El Sistema Nacional de Cuidados y la estatización de la familia

Es innegable que el Perú necesita mejores servicios para niños, personas con discapacidad, adultos mayores y familias que enfrentan situaciones de dependencia. No obstante, esa necesidad ha sido incorporada dentro de una arquitectura ideológica nefasta. El Sistema Nacional de Cuidados, impulsado por el Ministerio de la Mujer, se encuentra expresamente vinculado con la Política Nacional de Igualdad de Género, cuyo lineamiento 4.1 dispone implementar un sistema “con enfoque de género”. El marco oficial pretende superar la denominada “división sexual del trabajo” y reorganizar las responsabilidades atribuidas a la familia, el Estado, el mercado y la comunidad.

Conforme a esta visión, el cuidado deja de comprenderse principalmente como una relación personal nacida del parentesco, el afecto y la responsabilidad moral; pasando a definirse como un derecho autónomo cuya garantía corresponde al Estado. Por ende, cuidar, recibir cuidados y “autocuidarse” generan obligaciones públicas, estructuras burocráticas, prestaciones exigibles y programas de transformación cultural. El Estado adquiere así capacidad para definir cómo deben distribuirse las responsabilidades familiares y qué patrones culturales deben corregirse.

El fundamento ideológico procede de la economía feminista contemporánea. Su diagnóstico interpreta la organización familiar mediante categorías de poder: patriarcado, subordinación, división sexual del trabajo y autonomía individual. Las labores domésticas aparecen principalmente como cargas que reducen el tiempo disponible de las mujeres para participar en el mercado laboral, obtener ingresos y desarrollar proyectos individuales. Desde esa premisa se construye la estrategia de reconocer, reducir y redistribuir el cuidado. No obstante, esta presenta errores conceptuales fundamentales.

El primero se encuentra en la reducción economicista del cuidado. Alimentar a un hijo, acompañar a un padre enfermo y educar dentro del hogar requieren tiempo, esfuerzo y sacrificio. Su valor humano resulta incuestionable. Sin embargo, la existencia de esfuerzo jamás convierte automáticamente una relación familiar en una relación laboral. El trabajo asalariado surge de un contrato, produce bienes o servicios intercambiables y posee una remuneración pactada. El cuidado familiar nace de vínculos de filiación, reciprocidad, gratitud y responsabilidad. Convertirlo conceptualmente en empleo impago traslada categorías mercantiles hacia un ámbito cuya naturaleza supera el intercambio económico.

El segundo consiste en deducir opresión a partir de toda distribución desigual. Las familias reparten sus responsabilidades según ingresos, horarios, capacidades, preferencias, maternidad, paternidad y necesidades de los dependientes. Es por esto que si bien la desigualdad cuantitativa de horas por actividad revela una diferencia; su causa moral requiere examinar cada realidad, pues puede provenir de un acuerdo totalmente legítimo. Calificar de “patriarcal” cualquier especialización familiar clausura el análisis antes de iniciarlo y convierte una hipótesis ideológica en conclusión obligatoria.

El tercer error aparece en la noción de autonomía. Esta corriente mide la emancipación femenina principalmente por el ingreso propio, la participación laboral y el tiempo liberado del hogar. Así, termina subordinando el reconocimiento de la mujer a su integración productiva en el mercado. La madre dedicada a criar, la hija que acompaña a sus padres mayores o la mujer que organiza su vida alrededor de su familia aparecen como sujetos deficitarios, dependientes o pendientes de liberación. El mercado se convierte paradójicamente en medida de realización personal dentro de una teoría que afirma combatir su hegemonía.

La consecuencia política de todo esto es la estatización de la familia: el Estado deja de cumplir una función auxiliar y asume la dirección de responsabilidades familiares y privadas. De esta manera, guarderías, licencias, centros de atención y asistencia domiciliaria pueden quedar condicionados por protocolos de género, capacitaciones ideológicas y criterios sobre autonomía sexual y reproductiva. Y es que la evidencia ratifica la intención detrás de la “emancipación del cuidado”: la CEPAL integra expresamente los cuidados, la justicia reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos dentro de una misma agenda de autonomía femenina. Es más, colectivos y congresistas feministas peruanos hablan abiertamente de que el “cuidado” está íntimamente ligado a la ideología de género. 

Efectivamente, el Perú requiere centros especializados para dependientes severos, atención domiciliaria, formación voluntaria para cuidadores, horarios laborales flexibles, licencias razonables, incentivos tributarios, apoyo a madres vulnerables y la promoción de la corresponsabilidad parental entre mujeres y hombres. Todas estas medidas deben desarrollarse desde el principio de subsidiariedad, fortaleciendo la capacidad de las familias para asumir sus responsabilidades y brindando asistencia pública cuando sus capacidades resulten insuficientes. Así pues, la respuesta a las dificultades que enfrentan las familias tiene que ser una política de apoyo y protección, no una estructura estatal destinada a sustituirlas o reeducarlas.