Piero Gayozzo

Seguridad ciudadana, derechos humanos y Plan Bukele

Respuesta a quienes cuestionan la implementación de este plan en Perú

Seguridad ciudadana, derechos humanos y Plan Bukele
Piero Gayozzo
20 de noviembre del 2026

 

Es conocida la proeza realizada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sus políticas de emergencia lograron reducir la criminalidad de El Salvador a niveles sorprendentes, reduciendo la cifra de 103 a 105 homicidios por cada 100 mil habitantes el 2015 a solo 1,3 para el año 2025. Su eficiencia llamó la atención de todo el mundo y ahora es una esperanza para aplacar la delincuencia en la región, incluido nuestro país. 

Recién electa la presidente Keiko Fujimori anunció su intención de incluir un plan similar en su estrategia contra la inseguridad. Hace unos días, la presidente estuvo en El Salvador acompañada de los ministros de justicia, interior y de la cancillería. Durante su estancia pudo visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y recibir el apoyo del presidente Bukele para la adaptación del plan en nuestro territorio. Se ha discutido aplicar un plan similar en Perú, pero la crítica y el apoyo de múltiples sectores no se hizo esperar. Respondamos a algunas críticas que en medios de prensa le hacen a la implementación o adecuación de este plan en Perú. 

 

  • El territorio peruano es muy extenso

 

Es el mismo argumento que se aplica para rechazar la digitalización del Perú y el control de seguridad con cámaras inteligentes, pero ignora el caso de éxito de un territorio inmenso como China. La dificultad sería que no se podrían realizar operativos correctamente. Pero esto no es necesariamente cierto. El tamaño del país no impide operativos policiales. En todo caso, deberían priorizarse operativos en las zonas de mayor peligrosidad por cada región. Grandes capitales deben ser los objetivos prioritarios. Si el plan va más allá de la foto y realmente busca pacificar el país, se deben organizar múltiples redadas hasta cubrir el territorio nacional. Su extensión no debe ser excusa para rechazar un operativo, sino para buscar estrategias con las cuales superar esa barrera.

 

  • Incapacidad de construir cárceles a tiempo y sobrepoblación carcelaria

 

Se suele mencionar que el tiempo y dinero necesarios para una megacárcel sería un impedimento para el plan. Recordemos que el CECOT tardó 7 meses en construirse en un área de 23 hectáreas techadas, y costó entre 115 y 135 millones de dólares. Parece mucho, pero solo este año se han destinado S/ 1182 millones para proyectos carcelarios mediante obras por impuestos en regiones como Huánuco, La Libertad y Lima. Es casi el doble de lo que se usó para el CECOT. Además, contamos ya con prisiones de gran tamaño como el complejo Piedras Gordas (21 ha). Si bien no es una megacárcel, tenemos experiencia en instalaciones de gran tamaño. Algo adicional es que si las prisiones van a ser remodeladas bajo estándares antiguos entonces habrá posibilidad de que se pierda dinero. Una celda bajo normativa de la Cruz Roja varía entre 3.4 y 3.5 m2 por prisionero (en Holanda llega a 10 m2 por prisionero). En el CECOT, se reúnen a 156 prisioneros en una celda, no hay camas ni colchones, solo literas de metal y un solo pozo de agua y un inodoro por celda. Esto da un aproximado de 0.58 m2 por prisionero. Por eso, el modelo del CECOT es indispensable para abaratar costos por celda. ¿Por qué no se podría construir algo similar? Dinero y capacidad operativa, por lo visto, existen. 

La crítica también afirma que las cárceles actuales están hacinadas. Esto supone una duda ¿Acaso esta situación impide que el sistema judicial siga funcionando? Siguen enviándose a prisión a muchas personas. Que no haya espacio para más reos en condiciones estándar debe servir como presión para aumentar el espacio, no para detener operativos de detención. Además, volvemos al mismo problema. En Perú el año 2024 se destinaron 3000 millones de soles para enfrentar el hacinamiento carcelario. Nada parece haber cambiado luego de semejante inversión, pues las cárceles estándar no son disuasivas, sino “escuelas del crimen”. Un plan inspirado en el de control territorial salvadoreño puede contar con dinero y espacio para megaprisiones, pero requiere de un diseño especial y no seguir los estándares carcelarios para crímenes de alta peligrosidad.

