La sensatez de la reforma frente al mito constituyente

La labor de una asamblea constituyente durante el proceso de redacción de un texto constitucional acarrea una revisión integral sobre qué conservar, cambiar e innovar. La decisión de conservar se sostiene en la tradición histórica y el sentido común: por ejemplo, la discusión sobre pasar de un modelo republicano a uno monárquico resulta ociosa tras más de doscientos años de una polémica culminada con la Constitución de 1828. Otro ejemplo es la propuesta de virar hacia un parlamentarismo; al respecto, las relaciones ejecutivo-legislativo se configuraron desde 1856 en un largo proceso que moldeó nuestro régimen presidencial, pero que permanece inacabado por el fracaso de consolidar un sistema de partidos dimensionado para su funcionamiento. Debemos considerar que los modelos que mejor funcionan suelen contar con un sistema bipartidista; la disfunción se inicia cuando la representación política se fragmenta en más de cinco agrupaciones.

La decisión de cambiar el régimen económico —el motor para obtener ingresos tributarios mediante la generación de capital en el libre mercado— suele ser una propuesta ideológica sin sustento técnico. El problema real no radica en la riqueza, sino en su deficiente distribución frente a las promesas de un Estado Social y Democrático de Derecho. Es cierto que si el Estado es incapaz de gestionar esta distribución, tras treinta años de vigencia constitucional, la percepción ciudadana termina por culpar al modelo. Por otro lado, las propuestas de romper el vínculo con los órganos supranacionales de derechos humanos adolecen de un análisis que distinga la defensa de la persona ante la arbitrariedad no resuelta en la justicia interna. La insistencia en un retiro del sistema interamericano es, en el fondo, un síntoma de autoritarismo disfrazado de soberanía.

Finalmente, las propuestas de innovar incluyendo principios como el "buen vivir" (sumak kawsay o suma qamaña) o medidas radicales como la "muerte cruzada", equivalen a levantar una bandera antipolítica que ignora cómo alcanzar consensos realistas en el hemiciclo. En la práctica, se trata de herramientas de concentración de poder o simple retórica sin impacto en la calidad de vida.

La experiencia de las asambleas constituyentes en nuestra historia contiene más pasivos que activos. Si bien la Carta de 1993 adolece de una cuestionada legitimidad de origen por su contexto inicial —aunque fue ratificada por referéndum—, su legitimidad de ejercicio es evidente en la continuidad democrática, el desarrollo jurisprudencial y la estabilidad monetaria. La sensatez demanda recurrir a reformas solo cuando sea necesario; lo indispensable hoy son ajustes legales al sistema electoral. La medicina puede parecer insuficiente para una enfermedad estructural, pero una nueva Constitución no crea, por arte de magia, una clase política capaz de operar con madurez los hilos del poder.