Los grados de separación entre los poderes

El cómo se relacionan las funciones legislativa y ejecutiva configura la forma de gobierno. En ese sentido, analizar el grado de separación entre los poderes estatales podrá aproximarnos a la naturaleza de cada uno y su diferencia tras la comparación. La tarea de implementar el principio de división de poderes en una Constitución se concreta, precisamente, en el grado de mutua relación entre el Gobierno y el Parlamento.

Desde este punto de vista, el parlamentarismo clásico contiene un diseño de separación de poderes menos tajante. La razón se sustenta en el nombramiento del primer ministro por una mayoría parlamentaria, pues el gobierno surge de la asamblea representativa; por otro lado, los ministros que conforman el gabinete son miembros del parlamento. El presidencialismo estadounidense, en cambio, guarda una relación más distante o tajante entre el gobierno y la asamblea; pero no ajena a un grado de colaboración que evidencia los pesos y contrapesos para la producción legislativa, la ratificación de tratados, jueces supremos y la aprobación del presupuesto general. No obstante, los parlamentarios no pueden nombrar secretarios de Estado.

Luego de observar cómo se concreta la división de poderes en las dos clásicas formas de gobierno constitucional, los modelos semipresidencial, semiparlamentario o neopresidencialista evidencian unas relaciones más cercanas, y a través de las instituciones de control y exigencia de la responsabilidad política. Por ejemplo, la designación del primer ministro en el semipresidencialismo francés es competencia del presidente, pero podría ser censurado por la Asamblea Nacional cuando no proviene de una mayoría parlamentaria; por otro lado, el presidente tiene la atribución para disolver la Cámara baja –a pesar de ser elegido por sufragio universal y directo de los ciudadanos–, competencia de reglamento, convocar referéndum y declarar un estado de emergencia. En este modelo no se exige una previa relación fiduciaria legislativo-ejecutiva para censurar o disolver la cámara, respectivamente.

En el semiparlamentarismo, tanto el jefe de Estado y de gobierno son nombrados por el parlamento a través de diferentes mayorías que los legitiman para ejercer el cargo. En este caso, la separación entre poderes también es menos tajante una vez producidos los nombramientos del presidente y primer ministro, dado que ambos provienen del parlamento.

Finalmente, el grado de distancia del ejecutivo y legislativo también es menos tajante en un modelo neopresidencial, como resultado de unas elecciones generales en las que el candidato presidencial y las listas parlamentarias participan conjuntamente en el mismo proceso electoral; un jefe de Estado con atribuciones ordinarias y extraordinarias sumadas a una fiscalización parlamentaria mediante las instituciones de control, de pesos/contrapesos, y exigencia de responsabilidad política de origen parlamentarista.

El modelo neopresidencial es un régimen presidencial que, como toda forma de gobierno, demanda un sistema de partidos dimensionado en el Congreso;  pero de no ser posible, el presidente cuenta con unas atribuciones que le pueden permitir gobernar en circunstancias límite: dictar decretos de urgencia bajo circunstancias extraordinarias, decretar la disolución de la cámara baja condicionada tras una crisis de gobernabilidad, hasta el dictado de los estados de emergencia que podrá renovarse con prudencia política. Se trata de un modelo que promueve una relación menos tajante entre poderes que lo distancia del presidencialismo clásico, pero que no abraza el parlamentarismo cuando el jefe de Estado cuenta con mayoría para gobernar.

Cuando el jefe de Estado carece de mayoría en un neopresidencialismo, la ingobernabilidad a cargo de la oposición, tras la dura fiscalización y censura a sus ministros, sólo podría revertirse aplicando la disolución parlamentaria cuando proceda, pero siempre condicionada al capital político presidencial con los ciudadanos. En esos casos, el neopresidencialismo traslada el conflicto del plano legislativo (negociación de leyes) al plano constitucional (crisis, disoluciones y estados de excepción), lo que convierte a la Constitución en una herramienta de combate diario, lo cual puede desgastar la estabilidad institucional a largo plazo.