Congreso y Ejecutivo detienen Ley de Promoción Agraria

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) ha señalado su asombro respecto al tratamiento que recibe el sector agroexportador por parte del presidente del Ejecutivo, Martín Vizcarra, y del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry. En la semana pasada Salaverry anunció un “Pleno agrario” para el viernes último, con el fin de resolver todos los proyectos pendientes relacionados con el tema agrario. Sin embargo, la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) —que ha permitido el crecimiento de las exportaciones agrarias en más del 800% en 18 años y que ha reducido notablemente la pobreza en los lugares donde hay actividad agrícola a gran escala— no ha sido tomada en cuenta por el presidente del Legislativo, a pesar de que su vigencia debería extenderse por 30 años más. Para sorpresa del sector agroexportador —que representa el 3% de la producción nacional— la Ley ha sido ninguneada.

La agroexportación —600 productos ceñidos a los protocolos fitosanitarios del primer mundo— es hoy la actividad económica peruana con el mayor número de trabajadores formales y el segundo sector exportador del país, después de la minería. El modelo, que debería extenderse en otros sectores productivos —como el acuícola, textil y forestal—, es el modelo replicado en otros países por sus resultados obtenidos en Perú. ¡Increíble! Y lo mejor que tenemos tampoco ocupa la atención de los congresistas ni del Ejecutivo. Los resultados de la ley están a la vista: US$7,000 millones en 2017 en exportaciones agrícolas en gran parte del planeta. ¿Esto no merece la atención de Salaverry y Vizcarra? Por Dios, en qué país estamos que no se impulsa el sector que ofrece toda clase de beneficios al país.

En su intento de bloquear el progreso peruano, la izquierda representada en el Legislativo llevó la discusión de la Ley a la Comisión de Trabajo. Con argumentos del siglo pasado, esa Comisión ha señalado que la Ley supuestamente viola los derechos de los trabajadores. Desconocen que entre 1999-2010 se crearon más de 1.42 millones puestos de trabajo en las zonas rurales, con todos los beneficios y derechos sociales reconocidos. ¿Quiénes son, entonces, los enemigos verdaderos de los trabajadores? Quién si no el marxismo y la izquierda peruana, estancados en discursos y relatos superados ampliamente en este milenio digital, de mercados abiertos y de nuevas clases medias.

La extensión de la Ley es detenida por supuestos “derechos ganados” (vacaciones de 30 días) con los que la izquierda antidesarrollo pretende confundir a los trabajadores. No hay mejor derecho universal que elegir libremente el lugar y el periodo de trabajo. En Ica y en la costa norte —zonas donde se realiza intensa actividad agraria— los trabajadores ofertan su labor “al mejor postor”. Los sueldos en las zona agrarias son en promedio de S/ 1,400, por encima de la remuneración mínima vital (SMV) que impone el Gobierno. Además el trabajo, por ser de “estacionalidad” —por temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha—, permite que los trabajadores estén ocupados durante todo el año en distintas empresas agroexportadoras.

A los sectores enemigos de los trabajadores no les interesa la producción a gran escala. De manera opuesta al minifundio —agricultura familiar y de subsistencia, que consume mayor cantidad de agua por la ausencia de tecnología de regadíos en las pequeñas parcelas— la agricultura de exportación ha demostrado eficacia social (por los puestos de trabajo que genera) y económica. En este contexto, la Ley Nº 27360 no debería tener fecha de caducidad, porque las inversiones en el campo son de larga maduración, de alto riesgo y porque constantemente (por los nuevos proyectos hídricos) existen nuevas extensiones de territorios cultivables.

Los relatos falsos de la izquierda antisistema generan ambientes de temor y confusión que alcanzan a Salaverry y Vizcarra. De no ser así, ¿por qué no deciden la extensión de la Ley Nº 27360 ahora, en lugar de guerrear con los opositores al vizcarrismo?