La política como competencia

Los movimientos regionales estarán impedidos de participar en las próximas elecciones generales de 2026. Esta decisión ha generado polémica, aunque no ha desencadenado manifestaciones significativas al interior del país en señal de disconformidad. Una aparente pasividad refleja la creciente desafección de la sociedad hacia los temas públicos.

En los últimos años, hemos sido testigos del avance de los partidos y movimientos regionales que han logrado ocupar municipios y gobiernos regionales en diversas zonas del país; sin embargo, también han mostrado limitaciones en la gestión pública, en especial cuando se trata de la provisión de mejores servicios e infraestructura. Tal vez esta situación explique la reciente reforma legislativa que excluye a los movimientos regionales, aunque los partidos nacionales tampoco han mostrado una superioridad sustancial en su desempeño.

Las soluciones radicales tienden a omitir alternativas que, con mayor razonabilidad, podrían organizar la participación política de manera más gradual y eficiente. Por eso, si el problema radica en que partidos o movimientos regionales jóvenes  asumen el control de gobiernos locales o regionales sin la experiencia necesaria, una solución más ordenada podría consistir en establecer un sistema de participación política que resalte la meritocracia con un avance escalonado. Bajo esta premisa, se podría permitir que inicialmente los movimientos regionales solo postulen a las alcaldías provinciales (incluyendo los partidos de la capital); sólo aquellos movimientos que hayan ganado una elección municipal podrían, posteriormente, competir por ciudades más grandes.

En la misma línea, los movimientos con experiencia en la gestión municipal podrían postular a sus respectivos gobiernos regionales, pero reorganizados como partidos políticos; transcurrido el  mandato regional, los partidos con experiencia en la administración pública, local y regional, estarían habilitados para presentar candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. De esta manera, se estructuraría la participación política en función a la meritocracia.

El ejercicio progresivo de participación política en la cosa pública sería parecido a los sistemas de ascenso de los equipos para sus respectivas ligas deportivas, donde los ganadores acceden a las superiores por su organización y logros concretos. El palpable déficit en la gestión pública justifica una medida que promueva la participación política sin improvisación en su desempeño, es decir, ganar e inmediatamente preguntarse: ¿y ahora qué hacemos?

La exclusión de los movimientos regionales debió contemplar fórmulas más razonables, pues, sería la ciudadanía mediante el voto la que decida extender su confianza a las organizaciones políticas para crecer asumiendo retos más ambiciosos. En ese sentido, en vez de soluciones un tanto radicales, una reforma realista permitirá una participación política razonable y democrática.