El cimiento invisible

En contextos de crisis institucional es cómodo reducir la Constitución a un mero reparto de funciones estatales. En la tradición anglosajona, en cambio, antes de redactar leyes o estructurar poderes, existe una fuerte convicción, un consenso ético y social que le da sentido a todo: un acuerdo fundamental. Es el compromiso para proscribir cualquier forma de arbitrariedad, afirmar la naturaleza de la persona humana como un ser libre y responsable, así como la necesidad de una asamblea representativa y limitar el ejercicio del poder político.

El ejemplo constitucional del Reino Unido en favor de las libertades es un testimonio cultural sobre un tema que dio origen a los clásicos políticos sobre la materia. Una cultura de libertades que impidió el avance del estatismo y absolutismo durante la Edad Moderna; de hecho, mediante una guerra civil contuvieron las pretensiones de la dinastía Estuardo de importar el centralismo estatista. Dado que Napoleón no llegó a la isla, los británicos quedaron al margen del positivismo y la codificación. En consecuencia, su constitucionalismo permaneció sin codificar y su predictibilidad jurídico-política descansa en sus usos y convenciones; por ejemplo, cuando el monarca no disiente de una norma aprobada por el Parlamento, que el primer ministro debe contar con la confianza de Cámara de los Comunes, y que el histórico impeachment cayera en desuso por el vote of no confidence, entre otras. Para los ingleses, el sentido de la libertad se resume en una frase: “todo está permitido si no está legalmente prohibido”.

En Norteamérica, los Estados Unidos edificaron su propio acuerdo sobre esta misma tradición. Durante la redacción de la Declaración de Independencia de 1776, Thomas Jefferson, inspirado en John Locke, acuñó la célebre fórmula de las “verdades autoevidentes” (la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad), prefiriendo este término para salvaguardar la libertad religiosa en el nuevo territorio; además de consagrar el pacto federal como un elemento fundamental su acuerdo para lograr una “unión más perfecta”, la Carta de 1787 estableció en su Artículo VI la regla de oro: la Constitución es el supremo derecho de la tierra (The Supreme Law of the Land), lo que significa que el texto es supremo ante el poder de turno, y no solo frente al Derecho ordinario. Su Bill of Rights, reconocido en sus diez primeras enmiendas (1791), carece de una formulación lírica o filosófica, sino una jurisdicción para garantizar las libertades.

Las ideas vertidas no eluden el proceso histórico vivido en el Reino Unido como tampoco buscan la idealización del modelo anglosajón en su conjunto. Se trata de un "consenso ético" en el tiempo que no fue homogéneo y tampoco pacífico. La Gran Bretaña tuvo siglos de exclusión religiosa, violencia colonial y tensiones de clase; del otro lado del Atlántico, la Constitución federal estadounidense se aprueba conviviendo con la esclavitud hasta su posterior abolición y la lenta superación de la segregación racial.

En realidades donde las convenciones constitucionales no se manifiestan en la vida política, somos realistas al reconocer que, si bien el positivismo puede reducir la Constitución a un mero organigrama estatal, resulta la única defensa institucional que tienen las minorías ante la tiranía de las mayorías parlamentarias. Debemos tener presente además que Gran Bretaña no cuenta con el control de constitucionalidad del modelo estadounidense (judicial review), pues, por el principio de soberanía parlamentaria, la garantía de las libertades descansa en la contención política que se ejerza desde Westminster. 

Al final la lección resulta evidente. Cualquier forma constitucional de gobierno será incapaz de frenar el poder y fomentar la gobernabilidad, si la comunidad política carece de la madurez cultural para forjar consensos básicos en el tiempo. Sin un acuerdo fundamental todo esfuerzo de reforma será estéril. El respeto a las libertades civiles y políticas, así como la proscripción de la tiranía no surgen del derecho positivo, sino de la convicción cívica para defender los principios y reglas básicas de una sociedad libre.