El espíritu del pueblo como criterio de legitimidad política

¿Cuándo un gobierno es verdaderamente legítimo? La respuesta dominante en las democracias contemporáneas suele reducir la legitimidad a la legalidad procedimental: ganar elecciones, cumplir la ley y respetar la Constitución. Dichos criterios resultan necesarios, pero insuficientes. Un gobierno puede ser legalmente impecable y moralmente ilegítimo si traiciona lo más profundo de la comunidad que dice gobernar. Para entender por qué, hay que recuperar una categoría filosófica que la posmodernidad enterró demasiado rápido: el Volksgeist.

Este concepto implica la negación de que la humanidad es una sola esencia uniforme que simplemente se manifiesta con distintos accidentes culturales. En esta línea, cada pueblo porta un espíritu singular que va más allá de un capricho romántico o una idealización étnica, sino que viene a ser la forma concreta en que una comunidad humana ha incorporado su historia, su lengua, sus creencias, su relación con lo material y con lo sagrado. Por ello, ningún esquema político importado gobierna bien una comunidad cuando ignora ese sustrato. Buena parte de la historia latinoamericana puede leerse así: repúblicas injertadas con constituciones copiadas de Francia o Estados Unidos sobre sociedades que ya tenían sus propias formas de cohesión y jerarquía, y que nunca se reconocieron del todo en esos moldes.

En el caso peruano, Víctor Andrés Belaunde ofrece la clave decisiva: El Perú y su identidad nacional nacen cuando lo indígena y lo español se encuentran, se mezclan y, con el tiempo, generan algo distinto de sus puntos de partida. El mestizaje, en este sentido, no constituye una renuncia a las raíces, sino la creación de una tercera realidad que las contiene y las supera. Belaunde nombró a esa realidad como “síntesis viviente”: un organismo cultural que no se cierra nunca, que sigue haciéndose y rehaciéndose.

Ese es nuestro Volksgeist: una síntesis mestiza en proceso, no un artefacto acabado. A partir de ahí, la legitimidad política adquiere otro espesor. No basta con que un gobierno sea resultado válido de un procedimiento; debe guardar fidelidad a esa síntesis que dice representar. Cuando el poder trata al campesino como estorbo, a la tradición hispano-católica como lastre, o aplica mecánicamente recetas económicas y culturales diseñadas para otras sociedades sin preguntarse si armonizan con la estructura real del país, entonces traiciona el espíritu del pueblo. Lo mismo ocurre cuando se instrumentaliza la identidad andina como arma para dividir al país entre victimarios criollos y víctimas indígenas, negando la existencia de un nosotros mestizo que los abarca a ambos.

Las tres grietas descritas anteriormente —soberanía, cohesión, sentido— aparecen aquí como manifestaciones de una misma fractura. La soberanía se debilita cuando se adoptan modelos de ciudadanía y comunidad que no emergen de nuestra síntesis histórica, sino de agendas globales que la diluyen. La cohesión se rompe cuando el Estado gobierna desde la capital sin comprender la lógica cultural del Ande y la selva. El sentido se pierde cuando la nación deja de verse a sí misma como proyecto común y pasa a concebirse sólo como espacio de gestión o campo de batalla entre facciones.

De esta lectura surge una concepción exigente del Estado-nación. El Estado peruano no se legitima por proclamarse neutral frente a individuos intercambiables, ni por absorber y dirigir desde arriba toda la vida social. La legitimidad se juega en su capacidad de ponerse al servicio del Volksgeist: protegerlo sin congelarlo, orientarlo sin manipularlo, darle instituciones que le permitan seguir siendo síntesis viviente. Eso implica una educación que ofrezca la historia completa del país, sin complejos ni caricaturas, instituciones que funcionen de modo efectivo en todos los territorios, una economía que transforme los recursos propios en bienestar compartido, y una política exterior que defienda los intereses nacionales con dignidad frente a potencias y corporaciones.

La crisis de representación del Perú refleja, en último término, la distancia entre esa exigencia y la práctica de la clase dirigente. Gobiernos que desconocen el espíritu del país o que lo consideran un obstáculo terminan generando desconfianza estructural, más allá de los errores coyunturales. El pueblo puede equivocarse en las salidas que escoge cuando busca castigar esa traición, pero su intuición sobre el divorcio entre élites y nación acierta en lo esencial. Una política a la altura del Perú debe partir de esa constatación: la autoridad moral del poder depende de su fidelidad a la peruanidad mestiza que lo sostiene. Gobernar con legitimidad significa reconocer ese espíritu, respetarlo y traducirlo en proyecto para las próximas generaciones.