Cuando la política interviene en el crimen

En el debate público sobre el crimen organizado encontramos cuestiones que lindan con la ingenuidad o tal vez con un posible colaboracionismo. En efecto, ciertos políticos califican de violatorias de los derechos humanos las políticas duras contra el crimen organizado; frases como «no hay que ponerse al nivel de los criminales» o «los derechos humanos son de todos» se convirtieron en consignas partidarias para neutralizar la acción del Estado.

Sin embargo, tenemos una lectura inversa que reafirma la seguridad como un derecho. Y es que tanto el derecho internacional, en general, como el sistema interamericano de derechos humanos, en particular, imponen a los Estados un deber positivo de proteger la vida y la integridad de sus habitantes; ningún instrumento garantiza, en cambio, el derecho de un grupo armado a extorsionar, contaminar o gobernar de facto un territorio.

Por ello, cuando la retórica de los derechos humanos se emplea para blindar al criminal, no se defiende la ética, sino al poder fáctico. Ahora bien, toda medida de excepción debe ser legal, proporcional, temporal y controlada por un juez independiente. La firmeza con legalidad no viola derechos.

El caso minero lo ilustra con nitidez. El reinfo, registro de formalización de la minería artesanal y la pequeña minería, ha sido prorrogado en repetidas ocasiones; su vigencia se extendió hasta fines de 2026, a la espera de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. La «ayuda» al pueblo minero termina, así, por trasladar el problema más adelante, con fines no tan santos. Mientras se renueva el plazo, las dragas de oro ilegales del alto Amazonas siguen operando, envenenan ríos con mercurio y lavan dinero para el crimen. Y el partido que levanta la bandera de la draga como consigna electoral ya intervino en el crimen, lo sepa o no.

¿Qué recetas proponemos?

Primera, la declaración de un estado de emergencia general, para que no exista espacio alguno donde se esconda el crimen, dentro de los límites de proporcionalidad y temporalidad que impone el derecho internacional de los derechos humanos.

Segunda, la cooperación hemisférica, siguiendo el dinero. El Escudo de las Américas, coalición de quince países —entre ellos el Perú— creada en marzo de 2026, permite compartir inteligencia y cerrar las rutas del botín vía asistencia recíproca (Convención de Palermo, normas del GAFI), sin renuncia a la soberanía.

Tercera, el respaldo institucional, nacional e internacional; se busca que organismos internacionales legitimen la respuesta y la acompañen.

Cuarta, la persecución real del colaboracionismo, que implica detener y procesar a quien coopere con el crimen; la dureza no se grita, se demuestra.

Quinta, la pérdida de dominio, medida administrativa para decomisar bienes de procedencia ilícita sin condena penal. El ciudadano, además, debe saber de quién compra o a quién alquila, porque la trazabilidad también es ciudadanía.

Sexta, el estado de sitio focalizado (art. 137 constitucional) en las zonas donde operan las dragas, como último recurso, con las garantías que exige la excepcionalidad.

Pero estas recetas no sirven de nada si la política sigue interviniendo en el crimen, colaborando ingenuamente o participando de él. Cuando el Estado se debilita, el crimen organizado lo reemplaza. Y, como ya vimos, solo un Estado que rinde cuentas ante sus ciudadanos puede resistir la seducción del dinero ilícito.