A punto de colapsar

Muchos creen que estando a punto de colapsar el Sistema de Justicia, este está integrado solamente por el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (PJ), a los que hay que reformar. Pero el Sistema de Justicia no solamente está integrado por las dos instituciones antes mencionadas, sino también por el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio de Justicia (MJ), la Policía (PNP), la Academia de la Magistratura (AM) el Fuero Militar (FM)) y el Fuero Arbitral (FA), sin olvidar a la Justicia Comunal a cargo de las comunidades campesinas y nativas. También tenemos a la Procuraduría General del Estado para su defensa.

Como podemos observar, la reforma del Sistema de Justicia no puede circunscribirse al Ministerio Público y al Poder Judicial sino a todo el sistema, por más que algunos de sus componentes actúen adecuadamente. Se sabe que la Fiscalía está a cargo de la investigación del delito y que es la titular de la acción penal. El Poder Judicial está a cargo de administrar justicia, resolviendo a todo nivel los conflictos legales. El Tribunal Constitucional tiene por función velar por la constitucionalidad de las normas legales, siendo última instancia en procesos de índole constitucional. La Junta Nacional de Justicia ejerce la responsabilidad de nombrar, ratificar y sancionar a magistrados fiscales y judiciales.

Al Ministerio de Justicia le está adscrito el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por lo cual es parte del Sistema de Justicia. La Policía Nacional comparte responsabilidades con el Ministerio Público para la investigación del delito. La Academia de la Magistratura está facultada para formar y capacitar a jueces y fiscales. El Fuero Militar tiene la atribución del procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en casos de delitos de función. El Fuero Arbitral a cargo de los diferendos entre partes que se ponen de acuerdo para someterlos a la justicia arbitral. Por último, la justicia comunal que es especial y elemental.

Todo ello es el Sistema de Justicia y por lo general ni los justiciables ni sus abogados están satisfechos con su comportamiento, no solo en calidad de Justicia sino también en la duración de los procesos que duran años y años sin resolverse, Basta recordar que el próximo año se cumplirá cuarenta años de la recuperación del Frontón, sin que los procesos judiciales hayan concluido. Dice un viejo adagio que “justicia tardía no es justicia”, a lo que hay que agregar que además las demoras infringen normas de los tratados sobre Derechos Humanos que establecen “plazos razonables”.

La situación de la Justicia se ha vuelto ya insoportable en nuestra patria, con las peleas que se vienen dando entre las diversas instituciones del Estado, pugnas que sobre todo se perciben en los entes ligados con la justicia. Indiscutiblemente hay que hacer reformas ya. Muchas veces se han intentado, pero quedaron truncas, como el famoso Seriajus que se apolilla en los anaqueles del PJ, en que con buen juicio fue un excelente aporte impulsado por el entonces Presidente del Poder Judicial Hugo Sivina y que podría servir de base para la tarea por afrontar. A lo señalado, podría agregarse su propuesta de integrar en un mismo local, aunque juntos pero no revueltos, a fiscales, jueces y policías.  Se añadiría la desconcentración judicial en que se esforzó otro presidente de la Corte Suprema como Enrique J. Mendoza.

Muchos y con justificada razón se oponen a que la reforma la haga el actual Congreso, no solo por la falta de conocimiento en la materia, sino que estamos ad portas de una nueva elección parlamentaria, debiéndose evitar las tentaciones populistas. Una conveniente opción es el nombramiento de una comisión de expertos que hagan el diagnóstico situacional, preparen los proyectos legislativos para la reforma, los que se someterían a una comisión revisora en que estén algunos nuevos parlamentarios que asuman cargo el 2026, buenos ex presidentes de la Corte Suprema y de algunas Cortes Superiores, Fiscales de la Nación de fuste que estén jubilados, al igual que ex decanos de alta calidad de algunos colegios de abogados y de facultades de derecho de prestigio, máxime que debería existir en estas últimas, la especialidad de la práctica profesional de consulta y de proceso, y separadamente  la de administración de justicia.

Hay que poner manos a la obra pues la situación es caótica y a punto del colapso.