La lealtad constitucional y su alcance supranacional

La lealtad constitucional y la aplicabilidad directa de una Constitución formal muestra que el Derecho es un arte en el que los jueces buscan realizar el Imperio del Derecho a través de la separación de poderes, los derechos fundamentales y la limitación al poder político. La Constitución materia es la aplicación de esos principios y normas superiores reconocidos en su contenido formal. En este sentido, el bloque de constitucionalidad no solo reside en el texto codificado, sino en un acervo intelectual, ilustrado, histórico universal que es fiel a su origen anglosajón y naturaleza judicialista. Por eso, resulta irónico que un positivista como Hans Kelsen reconociera la existencia de una Grundnorm por encima de la máxima jerarquía constitucional, la norma hipotética fundamental y lógica por encima de la Carta Magna. 

Es un acervo intelectual y axiológico, poseedor de una raíz anglosajona de origen, de la cual provienen las instituciones que consideramos de alcance universal como la supremacía constitucional, el reconocimiento de derechos fundamentales, la separación de poderes y la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, entre otras. El trabajo de escoger esas normas y principios no exige el pago de ninguna franquicia ni derechos de autor. La tarea de toda asamblea constituyente es ocuparse de redactar un texto constitucional, pero inspirado en un patrimonio jurídico-político occidental. El ejercicio jurisprudencial de un Tribunal Constitucional debe trascender la literalidad del texto cuando defiende la Carta Magna. La razón es que su lealtad se dirige a los principios y reglas que dan sentido a esas instituciones asegurando que no se convierta en un refugio para la arbitrariedad. 

El diseño constitucional debatido por los constituyentes está condicionado a un universo intelectual preexistente y surgido desde concretos episodios históricos y por las fuentes del derecho. En ese sentido, la ratificación e incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como cartas, pactos, convenciones y tratados, tampoco es una imposición externa como argumentan sus críticos, sino fruto de la identificación de valores que los ciudadanos y sus representantes adoptan en su comunidad política. El papel del juez constitucional es actuar precisamente como el garante de ese acervo intelectual y axiológico para que mantenga su integridad material con la tradición jurídico-política fruto de la ilustración, el liberalismo y el concepto de persona humana.

La administración de justicia se alcanza cuando el intérprete logra armonizar la letra del texto constitucional con su tradición histórica, doctrinal y jurisprudencial para el reconocimiento y protección de las libertades y el buen gobierno civil, operando como un freno al poder político. Por eso, comprendemos la lealtad constitucional como el equilibrio entre la técnica jurídica y la filosofía política para la debida protección humana frente a cualquier arbitrariedad del poder.