de los mismos. Ni qué decir en los delicados temas de justicia y seguridad ciudadana.

Hay entonces un Estado disfuncional, poblado de 19 ministerios, oficinas y dependencias, obligados e inventar sobrerregulaciones y trámites para justificar el incremento del gasto corriente y la sinecura estatal para algunos sectores ideológicos de la sociedad. Igualmente, se ha organizado un proceso de regionalización con 24 regiones que solo reproducen las ineficiencias, la falta de gestión y las irregularidades y la corrupción de lo peor de la administración central. En estas condiciones el Estado bloquea inversiones y aumenta o mantiene la pobreza, y con sus murallas de procedimientos aleja a las unidades económicas más pequeñas de la formalidad.

En este contexto, el gobierno de Dina Boluarte no solo aumenta el gasto público, sino que relaja la trayectoria fiscal y, de una u otra manera, avanzamos hacia un tercer año consecutivo de incumplimiento de la regla fiscal en el país. Sin embargo, lo que llama sobremanera la atención es que un sector de economistas alerte sobre los riesgos de perder los grados de inversión del Perú por el descontrol del déficit fiscal sin plantear la necesidad de acabar con el Estado burocrático y reducir y racionalizar el gasto del Estado. Es como si las izquierdas y el socialismo continuarán haciendo engordar el Estado y un sector de economistas solo tuvieran la responsabilidad de alertar sobre el desbarajuste fiscal.

Es hora de entender que el descontrol fiscal del país tiene que ver con el brutal incremento del gasto estatal: en los últimos años el gasto corriente se ha venido incrementando en 30% anual. En este contexto, con la cercanía de las elecciones del 2026, el Perú necesita con extremada urgencia su candidato de la motosierra.