¡Todo el Perú unido en contra de la masacre en Pataz!

Los 13 trabajadores mineros de la empresa R&R, secuestrados unos días atrás por el crimen organizado, fueron asesinados sin compasión, a pesar del estado de emergencia en que participan el Ejecutivo, el Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sistema de justicia.

En un video propalado en las redes sociales se aprecia la ejecución de los señalados trabajadores con el claro objeto de extender el terror en toda la zona minera de la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Los asesinados son trabajadores de R&R, una pequeña empresa que presta servicios a la minera Poderosa. La matanza de los trabajadores pretende enviar un mensaje a todos aquellos que desarrollen actividades formales de explotación del oro con el objetivo de que abandonen la provincia.

En cualquier caso, la matanza de los pequeños mineros representa un parteaguas en el avance de la minería ilegal en el Perú, en la alianza de los mineros ilegales con el crimen organizado. Ahora hay un antes y un después de la masacre. La noticia y las imágenes de la matanza –como en los peores tiempos de Al Qaeda e ISIS –se convirtieron en acontecimientos mundiales. En este contexto, ¿qué se puede pensar en el crimen organizado del mundo, incluyendo los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas, frente a la inacción del Estado para enfrentar esta ofensiva criminal que masacra a los trabajadores mineros? ¿Acaso el Perú es una zona liberada en donde el crimen puede prosperar a diestra y siniestra?

De alguna manera el asesinato de los pequeños mineros ha creado un nuevo escenario ineludible: o se defiende el Estado de derecho e intervienen las fuerzas de seguridad en Pataz o avanzamos a un nuevo Estado fallido –tal como sucedió en los ochenta–, en el que el monopolio de la violencia se traslada a grupos criminales que imponen su propio orden en las áreas abandonadas por el Estado.

Por todas estas consideraciones, civiles y militares hoy tienen que reaccionar ante la masacre en Pataz y proceder a capturar a los criminales que asesinaron a los trabajadores mineros. Pero no solo se trata de una respuesta inmediata: Pataz necesita a una parte del Ejecutivo y al comando conjunto de las Fuerzas Armadas focalizados en combatir el crimen organizado y en lanzar una ofensiva total contra la minería ilegal y las organizaciones que pretenden sembrar el terror en la zona. El asunto tiene tanta urgencia que no puede esperar días ni semanas: se requieren decisiones inmediatas.

Por otro lado la masacre de los 13 trabajadores mineros revela con absoluta claridad que la pequeña minería y la minería artesanal de ninguna manera deben jugar a tolerar espacios de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque la ilegalidad minera y la violación de todo el sistema de derechos de propiedad establecidos por la Constitución y la ley, de una u otra manera, terminará convocando a todas las organizaciones criminales de la región y del planeta. Y los más afectados en el corto plazo serán las pequeñas unidades de minería, entre ellas las plantas de beneficio que suelen tolerar a la minería ilegal. ¿Por qué? El crimen organizado tenderá a tomar el control de la producción y comercialización, y empezará por liquidar a los más pequeños; es decir, a los sectores que cuentan con menos recursos destinados a la seguridad.

Si no reacciona todo el Perú, avanzaremos a organizar un Estado fallido e inviable. El precio de la onza de oro se acaba de disparar por encima de los US$ 3,500 porque la guerra comercial mundial causa cierta desconfianza en el dólar y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y en este contexto, algunos sectores de mercado se refugian en este metal.

No existe alternativa para el sistema democrático: o se recupera Pataz para el Estado de derecho o avanzamos hacia un Estado fallido.