La destrucción estatizante de los hoteles de turistas en el Perú

En la década de 1940, el Estado peruano impulsó uno de los proyectos más ambiciosos de integración territorial mediante la creación de la Compañía Hotelera del Perú S.A., constituida bajo la Ley N.º 9396 como una sociedad anónima de derecho privado con participación pública predominante (Thorp y Bertram, 1985). Ante la escasa disposición del sector privado para invertir en ciudades con limitada infraestructura turística, el Estado asumió el papel de principal accionista y financista, mientras que gremios locales y el Touring Club participaban en su estructura institucional. La gestión operativa fue confiada a especialistas internacionales, varios de ellos vinculados a la tradición hotelera suiza, bajo criterios empresariales (Contreras y Cueto, 2013).

La red se organizó en dos categorías: los Grandes Hoteles de Turistas, ubicados en las principales ciudades regionales, y una red complementaria de albergues, hostales de ruta y postas turísticas en localidades menores o de tránsito. Más allá de su función económica, estos establecimientos se convirtieron en referentes urbanos y espacios centrales de sociabilidad. Recepciones oficiales, matrimonios, banquetes y encuentros cívicos se desarrollaban en sus instalaciones, razón por la que muchas generaciones continúan identificándolos simplemente como el "Hotel de Turistas". Durante décadas, representaron además una imagen de modernidad e integración territorial en un país marcado por fuertes desigualdades de conectividad.

El principal punto de inflexión ocurrió en 1969. Mediante los Decretos Leyes N.º 17812 y N.º 18729, la dictadura militar encabezada por Juan Velasco Alvarado impulsó la re-estatización de la cadena hotelera. Aunque la propiedad ya era mayoritariamente estatal, la Compañía Hotelera del Perú operaba bajo una estructura societaria de derecho privado, con participación complementaria de inversionistas locales y una gestión relativamente autónoma. La absorción dentro de la Empresa Nacional de Turismo (Enturperú) eliminó este modelo híbrido y lo sustituyó por una administración completamente estatal y centralizada (FitzGerald, 1981).

La intención declarada era coordinar y racionalizar el sector turístico bajo una conducción unificada. Sin embargo, diversos indicios sugieren que esta decisión marcó el inicio de un deterioro progresivo. La re-estatización redujo la autonomía gerencial y debilitó la participación privada complementaria, modificando los incentivos para la reinversión y el mantenimiento de la infraestructura. Con el tiempo, la gestión comenzó a depender cada vez más de procedimientos burocráticos y menos de criterios empresariales, dificultando la adaptación de los establecimientos a las nuevas condiciones del mercado.

La transformación de la hotelería formó parte de un proceso más amplio de expansión de la intervención estatal en la economía peruana durante la década de 1970. Aunque el balance de ese periodo sigue siendo objeto de debate, existe consenso en que estuvo acompañado por crecientes dificultades fiscales e ineficiencia administrativa. Posteriormente, al desencadenarse tanto la crisis económica como la violencia política terrorista en los años ochenta, se aceleró el deterioro de múltiples activos públicos, incluidos numerosos establecimientos turísticos.

Durante la década de 1990, la COPRI promovió la privatización individual de los inmuebles de Enturperú. Los resultados fueron asimétricos. Hoteles ubicados en destinos consolidados, como Paracas, Cusco o Arequipa, lograron reposicionarse mediante nuevas inversiones privadas; otros, especialmente en plazas menos dinámicas, quedaron afectados por abandono, conflictos de propiedad o proyectos inconclusos.

Hoy, muchos de estos edificios enfrentan dificultades derivadas de su escala, antigüedad y valor patrimonial. Sin embargo, su recuperación continúa abriendo oportunidades relevantes. Allí donde la hotelería ya no resulte viable, podrían destinarse a usos culturales, educativos o comunitarios.

Más allá de su función original, los antiguos Hoteles de Turistas forman parte de la memoria urbana. Constituyen un patrimonio arquitectónico y simbólico asociado a la vida cívica local y la identidad regional. Su historia también ofrece una lección institucional: la diferencia a favor de un modelo estatal-privado relativamente exitoso con autonomía de gestión, frente a otro modelo burocrático fracasado, basado en la centralización netamente estatal de funciones.