Cenares y deslucida ejecución presupuestal

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) es la entidad del Ministerio de Salud (Minsa) encargada de gestionar los medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos fundamentales para garantizar el derecho a la salud de la población peruana. Según el Decreto Supremo 008-2017-SA aún vigente esta institución opera como un órgano enfocado en la programación de necesidades la homologación de requerimientos y la supervisión de procesos y actúa como un ente articulador, pero con limitada capacidad de intervención directa en la ejecución operativa de la cadena de suministro.

Sin embargo, la promulgación del Decreto Supremo 019-2025-SA realiza una transformación profunda de la naturaleza y alcance del Cenares. Este nuevo marco legal lo redefine al otorgarle el rol de Operador Logístico del sector. Está pendiente de implementación porque el ministro de Salud aún no ha promulgado la resolución que debería aprobar la Segunda Sección del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y que le otorgaría vigencia plena. Bajo este nuevo marco legal el Cenares ya no se limita a formular y proponer lineamientos, sino que se le faculta expresamente para conducir y coordinar la programación, aprobar, autorizar, gestionar y ejecutar los procedimientos de adquisición, así como, dirigir el almacenamiento y administrar la distribución hasta las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas. Este cambio de paradigma que pasa de la mera programación a la conducción integral de la cadena de abastecimiento es la herramienta legal concebida para resolver las profundas deficiencias operativas que hoy se evidencian en la ejecución presupuestal.

El desempeño actual del Cenares en la ejecución financiera evidencia una realidad alarmante que justifica la necesidad de esta reforma normativa. Según la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas con corte al 22 de octubre de 2026 en el presente año fiscal, Cenares administra un Presupuesto Institucional Modificado de un poco más de S/ 1830 millones. Al analizar el avance de la ejecución se observa que el monto devengado asciende a un poco más de S/ 1230 millones, lo que representa apenas el 67.2% del total asignado. A setenta días de finalizar el año fiscal Cenares mantiene una brecha de más de S/ 600 millones sin ejecutar. Además, la baja ejecución no es uniforme ya que presenta contrastes dramáticos que evidencian fallas estructurales. Mientras la ejecución de la categoría presupuestal Acciones Centrales que engloba gastos administrativos y de funcionamiento institucional alcanza el 86.6% y el programa de Prevención y Control del Cáncer llega al 74.8%, los programas destinados a combatir enfermedades de alto impacto social presentan niveles críticos. Las Enfermedades No Transmisibles alcanzan solo 24.6% de ejecución, el Control y Prevención en Salud Mental, el 39.4%, el programa de tuberculosis, virus de la inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual 41.4% y las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis el 54.6%.

La baja ejecución del presupuesto destinado a la tuberculosis, al virus de la inmunodeficiencia humana e infecciones de transmisión sexual implica que el Estado ha dejado de adquirir medicamentos antirretrovirales, pruebas de diagnóstico temprano e insumos de laboratorio, que interrumpe los tratamientos, pone en riesgo la vida de los pacientes y fomenta la aparición de cepas resistentes a los fármacos, por tanto, encarece y complica el control y tratamiento de esas enfermedades. En el caso de la baja ejecución presupuestal de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis significa una reducción en la compra de insecticidas, pruebas rápidas y medicamentos para combatir el dengue, la malaria o la fiebre amarilla y deja a las poblaciones más vulnerables expuestas a brotes y epidemias que saturan los servicios de salud. En la misma línea el bajo gasto en Salud Mental y en Enfermedades No Transmisibles implica que miles de ciudadanos no reciban medicación para la hipertensión, la diabetes o los trastornos mentales severos con el consiguiente agravamiento de su condición clínica o con la generación de gastos catastróficos de bolsillo para las familias que tendrán que acudir al sector privado. Es inaceptable que mientras los gastos administrativos se ejecuten con esmero, pero los recursos destinados a salvar vidas queden rezagados.

A la fecha quedan setenta días para finalizar el año. Según la normativa de contrataciones públicas el proceso para adquirir un bien requiere un tiempo mínimo ineludible. Solo la fase de selección equivale, en la práctica, más de un mes calendario. A ello se suma el período de perfeccionamiento del contrato que se otorga al postor ganador, un plazo de ocho días hábiles para presentar documentos y firmar y posteriormente, el tiempo de ejecución contractual para la entrega física de los bienes, su verificación y la emisión de la conformidad técnica. 

