El turismo no despega todavía por falta de reformas

Entre las facultades legislativas por 120 días solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso figura un paquete de medidas destinado a impulsar el turismo. La propuesta busca fortalecer las normas para la habilitación y operación de servicios turísticos, promover destinos y productos con identidad nacional, mejorar la competitividad exportadora e incentivar actividades de mayor valor agregado. El diagnóstico que sustenta estas medidas resulta difícil de discutir: más de seis años después de la pandemia, el Perú continúa rezagado frente a otros países de la región por problemas de promoción, conectividad, infraestructura y seguridad ciudadana.

El problema es que este rezago ya no puede considerarse una consecuencia transitoria de la crisis sanitaria. Según un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), al ritmo actual de crecimiento de las llegadas internacionales, el Perú recién recuperaría en 2031 el número de visitantes extranjeros registrado en 2019. Aquel año llegaron 4.4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 apenas se alcanzaron 3.4 millones, todavía 22% menos que el año anterior. