Delirios electorales

Lamentablemente un razonamiento que hoy comparten millones de peruanos de distintos sectores sociales, edades y regiones del país es el siguiente: “Roberto Sánchez no será una gran opción, pero definitivamente garantiza la estabilidad democrática en el Perú frente a Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular ya ha demostrado que solo pretende perpetuarse en el poder; su objetivo es enquistarse en el Estado. Cuando tuvo la oportunidad de impulsar un verdadero cambio para el país, se dedicó a promover la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso. En ese contexto, el candidato de Juntos por el Perú representa un voto más vigilante y garantiza que en 2031 tendremos elecciones y no una dictadura fujimorista”.

Vaya delirio, ¿no? Para esos peruanos, Keiko Fujimori representa una amenaza para la democracia, mientras que Roberto Sánchez, con todos sus defectos, aparece como una suerte de luz al final del túnel. Más aún cuando intenta proyectar una imagen de moderación mediante alianzas con Pedro Francke —el exministro castillista que defendió el engañoso relato del crecimiento económico del 13%— y con figuras convertidas en referentes de cierta izquierda progresista, como Domingo Pérez. En esta narrativa, Keiko encarna el autoritarismo, mientras que Sánchez sería simplemente otro socialista incapaz de causar mayores daños al país.

Sin embargo, esa premisa equivale a tapar el sol con un dedo. ¿Es realmente Sánchez una opción democrática? Definitivamente no.

El candidato presidencial de izquierda representa muchas de las ideas y prácticas que tanto daño hicieron al Perú durante las décadas de 1980 y 1990. No solo reivindica el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, a quien ha prometido liberar, sino que además sostiene que el expresidente es un preso político, supuestamente víctima de una conspiración fujimorista enquistada en el Poder Judicial. Sánchez afirma que el “profesor” no dio un golpe de Estado y justificó el atentado contra la democracia argumentando que el Congreso intentaba vacarlo sin respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Para quienes vivieron el primer gobierno de Alan García, la palabra “estatización” evoca recuerdos difíciles: escasez, controles de precios, hiperinflación y una profunda crisis económica. Fue una de las decisiones más desastrosas de aquella administración. Sin embargo, Sánchez y su equipo de tecnócratas parecen haber vivido una realidad distinta. Hoy, al igual que Pedro Castillo en 2021, el candidato de Juntos por el Perú vuelve a prometer nacionalizaciones. Su principal objetivo es Telefónica del Perú, empresa que pretende convertir en TelPerú, una compañía estatal que asumiría un papel central en la gestión de las telecomunicaciones del país. Una propuesta que ofrece una muestra bastante clara de hacia dónde apunta su proyecto político.

Al parecer, ya no basta con el enorme costo que Petroperú ha significado para los contribuyentes. La izquierda siempre quiere más.

No obstante, lo más preocupante son sus vínculos con personajes relacionados con el terrorismo. Desde la izquierda se intenta evitar una discusión frontal sobre estos nombres. Se sostiene que ambos candidatos tienen elementos cuestionables en sus filas, una estrategia conveniente que diluye responsabilidades y evita profundizar en los antecedentes de determinados aliados políticos.

César Tito Rojas, diputado electo de Juntos por el Perú por Puno, es uno de esos nombres que muchos prefieren omitir. Se trata de uno de los fundadores del Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso. ¿Qué hace Roberto Sánchez vinculándose con alguien que ha defendido postulados asociados a una organización terrorista? Pero, por supuesto, se dirá que la derecha “terruquea” sin motivo.

A Sánchez y Rojas se suman personajes como Serafín Luján, investigado por terrorismo desde hace varios años y hoy diputado electo por Huánuco. También figura como testigo en el caso de Guillermo Bermejo, condenado por afiliación a una organización terrorista, quien, dicho sea de paso, viene respaldando políticamente a Sánchez desde el penal de Ancón I. A ello se añade la presencia de Iber Maraví, reiteradamente vinculado a entornos relacionados con Abimael Guzmán.

Y a todo ello debe sumarse la figura de Antauro Humala, a quien hoy diversos sectores socialdemócratas intentan mantener fuera del foco de la campaña. Se trata de un condenado por el asesinato de policías que no pudo postular debido a sus antecedentes penales. El hermano del expresidente Ollanta Humala parece disfrutar anticipadamente de la influencia que tendría en un eventual gobierno de Sánchez, tras autoproclamarse futuro presidente del Consejo de Ministros. No sorprendería que finalmente se le otorgara algún cargo de asesor para evitar el costo político de una designación más visible. Hablamos de una persona involucrada en intentos golpistas, sin arrepentimiento alguno por sus acciones. Ese es el tipo de entorno político con el que Roberto Sánchez ha decidido relacionarse.

Keiko Fujimori está lejos de ser la candidata ideal. No es, ni será, una réplica de su padre. Sin embargo, más allá de las afirmaciones de los socialistas de salón y de quienes se autoproclaman representantes exclusivos del indigenismo, sigue siendo, para muchos de sus partidarios, la única alternativa capaz de impedir que el Perú regrese a algunos de los episodios más oscuros de su historia reciente.