 

  • Los criminales en Perú no tienen rasgos distintivos, como tatuajes 

 

Se dice que no hay unidad entre los delincuentes, ni uniformidad en su identificación como los tatuajes de las maras, ni mucho menos territorios tomados. Las bandas criminales en zonas urbanas en Perú no tienen un rasgo distintivo físico, es verdad, pero contamos con un servicio de inteligencia que conoce las redes criminales. En vez de marcas físicas por algo más exacto: un cruce de información que incluya la lista de requisitoriados, personas con denuncias de historial delictivo, investigados y sospechosos por crímenes incluidos en el plan de seguridad. Esta es quizás la parte más sensible, pero sería la manera más eficiente de barrer las calles. Además, no partimos de información inexistente. Por ejemplo, los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana cuentan con mapas del delito y mapas de calor que indican las zonas con más ocurrencia de delitos y las más peligrosas de cada distrito. Cruzar información sobre nombres, requisitoriados, investigados y zonas urbanas vulnerables sería fundamental para iniciar las redadas. Los distritos más peligrosos deben ser cercados y las fuerzas policiales iniciar una revisión casa por casa, como en El Salvador. Un plan de acción que permita la colaboración entre PNP, Ejército y Serenazgo, cubriría las demandas de personal para esta labor. 

Pero la delincuencia urbana no es un fenómeno aislado, sino que en ocasiones son la extensión de redes criminales externas. Por ejemplo, una de las principales actividades ilícitas, que no solo genera pérdidas económicas, sino violencia y explotación sexual es la minería ilegal. De acuerdo a información del gobierno peruano esta actividad criminal ocupa 25 millones de hectáreas. ¿Cómo que no existen territorios tomados en nuestro país? Sin contar las hectáreas de tala ilegal, las invasiones y el tráfico de terreno. Algo similar ocurre con los laboratorios de droga en la selva. Rastrear el dinero y las zonas fronterizas por donde frecuentemente salen las drogas es fundamental para cercar a las bandas de narcotráfico. Es posible identificar zonas de influencia delictiva y de identificación de sospechosos e investigados. 

 

  • Vulneración de los derechos humanos 

 

En condiciones extremas, como en El Salvador o Haití, yo incluiría los altos niveles sistémicos del Perú (INPE, PNP e instituciones corruptas, además de bandas criminales con poder político), las condiciones no son las mismas que en un país pacificado. Esto requiere adaptar procedimientos legales y figuras morales para estas circunstancias. Mejorarlos no significa eliminar su alcance actual, sino adecuarlos a contextos de emergencia. Solo así se podrá evitar alguna contradicción entre la defensa convencional de los ciudadanos y las medidas correctivas contra la inseguridad. 

La reconsideración de las bases morales, como la noción de castigo y las bases de los derechos humanos, es imperativo para modificar los procedimientos legales. Así, el artículo 139 de la Constitución especifica que las penas (castigos judiciales) buscan la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado (privativa de libertad, restrictiva de derechos o multas). En tiempos de emergencia y para delitos específicos, deberían agregarse las condiciones morales de castigo según avances en ética analítica. Así el castigo debe incorporar una dimensión disuasiva (debe ayudar a desincentivar que otros cometan crímenes), debe condicionar al sujeto que recibe el castigo, y debe servir para remediar el daño causado a la sociedad. A su vez, los DDHH se basan en el estatus moral, pero si este se reconsidera de una concepción de inviolable a una gradiente que puede verse afectada por nuestras acciones, los castigos severos se podrían aplicar sin contradicción. De esta manera, las condiciones especiales de las megacárceles, como alimentos limitados, cero visitas o áreas restringidas, pueden aplicarse sin que se considere una forma de tortura o atentado contra los DDHH, ni que se tema que podrían aplicarse indiscriminadamente, pues dependerían de los delitos a los que se puede aplicar (p.ej. asesinatos, sicariato, tráfico de drogas, etc.)

Cambiadas las bases morales podemos modificar los procedimientos legales. Dadas estas excepciones, las razones para el arresto en estas circunstancias deben priorizar la información cruzada antes que la comisión in fraganti de un delito, algo análogo a lo hecho en El Salvador. De la misma forma, el operativo debe incluir prensa local e internacional para garantizar mayor transparencia y evitar propaganda malintencionada. Esto servirá de fiscalización privada. Además, las detenciones deben contar con registro digital y público. 

 

  • Corrupción en nuestro sistema de seguridad

 

Fortalecer a las fuerzas del orden es prioridad, pero también purgar a los malos elementos. Cambiar a los jefes de las zonas militares que estén comprometidos en delitos de tráfico e incorporar denuncias anónimas o denuncias públicas sin afectación de los denunciantes, más bien con incentivos para quienes lo hagan y se compruebe un delito o irregularidad. Se debe premiar la acusación fundamentada. Si no hay mayor incentivo y más bien prima el temor por represalias, las instituciones serán espacios donde las mismas reglas y jerarquías blindan a los corruptos. El INPE debe ser completamente reorganizado y sus altos funcionarios procesados por colusión con la corrupción. Una acción contundente en este sector es imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del plan luego de los operativos iniciales. 

 

Piero Gayozzo
20 de noviembre del 2026

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