Minería en el Perú: amenazas reales

Es necesario despejar opacidades interesadas, nubes de humo y similares, acerca del gravísimo problema que representa la minería ilegal en el Perú, que actúa en varios territorios –a partir de espacios originales en Madre de Dios, Puno, La Libertad, Arequipa– desparramándose sobre otras regiones del país con una libertad de acción que cuenta como la de la fiebre del oro en Estados Unidos el siglo XIX en territorios sin ley ni orden, donde se imponía sobre las poblaciones el poder de criminales que medraban de la explotación del mineral.

Es, exactamente, lo que está ocurriendo hoy en día en Pataz, por ejemplo, donde un número indeterminado de individuos, locales o migrantes de otras zonas del país y hasta del extranjero, se afanan en la actividad minera del oro con un desorden y una rapacidad crecientes. En ese pandemonio se han desdibujado las lindes entre la legalidad y la ilicitud. En la actualidad nadie –ninguna agencia estatal u otra entidad– puede mencionar cuántos son los pequeños operadores mineros en la zona, cuál es el número de explotaciones que controla cada uno de ellos, en una misma o en varias de las más de cuatro centenares de bocaminas activas; cuál es el esquema de subcontratación de espacios de extracción en los socavones cuya extensión crece a diario; dónde es que esos socavones se han introducido en concesiones mineras de otros titulares, afectando los derechos de propiedad; ni cuántos de los socavones explotados por titulares formales son invadidos en tramos o por tiempos (incluso de horas) para la extracción.

Tampoco hay alguien en condiciones de precisar entre esos pequeños operadores mineros cuántos y cuáles son estrictamente formales y  activos en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), los que tienen ese registro suspendido por infracción a la normativa, aquellos que actúan en «proceso de formalización» para obtener dicho registro, y a los que no les interesa formalidad legal alguna. Y desde luego hay total desconocimiento acerca de las variantes existentes en la dinámica de esas condiciones, en términos de los operadores que realizan actividades en más de una de las categorías señaladas.

El panorama conduce inevitablemente a cuestionar la denominación de «pequeño operador minero», el segmento de la llamada pequeña minería que en los hechos y sobre el terreno cuenta con maquinaria y equipos de alto costo y similares a los de la empresa minera de superior escala; lo que significa una inversión cuantiosa en activos que ha creado una notoria bonanza económica en las empresas importadoras y comercializadoras de equipo para minería y transporte. Además, esa denominación de pequeño operador minero incluye tanto a empresarios formales, «informales», «artesanales» y otras creaciones oportunistas, como la de «mineros ancestrales»; denominaciones que quieren encubrir modalidades elusivas de la formalidad legal en la actividad minera.

Se conoce que en la provincia de Pataz hay cerca de 900 concesiones mineras (a marzo del 2022), de las cuales tres cuartas partes están debidamente tituladas, cubriendo el 88% del territorio provincial en sus 12 distritos; y que son tres las compañías mineras que cuentan con mayor número de concesiones: Compañía Minera Poderosa S.A., Consorcio Minero Horizonte S.A. y Minera Aurífera Retamas S.A., que en conjunto poseen 297 concesiones mineras, unos dos tercios del total. Una decena de empresas de menor envergadura posee el resto, 81 concesiones en conjunto.

Una parte significativa del problema en Pataz es que hay un número indeterminado de los llamados pequeños operadores mineros que realizan actividades de extracción en concesiones de terceros, amparados en la etiqueta de ser formales con habilitación suspendida, informales «en proceso de formalización» (siempre inacabado), «artesanales» o «ancestrales». Nadie sabe con un asomo de precisión si esas actividades se efectúan realmente dentro de la concesión o si sus socavones invaden concesiones contiguas –hecho denunciado con frecuencia–. Se trata además de actividad extractiva concertada en formas de contrato en parte ajenas a la formalidad legal, de las que no existe registro. Pero lo peor es que una parte de esos operadores son subcontratistas de empresas mineras formales para la extracción de mineral en áreas estimadas de menor rendimiento relativo o que involucran costos operacionales que esas empresas prefieren delegar en los subcontratistas, como la mano de obra y los servicios de seguridad sin amparo laboral alguno.

En el caso de la empresa Minera Poderosa, del segmento de la gran minería, subcontrató al operador minero Libmar SAC para la explotación en algunos de sus socavones, a pesar de que se conocía del alto riesgo de intervención de bandas criminales que roban mineral o pretenden controlar la extracción en vía de extorsión. Es evidente que Poderosa transfirió el riesgo operativo a Libmar, la cual, a su vez, contrató un personal para la seguridad de sus operaciones, empleando a la empresa R&R, sin registro en SUNARP ni en SUCAMEC, y según todos los indicios, de propiedad de dos subalternos en actividad, de la Policía Nacional, con la práctica del «enganche» en Piura. Estos son los 13 trabajadores asesinados en abril pasado.

