China moviliza su defensa: alerta para el Perú

La entrada en vigor, el 1 de octubre de 2026, de la nueva Ley de Movilización de la Defensa Nacional de China marca un punto de inflexión sobre cómo leer la presencia económica china en el mundo. La norma, aprobada el 28 de agosto por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, amplía el marco legal a 14 capítulos y 82 artículos. Su objetivo es organizar la capacidad del Estado chino para transformar recursos económicos, tecnológicos, industriales y sociales en capacidad de defensa ante amenazas a la soberanía, seguridad e “intereses de desarrollo” del país.

China no separa economía, infraestructura, tecnología, datos y seguridad nacional. Su visión es integral. La nueva ley incluye planificación de movilización, reservas estratégicas, producción industrial, transporte, comunicaciones, recursos civiles, proyectos vinculados a defensa, cadenas de suministro, mecanismos de requisición y el uso de bienes civiles en caso de necesidad. No es una norma militar, sino una arquitectura jurídica que prepara al Estado para pasar de la paz a la emergencia estratégica con la menor fricción institucional. 

Leída aisladamente, la ley parece un instrumento interno chino. Pero sumados a otros decretos recientes aumenta su importancia. El Decreto 835 fortalece la capacidad china para responder frente a jurisdicciones extranjeras que considere abusivas o injustificadas. El Decreto 837, vigente desde julio de 2026, regula la inversión china en el exterior, protege a sus inversionistas y las vincula con la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

Juntas estas normas revelan una tendencia: China construye un marco jurídico para proteger sus empresas, controlar sus inversiones exteriores y preparar su economía civil como capacidad estratégica. No significa que toda inversión china sea una amenaza, ni que Beijing pueda movilizar activos ubicados en territorio peruano. En el Perú rige la ley peruana. Pero estas normas obligan a abandonar una lectura ingenua: las empresas estatales chinas operan en un sistema donde Estado, partido, empresas, datos, logística y seguridad están articulados.

Chancay es el caso más visible, aunque no único. El puerto no debe verse como una obra comercial destinada a reducir costos logísticos. Concentra elementos sensibles: buques, rutas, manifiestos de carga, operadores, volúmenes, exportadores, importadores, horarios, cadenas de suministro, escáneres, controles aduaneros, conectividad digital y sistemas de información logística. Produce información estratégica. Una infraestructura civil puede tener relevancia geopolítica sin convertirse en instalación militar.

Chancay debe ser leído como infraestructura crítica peruana operada por la empresa estatal de una potencia que integra economía y defensa en su marco legal. La pregunta no es si China invierte en el Perú; la pregunta es bajo qué reglas, con qué acceso a información, qué supervisión estatal y qué garantiza que ninguna obligación externa limite la soberanía regulatoria peruana.

El riesgo para el Perú no es solo Chancay. Empresas chinas participan en minería, energía, infraestructura y logística. Si el Estado peruano no define qué sectores considera críticos, está administrando cada proyecto como inversión aislada, mientras otros actores los integran dentro de una estrategia nacional de largo plazo. La asimetría: China sabe qué quiere proteger; el Perú debe definir con claridad qué debe preservar.

Las recomendaciones son concretas. Perú debe identificar formalmente sus infraestructuras críticas, establecer reglas sobre datos logísticos y portuarios, auditar accesos remotos y sistemas digitales, garantizar que Sunat, APN, Ositran, Indecopi, Fiscalía y autoridades de seguridad tengan acceso efectivo a información necesaria y exigir que todo operador extranjero, chino, estadounidense, europeo o de cualquier origen, se someta sin ambigüedad a la ley peruana.

Soberanía no significa cerrar puertas a la inversión, significa conservar la capacidad de decisión. Chancay puede ser una oportunidad para el Perú, pero solo si el Estado entiende que no administra muelles, grúas o contenedores. Administra datos, rutas, dependencia, poder y futuro estratégico.