Además, hay que tomar en cuenta la brecha entre el presupuesto modificado de un poco más de S/ 1830 millones y el compromiso que según la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a un poco más de S/ 1541 millones; es decir, existen S/ 289 millones que aún no tienen contrato firmado, ni orden de compra emitida. Si se considera que el devengado solo se registra al recibir el bien a satisfacción, resulta matemática y legalmente imposible, que el Cenares logre ejecutar esos S/ 289 millones. 

La segunda brecha entre el compromiso y el devengado asciende a S/ 311 millones de soles. Este monto ya cuenta con contrato u orden de compra, pero los proveedores aún no han cumplido con entregar ni se ha dado la conformidad para procesar el pago. Como los plazos están ajustados cualquier retraso o incumplimiento del proveedor puede tornar imposible el pago hasta el 31 de diciembre de 2026. A setenta días de finalizar el año fiscal Cenares mantiene una brecha de más de seiscientos millones de soles sin ejecutar en la que se incluyen los S/ 311 millones que se encuentran con compromiso y los S/ 289 millones que ni siquiera tienen contrato ni orden de compra.

Frente a este escenario el ministro y la Alta Dirección del Minsa tiene la responsabilidad política y de gestión de garantizar que el presupuesto asignado a la salud se traduzca en beneficios tangibles para los ciudadanos. En primer lugar, debe promulgar de inmediato la resolución ministerial que aprueba la Segunda Sección del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud para que entre en vigencia y el Cenares funcione como Operador Logístico con facultades para conducir, coordinar, aprobar, autorizar, gestionar y ejecutar los procedimientos de adquisición, así como, dirigir el almacenamiento y administrar la distribución. El tiempo que se pierde en estudios para una nueva propuesta mantiene la parálisis que dejaron las dos últimas gestiones del Ministerio de Salud. Las mejoras se pueden realizar luego de que entre en vigencia sin perjudicar a la población.

En segundo lugar, priorizar y acelerar la ejecución de los programas presupuestales de más bajo avance como enfermedades no transmisibles, salud mental, tuberculosis (TBC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) e infecciones de transmisión sexual (ITS) y Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Además, se debe gestionar de forma intensiva la brecha de S/ 311 millones que ya tienen compromiso, pero no han sido entregados ni conformados. Se requiere un seguimiento diario y de ser el caso acciones correctivas inmediatas sobre estos contratos.

En tercer lugar, es necesario cerrar la brecha de s/ 289 millones que aún no tienen contrato ni orden de compra y que ya es imposible ejecutar durante el presente año, salvo que se adopten medidas extraordinarias de agilización con alguna norma de excepción, eso sí, con resguardo de la integridad y la honradez.

En cuarto lugar, el ministro y la alta dirección deben reorientar la capacidad institucional de ejecución de gastos administrativos hacia los programas de atención directa a la población. Es inaceptable que los gastos de Acciones Centrales que representan los gastos del funcionamiento institucional ya se hayan ejecutado con una eficacia del 86% mientras que los recursos destinados a salvar vidas permanecen rezagados. Debe corregirse este desbalance estructural.

En quinto lugar, es necesario realizar una reevaluación de las contrataciones en curso. Aquellos procesos que no puedan concluir antes del cierre del año deben ser redireccionados y se debe priorizar la agilización de los pagos y la recepción de bienes que ya se encuentran en tránsito para asegurar su devengado. Se debe exigir a las áreas técnicas que emitan las conformidades con la celeridad que el contexto epidemiológico demanda.

En sexto lugar, el ministro y la Alta Dirección del Minsa deben instaurar un sistema de monitoreo diario y una “mesa de guerra” permanente que reúna a las áreas de presupuesto, abastecimiento y las direcciones de salud para evaluar el avance de los programas críticos. Se deben establecer responsabilidades claras y evaluar el desempeño de los funcionarios sobre la base de la ejecución efectiva de los recursos. ¡Más gestión, menos demora!