El “caso Jeri”: la vanidad y el poder

En el Perú la desconfianza hacia el poder político ha dejado de ser una reacción episódica para convertirse en una constante estructural. La reiteración de decisiones opacas, la ausencia sistemática de rendición de cuentas y la confusión entre lo público y lo privado han debilitado gravemente la legitimidad del Estado. En ese escenario, el denominado “caso Jeri” no constituye un hecho aislado ni una anécdota coyuntural, sino el síntoma de una forma de ejercer el poder que erosiona silenciosamente los cimientos de la democracia.

Uno de los elementos más preocupantes no es únicamente la existencia de reuniones fuera de agenda presidencial, sino el patrón que se configura cuando personas que han visitado al presidente, sin registro oficial, sin explicación pública y sin función estatal conocida, terminan posteriormente beneficiadas con contrataciones o vínculos laborales con el Estado. En un régimen democrático, el acceso al poder no puede convertirse en una antesala de beneficios futuros. Cuando la cercanía política se traduce en oportunidades económicas o laborales, la línea entre representación pública y clientelismo se vuelve peligrosamente difusa.

El problema no es solo jurídico, sino también institucional. Aunque no siempre se configure una infracción penal, el uso del cargo presidencial como espacio de intercambio implícito de favores vulnera principios elementales de la función pública: imparcialidad, meritocracia, neutralidad y probidad. La presidencia no puede entenderse como un capital político a “invertir” para el día después, ni como un mecanismo para tejer lealtades personales con cargo al erario público.

Este comportamiento no resulta ajeno a los antecedentes de Jeri. Su paso por la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso dejó señales preocupantes sobre su concepción de la legalidad. El uso de la Ley de Presupuesto como cajón de sastre, habilitando componendas y excepciones discrecionales, evidenció una inclinación hacia la dádiva y la prebenda.

A este contexto se suma la contratación de jóvenes mujeres en el entorno cercano del poder sin criterios públicos, objetivos y verificables. La ausencia de transparencia en estas designaciones alimenta la percepción de que el acceso al Estado no responde al mérito, sino a la proximidad personal con el poder.

En paralelo, la paralización del proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, valorado en más de veinticuatro millones de dólares, evidencia una gestión pública permisiva frente al incumplimiento contractual. La falta de sanciones claras y la tolerancia frente al avance físico nulo refuerzan la idea de un Estado que exige poco y concede mucho.

Otro factor que agrava la crisis es el uso reiterado de estados de emergencia como respuesta automática frente a la inseguridad ciudadana. Sin metas claras ni evaluaciones públicas, estas medidas excepcionales se normalizan y pierden eficacia.

El “caso Jeri”, en suma, no es solo un escándalo coyuntural, sino la evidencia de una lógica peligrosa: gobernar como si el Estado fuera un patrimonio personal y la presidencia una plataforma de favores futuros. Recuperar la legitimidad democrática exige establecer reglas claras, garantizar meritocracia real y asumir que el poder público se ejerce para servir. Solo así podrá reconstruirse la confianza ciudadana y fortalecer la democracia peruana en el largo plazo.