Castillo liquida al Perú, la otrora estrella económica de la región

En la agencia de calificación crediticia Moody 's se acaba de señalar que la economía peruana se desacelerará y crecerá solo 3% en el 2022, no obstante que sin la incertidumbre que crea el gobierno de Pedro Castillo, el país podría crecer sobre el 6%. “Perú se empieza a parecer a una economía mediocre más de América Latina”, se señala en la agencia.

De otro lado, Moody's reseña que luego de caer el PBI en 11% en el 2020, este año la economía se expandirá en 13.5%,“producto del rebote de la actividad y del impulso externo favorable”. Este análisis de la economía peruana de parte de Moody 's solo confirma todas las reflexiones y proyecciones económicas planteadas por entidades y economistas nacionales. La economía podría crecer por encima del 6% debido a los altos precios de los minerales que, en el caso del cobre, alcanza récords históricos (US$ 4.80 la libra). 

Como ya hemos señalado en varias ocasiones, un punto de crecimiento del PBI genera 90,000 empleos; pero por otro lado, cada año más de 270,000 jóvenes se incorporan a la economía. La conclusión entonces es que el país necesita crecer por encima del 3% solo para absorber la demanda de empleo, para evitar que la pobreza aumente (hoy afecta al 25% de la población). El 2022, pues, lo mejor que podría pasarnos es que la pobreza permanezca igual. Lo más probable es que aumente, ante el deterioro generalizado de la situación política.

El gran problema es que el crecimiento vegetativo del PBI solo se explica por causas internas y por la destrucción generalizada que deja a su paso la administración Castillo. La propuesta de la asamblea constituyente, los anuncios de nacionalizaciones y el cierre unilateral de minas simplemente han frenado tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. 

De allí que, en momentos de precios altísimos de los minerales, las proyecciones señalen que la caída de la inversión privada sumaría hasta 20 puntos. La inversión privada representa el 80% del total invertido en la economía, recuperarse de una caída de esa naturaleza tomará por lo menos dos gobiernos democráticos. En base a estas aproximaciones no es exagerado sostener que la administración Castillo es una de las peores de la historia republicana.

Pero eso no es todo. La administración Castillo no solo ha frenado la inversión privada en el país, sino que está destruyendo todas las fortalezas macroeconómicas que han caracterizado a la economía en las últimas tres décadas. Con el objetivo de sumar recursos fiscales para repartir bonos a diestra y siniestra y expandir las políticas populistas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) promueve el endeudamiento fácil, malgastando el esfuerzo nacional construido a través de tres décadas. El endeudamiento público hoy ya casi representa el 40% del PBI. Es decir, se hipoteca el futuro de los peruanos a la política de bonos del oficialismo, con el objeto de ganar las próximas elecciones regionales. Devastador.

En el afán de acopiar recursos para la política clientelar de los bonos –pese a que el Estado solo gasta el 70% de lo presupuestado–, el MEF también ha planteado una reforma tributaria que es un monumento a la estrategia para detener y ralentizar el crecimiento. Pretende aumentar impuestos al 40% de ciudadanos y empresas que tributan, sin mencionar una sola propuesta para incorporar a la formalidad al 60% que se mantiene en informalidad. El MEF solo tiene un mensaje: ahorcar a los formales y promover la informalidad, en medio de una contracción generalizada.

Pero eso no es todo. Se pretende incrementar impuestos a la minería nacional, no obstante que soporta una carga tributaria mayor al 47%, superior a la de Canadá, Australia y Chile, países con los que el Perú compite por captar inversiones mineras. En otras palabras, se pretende restarle competitividad al sector.

La administración Castillo se ha convertido en la peor enemiga de los pobres. De crecer sobre el 6% en pocos años se podría reducir la pobreza debajo del 15% de la población. Un verdadero crimen social que proviene de la ideología, del fundamentalismo colectivista.