Formalizar para existir

En muchos lugares del país hay barrios enteros que, en la práctica, no existen. No figuran con claridad en los mapas oficiales, no aparecen debidamente registrados en el catastro y, por tanto, tampoco cuentan para la planificación del desarrollo. Son asentamientos humanos, centros poblados y habilitaciones urbanas que crecieron al ritmo de la necesidad, pero al margen de la formalidad. Y mientras esa realidad siga siendo tolerada –o peor aún, ignorada– continuaremos caminando en círculos.

La formalización no es un capricho técnico ni una obsesión burocrática. Es, simple y llanamente, la base para saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Sin un cabal registro catastral no hay manera seria de administrar un territorio. No se puede planificar agua, desagüe, electricidad, pistas, veredas, colegios o centros de salud si no se tiene claro qué existe y qué no. Lo demás es improvisación.

Aquí hay que señalarlo sin rodeos: la informalidad territorial es un problema estructural, y enfrentarlo exige compromiso real. No basta con discursos ni con operativos aislados. Se necesita que las autoridades municipales asuman esta tarea como una prioridad, pero también -y sobre todo- que las dirigencias de los propios asentamientos se involucren firmemente. Nadie conoce mejor el territorio que quienes lo habitan, y nadie puede seguir actuando como si la formalización fuera una amenaza en lugar de una oportunidad.

Cuando no hay registro, cuando no hay papeles claros, el terreno se vuelve fértil para las mafias. El tráfico ilegal de terrenos no surge de la nada: se alimenta de la informalidad, del desorden, de la ausencia del Estado y, hay que decirlo igualmente, de la complicidad silenciosa de algunos malos dirigentes. Mientras no se cierre la puerta a ese descontrol, seguirán apareciendo “dueños” de lo que no les pertenece, lotizaciones fantasmas y conflictos que terminan enfrentando a vecinos contra vecinos.

Además, la informalidad le pone freno al desarrollo. ¿Qué empresa seria va a invertir en servicios básicos en una zona que no tiene delimitación clara, que no está saneada legalmente o que no figura adecuadamente en los registros municipales? ¿Cómo se justifica una obra pública si, en el papel, esa población no existe o aparece distorsionada? Así, los proyectos se traban, los presupuestos no alcanzan y la brecha se agranda.

Formalizar asentamientos humanos, centros poblados y habilitaciones urbanas no implica despojar a nadie, ni desconocer procesos sociales legítimos. Significa ordenar, transparentar y darle seguridad jurídica a la gente. Supone pasar de la precariedad a la ciudadanía plena. Representa que un barrio deje de ser invisible y empiece a contar.

Este es un trabajo que requiere decisión política, capacidad técnica y voluntad social. Las municipalidades tienen las herramientas, o pueden gestionarlas; las dirigencias tienen la legitimidad y el contacto directo con la población. Cuando ambas partes caminan en la misma dirección, los resultados llegan. Cuando cada quien jala para su lado, gana el caos.

No se puede seguir postergando lo inevitable. Sin formalización no hay catastro. Sin catastro no hay planificación. Y sin planificación no hay desarrollo posible. Lo demás son parches, excusas y promesas que se las lleva el tiempo.

Ordenar el territorio es una tarea urgente. Y es, también, una responsabilidad compartida. Porque un pueblo que no está registrado es un pueblo al que se le niega el derecho a progresar. Y eso, simplemente, ya no debería ser aceptable.