¡El Estado atenta contra el comercio exterior!

La administración del presidente Francisco Sagasti ha cometido otro yerro sin precedentes –que de hacerse realidad– más temprano que tarde elevará los costos logísticos de nuestro comercio exterior. Aquí les contamos lo que sucede. 

Para solucionar el paro nacional organizado por el gremio de transportistas de carga pesada, el gobierno de Sagasti a través de los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), firmó –hace unos días– diversos acuerdos, entre los que se destaca que a fines de abril próximo empezará la ejecución del proyecto denominado “Antepuerto del Callao”. Semejante promesa contraviene los compromisos suscritos con los operadores portuarios, a los que los propios funcionarios del MTC les habían asegurado que la construcción del antepuerto del Callao empezaría recién a finales del año 2022, y que previamente se realizaría un estudio técnico.

La construcción de un antepuerto en el Callao es una obra con financiamiento público que, según los funcionarios del MTC, reduciría la congestión vehicular en el puerto chalaco. No obstante las buenas intenciones de los burócratas, este denominado antepuerto añadiría ineficiencias, demoras y sobrecostos en el servicio logísticos privado. ¿Por qué?

Lo que se denomina el antepuerto es en realidad un peaje nuevo, donde los 3,800 vehículos diarios –en promedio– que transportan mercaderías pagarán por ingresar y salir del Puerto del Callao. Ello no es todo. Al peaje se le añadirán otros costos más por la utilización de centros de servicios y estacionamientos obligatorios. Para el gremio que agrupa a los dueños de almacenes extraportuarios, la construcción de un antepuerto no es solo una competencia desleal por parte del Estado, además implica aumentar los costos logísticos sin un estudio técnico previo. Es decir, no se sabe cuánto será el sobrecosto total que generará para los operadores privados la nueva infraestructura. 

Pero el problema no termina allí. Como dijimos líneas arriba, la posible ejecución de esta iniciativa pública se convertiría en una competencia desleal para las operaciones logísticas privadas, porque los operadores privados ya ordenan, modulan y regulan la actividad logística del puerto. En todo caso, el uso del antepuerto debería ser libre y gratuito.

De construirse el antepuerto, una de las soluciones para evitar los nuevos sobrecostos es que el uso de la infraestructura esté a la libre elección de los operadores logísticos. El Estado, de acuerdo al principio de la subsidiariedad, debería ofrecer las garantías para la competitividad comercial, portuaria y logística. En otras palabras, la falta de vías de acceso, anillos periféricos e infraestructura en general es responsabilidad del Estado. Contrariamente a eso, con la construcciòn de un antepuerto serán los usuarios quienes pagarán por un servicio que debería financiar el Estado.

Lo curioso de todo esto es que los transportistas de carga pesada no han objetado semejante compromiso del Ejecutivo, porque también este gremio pagará por el uso de una infraestructura estatal. En todo caso, los transportistas van a pasar los costos excedentes a los privados logísticos, y estos al usuario final. En conclusión, se quita competitividad al sector en medio de la crisis económica generada por la pandemia y por los yerros sucesivos de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti.