El país del despelote

En el Perú vivimos empeñados en liquidar lo que pueda restar de la “cosa pública” como espacio de interés ciudadano. La política, en buena parte, ha sido tomada por grupos de lumpen depredadores que se cogotean entre sí, y todos ellos al Estado, para servirse de la ley y de otros bienes jurídicos.

El Congreso de la República es la veraz representación de una lumpen política con mafias de todas las etiquetas: ha impedido el cierre del fracasado registro (Reinfo) de la minería en en un “proceso de formalización” de nunca acabar, ha saqueado los fondos privados de pensiones, al habilitar retiros que van a satisfacer ansiedades consumistas banales de los administrados, y ha legalizado el deterioro profundo de la meritocracia en el magisterio. Para contar a los congresistas honestos sobran dedos de las manos.

Que ese Congreso y sus conformantes sean desaprobados y repudiados por la opinión pública, registrada en encuestas, no puede sorprender. Lo reconocen los propios afectados, como si de ellos no se tratase. Que la misma opinión pública desapruebe también con holgura al Ejecutivo que gobierna en una visible convivencia de alto contraste con la representación parlamentaria, tampoco puede sorprender. Son tal para cual.

Lo que no se registra, porque no hay encuestas ni estudios al respecto, es la percepción de los peruanos sobre sí mismos ante la lumpenización de la política. Yo creo que no existen esos estudios ni registros en encuestas porque nadie se ha propuesto la tarea desafiante, y que sería seguramente execrada, de mostrarles a los peruanos encuestados las preguntas pertinentes no con una tarjetita de esas que usan los encuestadores, con opciones de respuesta, sino poniéndolos frente a un espejo al hacerles la pregunta “¿Qué piensa usted del elector peruano en general?”, y recién a continuación acercarles la tarjetita.

Las respuestas podrían ser muy reveladoras, no tanto por lo que digan sino por lo que se pueda interpretar de sus tendencias de opinión: negacionismo, des-identificación, confusión pura y dura. En una entrevista, el autor Danilo Martuccelli (El otro desborde. Ensayos sobre la metamorfosis peruana) nos da un atisbo de ese panorama:

Perú ya tenía un sector informal importante a comienzos de los años 80, de más de 30% (ahora entre 75% y 80%). Es eso lo que es diagnosticado por Matos Mar en ‘Desborde popular y crisis del Estado’, salvo que él constata no solo lo que ha sido la migración andina a la ciudad de Lima, los cambios que habían producido y la aparición de este emprendedurismo popular naciente, sino que apostó a que esa forma de trabajo informal iba a generar nuevas formas de normatividad colectivas. Fue su gran apuesta. Y esa hipótesis no se verificó. Y en realidad en la primera gran fase del emprendedurismo popular los trabajadores migrantes transgredían las leyes laborales, o la invasión de terrenos, para insertarse en la sociedad. Fue un desborde a través del cual se buscó la auto inclusión individual. Pero progresivamente el desborde comenzó a cambiar de rostro. Se fue convirtiendo en una práctica ordinaria constante y durable en la sociedad. Progresivamente no solamente fueron trabajadores migrantes: toda la sociedad peruana en sus diferentes componentes empezó a practicar el desborde, a contornear las leyes, a preferir los desbordes a los conflictos, y progresivamente (…) aparecieron mecanismos de ilegalidad cada vez más acentuados. En el último periodo, con la aparición de nuevos rostros de prácticas delictivas y criminales en el Perú cambia completamente la percepción que la sociedad empieza a tener del emprendedurismo popular.

Es que, para baldón de los defensores a ultranza del emprendedurismo popular, el poblador inserto en este patrón cultural denso y extendido no se reconoce a sí mismo como opositor activo de la construcción de ciudadanía (conciencia de derechos y de obligaciones) ni como elusor o trasgresor de la legalidad, si así genera satisfactores de sus necesidades. Por eso resulta difícil concebir una forma de encuesta que apunte a registrar la autopercepción del peruano confrontado con su vocación de desborde y contoneos de la legalidad.

Tal vez un sondeo previo y acotado revelaría que la mayoría de los peruanos no distingue entre legalidad, para-legalidad, informalidad e ilegalidad. O que esa distinción no les interesa en el marco cultural de “el que puede, puede, y los demás aplauden”. Estoy entre los que apostarían a que los encuestados son incapaces de aceptar lo pernicioso de que en el Perú actual son boyantes las economías criminales y aquellas que danzan en la linde de la ilegalidad, jugando al juego de la para-legalidad en el curso incierto y mentiroso de “formalización” nunca conseguida.

Si a eso sumamos la extendida tolerancia a la informalidad de economías productoras de bienes y de servicios, acostumbradas a la elusión tributaria y a medrar del trabajo al margen de las regulaciones laborales, pintamos el paisaje del Perú donde las economías estrictamente formales son reductos acosados.

En el Perú de hoy los diferentes sectores de actividad de las economías criminales suman en el valor de su producción en más de 7,000 millones de dólares (Las economías criminales y su impacto en el Perú). Esto significa un valor próximo al 4% del PBI (estimado en unos 243 mil millones de dólares), cuyo principal aportante es la actividad de minería formal que proporciona un 11,5% del mismo, o sea, gruesamente unos 25 mil millones.

Lamentablemente no existe una medición razonablemente precisa del valor de la producción de la minería ilegal, que es de lejos la principal actividad de las economías criminales. Considerar que la minería ilegal del oro produce en el Perú unos 1.700 millones de dólares, como ha sido estimado, claramente es una subvaloración habida cuenta de que no se conoce, ni por asomo, el valor de la producción real de la minería ilegal, precisamente por esta condición.

Esa enorme suma de dinero producida por la minería ilegal tiene su correlato político. Es en el Congreso donde se puede observar con claridad que las mafias de mineros ilegales sustentan el voto de los parlamentarios que aprobaron la extensión del Reinfo y la despenalización de la comercialización y posesión de explosivos que son de uso corriente en la minería ilegal. Lo que significa que la política criminalizada se ha convertido en la contrapartida de las economías criminales y del emprendedurismo fronterizo con la ilegalidad.

Algunos ingenuos lamentan que los lumpen hayan conseguido copar los espacios de representación del interés público “antes que la ciudadanía y el empresariado”. Es una apreciación sublevante por inexacta. El empresariado formalmente existente está inerme ante los ataques de la criminalidad y acosado por el lumpen político. Sólo en extorsiones el costo de su desgracia es de unos 500 millones de dólares, incluyendo las que afectan tanto a empresarios transportistas y de construcción como a pequeños negocios como la bodega familiar y el mototaxi. En cuanto a la ciudadanía, afirmo que no existe; se la confunde con el electorado que es, precisamente, quien erige con su voto el poder del lumpen político.

No veo quién se haya puesto a pensar por qué los encuestados (estadísticamente los mismos peruanos) que por amplia mayoría abominan del Congreso y del gobierno no expresan su desaprobación (o más bien su tolerancia o complacencia) con el imperio de la informalidad, la para-legalidad y la ilegalidad que forman parte articulada del mundo en el que viven. Es que ninguna encuesta pregunta sobre eso, me dirán.

No distingo activismo social alguno organizándose para contrarrestar estas características distintivas de la vida peruana, ni siquiera frente a las formas de gobernanza criminal que ya están surgiendo en diversas zonas del país, como en Pataz (La Libertad) y en Ananea (Puno) como antes en el VRAEM. Los activistas están más bien enfocados en ganar su propio espacio en el mundo político y mediático compitiendo con el lumpen.

En fin, que no veo a nadie reflexionando desde los medios de comunicación y canales de formación de opinión sobre las razones por las cuales los peruanos somos sedicentes ciudadanos y sin embargo sin conciencia de los derechos y obligaciones a los que obliga la ciudadanía.

Hay, desde luego, los intonsos creyentes en que alguna fórmula política providencial de “acuerdo nacional” pudiera servir para sacar al país del pantano pestilente en que se hunde; un “centro” que amaine la polarización ideológica del momento y que apague los anhelos refundacionistas en vía de la intervención de un mesías autoritario. Pero el realismo nos niega este escenario. Como van las cosas, el 2026 probablemente compitan electoralmente más de una veintena de fuerzas políticas, una buena parte de ésas etiquetas del lumpen y, en perspectiva, cualquiera podría pasar a una segunda vuelta electoral con 12% al 15% de los votos. Entonces veremos las nuevas componendas que disfrazaran a una parte de las bandas que se disputen el ejercicio del poder como “el mal menor” respecto de la otra. Como estamos, a eso vamos.