En materia constitucional no tenemos un Julio Velarde

Son cerca de dos semanas en las que diversos funcionarios del Ministerio Público vienen ventilando sus diferencias respecto a los cargos que deben ocupar. Que la fiscal Delia Espinoza se niegue a reconocer un mandato de la Junta Nacional de Justicia, que repone en el máximo nivel a la fiscal Patricia Benavides, es un evento penoso, sin antecedente en nuestro país. Igualmente, que dos bandos altamente politizados discutan sobre quién tiene la razón nos debe llevar a pensar en qué está pasando en nuestra sociedad, qué hay en la cabeza de millones de ciudadanos que no saben a dónde mirar y, peor aun, no tienen idea respecto a quién tiene la razón.

En principio considero que la polarización ha llegado a la Fiscalía. Muchas personas están a favor de una fiscal u otra, guiadas por sus antis. Hay gente que está a favor de Patricia Benavides simplemente porque “sus adversarios” son los que la gente conoce como “caviares”, que “quieren retomar el control de la Fiscalía”. En sentido contrario,  mucha gente está a favor de Delia Espinoza porque cree que sus adversarios son connotados miembros de la derecha radical, del partido aprista o parlamentarios con temor a ser procesados.

Yo no estoy ni con una ni con otra. Mi posición es institucional y política. Max Weber decía que tenemos dos tipos de ética, la ética de la convicción, que nos debe llevar a aferrarnos a las normas, los valores, la ley y los principios; pero también existe la ética de la responsabilidad, que es la que nos debe llevar a tomar en cuenta el impacto de nuestras decisiones. Si nos llevamos por la ética de la convicción pues habría que acatar lo que dice la Junta Nacional de Justicia y apoyar a Patricia Benavides. Pero si nos llevamos por la ética de la responsabilidad nos deberíamos preguntar: ¿es lo que le conviene al Perú?

Resolver ese dilema nos lleva a pensar en quién puede zanjar el debate, quién tiene la capacidad para dar una orientación que sea respetada por la trayectoria, la formación, la calidad profesional del personaje. Al ser este un tema eminentemente constitucional nos preguntamos ¿quién es el constitucionalista o jurista que puede elevarse por encima del bien y el mal y sellar con su opinión el debate?  No lo tenemos, no tenemos a un abogado con el peso e influencia suficiente que pueda solucionar esta contienda.

En materia económica las dudas se disipan si el que se pronuncia, zanjando el debate, poniéndole fin, es el Dr.  Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. En materia económica su palabra tiene gravitas, tiene autoridad. En materia constitucional simple y llanamente no tenemos un Julio Velarde, solo hay un conjunto de abogados confundidos.

La crisis del Ministerio Público no es exclusiva de ellos. Es síntoma fehaciente de algo más grave que es la crisis institucional de toda nuestra sociedad. Una vez más estamos inmersos en una república de la anarquía.