De la impunidad a la rendición de cuentas

Durante años, el Perú fue testigo de cómo figuras del más alto nivel político transitaban libremente a pesar de estar involucradas en escándalos de corrupción. La impunidad parecía una constante en la historia republicana, hasta que la justicia comenzó a hablar con más fuerza que los discursos políticos. La reciente sentencia contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, condenados a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, marca un giro trascendental: por primera vez en la historia del país, una pareja presidencial es sancionada penalmente por el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Según el fallo, se comprobó que las campañas de 2006 y la del 2011 fueron financiadas con aportes que fueron ocultados mediante contratos simulados y maniobras financieras, configurando un esquema de lavado de activos. Lo relevante no es solo el delito, sino su contexto: por años, se normalizó en el país que las campañas políticas fueran financiadas con dinero cuya prodecencia podría resultar cuestionable.

Esta sentencia cambia las reglas del juego. Establece jurisprudencia que puede aplicarse a casos similares, como el de Keiko Fujimori, cuya investigación por presunto lavado de activos sigue abierta. El impacto es especialmente relevante de cara a las elecciones generales de 2026. 

La justicia electoral ya no depende solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino también de la acción penal. La lucha contra la corrupción ha dejado de ser retórica para volverse institucional. La democracia no puede sostenerse si quienes llegan al poder lo hacen mediante prácticas ilegales. El fallo contra Humala y Heredia es, sin duda, una victoria de la justicia. Pero también es un llamado de atención: si el país no aprende de su historia, volverá a repetirla. El 2026 se acerca, y con él, una nueva oportunidad para elegir con conciencia. Porque sin justicia real, no hay democracia plena.