Lo que revela el lamentable asunto es que una gran empresa minera utiliza por contrata los servicios de pequeños operadores mineros a los que traslada los costos y riesgos de la actividad extractiva acosada por la criminalidad. Pero lo sublevante es que Poderosa intentó desvincularse del asunto, informando inicialmente no tener relación alguna con el secuestro masivo una vez conocido. Ha sido solamente seis días después que Poderosa hubo de reconocer en comunicado público el «secuestro de 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación». Significativamente, Poderosa alegó en tono justificatorio que desde el año 2020 la minería ilegal tomó varias de sus operaciones, obligando a abandonarlas y poniendo en riesgo la integridad de sus trabajadores y la de los mineros artesanales en vías de formalización con los que trabaja, que serían poco más de 200, según declaración desde la empresa.

De lo sucedido, resulta claro al entendimiento que en Pataz la gran empresa minera formal (¿sólo una?) no solamente coexiste con la minería informal cualquiera sea su etiqueta o posición ante la ley, sino que mantiene con ésta una activa interacción en la extracción de mineral aurífero. Una relación complaciente que cuestiona en sus fundamentos el alegato distintivamente empresarial difundido desde la vocería de la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) empeñada en victimizarse ante la minería ilegal aduciendo que la estrategia de ésta tiene por finalidad expulsar del área a la minería formal para consolidar el asentamiento de su economía criminal afectando los derechos de propiedad. Una narrativa inconsistente con los hechos establecidos.

Otro es el caso de los conocidos como «parqueros», que son propiamente mineros ilegales extrayendo mineral en concesiones de terceros, ya sea en socavones existentes en las llamadas «concesiones ociosas», o bien excavando sus propios socavones. Porque hay que tener en cuenta a dónde va el mineral extraído ilícitamente –un auténtico robo– que sale diariamente por toneladas de las zonas mineras de Pataz en las tolvas de decenas de camiones y sin control alguno. Y qué decir respecto del medio centenar de instalaciones de «cianurización» para el procesamiento del mineral, activas en ese mismo territorio, asimismo exentas de control.

Lo que está ocurriendo en Pataz es una situación de extrema opacidad encubriendo la complaciente vinculación entre minería formal e ilegal que, a fin de cuentas, produce la actividad económica más floreciente del Perú que, de enero del 2015 a marzo del 2025, comprende a la minería ilegal «lavando» US$ 6,258 millones, una cantidad 11 veces superior a la generada por el narcotráfico, según datos atribuidos a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). La intención de sustituir a la formalidad legal por la ilegalidad abierta es siempre una opción de la actuación criminal. Pero no parece, en modo alguno, que haya al presente una estrategia de la minería ilegal asociada en Pataz a organizaciones criminales armadas y violentas, orientada a expulsar del territorio a la minería legal. En este contexto, los US$ 80 millones de pérdida en valor de exportación de oro que lamenta el vocero de la minera Poderosa como resultado de la suspensión de actividades mineras en Pataz durante un mes, es una gota de agua en el turbión lodoso de la producción aurífera en esa región.

Más allá de la necesaria represión dura y escarmentadora de la minería ilegal y de las bandas criminales que pululan en su seno, es imperativo centrar la actuación del Estado –si en verdad el poder político desea enfrentar la amenaza criminal– en el replanteo del régimen de subcontratación de la explotación de concesiones mineras, eliminando del mismo a los operadores con registro Reinfo en suspenso o aquellos que actúan en el reino sombrío del inconcluso «proceso de formalización». Aunque eso afecte a las mineras formales, que deberán asumir la conducción directa o apropiadamente formal de subcontrataciones de la explotación. Además, es imprescindible eliminar el estatuto de minería artesanal o ancestral renuente a la formalización, asumiendo el artificioso costo social que pudiera significar enfrentar a organizaciones de carácter político y de vocación extremista como la denominada Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) y otras agrupaciones de revoltosos permanentemente interesados en medrar de la minería ilegal, como esas que hacen algaradas para la prórroga del Reinfo o que hoy en día cabildean en el Congreso para distorsionar los alcances de la nonata Ley MAPE (ley de la minería artesanal y de pequeña escala).

La suspensión de actividades mineras en Pataz, en el tiempo de su vigencia, debería servir para poner orden en el caos interesado y muy fructífero existente. Y para eso debería también servir la anunciada creación de un comando unificado de las FF.AA. y PNP actuante en la zona. Que no sea como el Comando Especial del VRAEM que fagocita presupuesto por casi 18 años sin conseguir sus objetivos contra el narcotráfico y los remanentes subversivos, considerando que en días recientes ha sido aprobada una modificación del D. Leg. 1095 (ley que regula el empleo de la fuerza por las FF.AA. en el territorio nacional) que ahora comprende autorizar las operaciones militares para enfrentar a grupos hostiles armados en casos de minería ilegal.

La SNMPE haría bien en abandonar su tónica victimista para mostrar su compromiso real con los derechos de propiedad minera y la legalidad de las explotaciones, incluyendo su rechazo claro a la práctica de auspiciar o tolerar la intervención de grupos privados de seguridad y de fuerza de trabajo minero subcontratada sin soporte de la legalidad laboral en las concesiones de las que sus empresas son titulares, y empleando sus enormes poderes económico y de presión política para restablecer el Estado de Derecho, única garantía de protección de los derechos de propiedad.