Beca 18: cuando el Estado castiga el talento que prometió proteger

Beca 18 nació en 2011 como una de las apuestas más coherentes de la política social peruana: identificar al joven talentoso, al que la pobreza amenaza con sepultar, para brindarle los medios para desarrollarse. Su lógica no era asistencialista ni paternalista; era, en el mejor sentido, subsidiaria. El Estado intervenía donde el mercado no llegaba, daba una mano al que ya había demostrado mérito y capacidad, lo acompañaba y se retiraba. Por eso el programa recibió elogios incluso de sectores liberales. Esto debido a que el becario elegía su institución educativa entre una lista, y estas compiten por captarlo,  mejorando su oferta académica. Un mecanismo de voucher educativo avant la lettre, con filtro meritocrático de entrada y responsabilidad compartida en la permanencia.

Ese equilibrio —exigencia académica razonable más comprensión de las limitaciones reales del alumno— fue históricamente la virtud del programa. Las reglas de permanencia reconocían algo que la evidencia confirma: un joven de primera generación universitaria, que viene de un colegio público precario de Ayacucho o Puno, puede tropezar en el camino sin que eso lo convierta en un caso perdido ni en un derroche de recursos públicos. Por eso la causal de pérdida de beca por desempeño se fijó en un umbral severo pero justo: reprobar todos los cursos de un ciclo o reprobar el mismo curso más de dos veces. No era una beca para mediocres; era una beca que admitía que el error puntual no define a una persona.

Las reformas también supieron aprender. Durante la gestión Sagasti el criterio de afinidad de carrera —que antes impedía cambiar de especialidad— fue flexibilizado para reconocer una realidad frecuente entre jóvenes de 16 o 17 años: equivocarse de vocación no es un defecto de carácter, sino parte natural del proceso de maduración. Esa reforma fue sensata, discreta y eficaz.

Lo que viene ocurriendo ahora apunta en sentido completamente opuesto. Recientemente el Ministerio de Educación publicó un proyecto de modificación del reglamento de Pronabec que contempla la pérdida de la beca por desaprobar un solo curso en cualquier ciclo académico. La justificación oficial apela a la "corresponsabilidad" del estudiante con el gasto público y al incremento de becarios con desaprobaciones reiteradas en los últimos años. El argumento fiscal tiene una lógica aparente: cada semestre adicional financiado puede costar hasta S/ 28,000 en una universidad privada. Sin embargo, la solución propuesta —la expulsión automática por un solo jalado— es desproporcionada, punitiva y revela una incomprensión profunda de lo que significa impulsar la meritocracia con equidad.

Hay una diferencia sustantiva entre exigir rendimiento y confundir la exigencia con la intolerancia al error. Un sistema meritocrático bien diseñado reconoce que el mérito se desarrolla bajo condiciones desiguales de partida. El alumno que ingresa a Beca 18 ya pasó un proceso de selección riguroso: un examen nacional, evaluación socioeconómica, verificación de historial académico. Su entrada al programa es, por definición, la constatación de su capacidad. Penalizarlo con la expulsión por un único curso desaprobado —que puede responder a problemas de salud, adaptación, carga laboral o simplemente a la dureza de ciertos cursos en ciertas carreras— no es proteger la meritocracia, es desfinanciarla.

El problema de fondo, sin embargo, es aún más serio y difícilmente explicable en tiempos de bonanza macroeconómica relativa. El presupuesto aprobado para Pronabec en 2026 fue de apenas S/ 50 millones, equivalente al 6% de los S/ 793 millones solicitados. El programa que en octubre de 2025 recibió un récord histórico de 103,590 postulantes —el doble que en 2024— terminó ofreciendo apenas 5184 becas en su primera convocatoria de 2026, lejos de las 20,000 prometidas. El Congreso, que en ese mismo período aprobó un incremento de 38% a su propio presupuesto, no encontró voluntad para garantizar las partidas educativas. Alexandra Ames, exdirectora de Pronabec, lo dijo claramente: "Esta es la reducción más grande en toda la historia del programa".

Ante ese contexto, resulta cuando menos incongruente que la respuesta del Ejecutivo no sea restaurar el presupuesto, sino endurecer las condiciones de permanencia. Si el problema diagnosticado es que algunos becarios desaprueban cursos con mayor frecuencia, la respuesta racional es reforzar las redes de tutoría, el acompañamiento psicopedagógico y los sistemas de alerta temprana —instrumentos que cuestan infinitamente menos que una beca perdida y un talento desaprovechado—. Castigar la desaprobación de un curso con la expulsión no resuelve el problema académico; lo oculta empujando a los más vulnerables fuera del sistema.

Beca 18 demostró ser un programa que funciona, ya que el 90% de sus beneficiarios es la primera generación universitaria en su familia y la gran mayoría de egresados se inserta en el sector formal. Esos números no son la marca de un programa que necesita más rigor punitivo. Son la marca de un programa que necesita más recursos y mejor acompañamiento. El Estado peruano tiene la obligación moral —y la tradición histórica, en su mejor expresión— de cuidar lo que funciona y no de destruirlo.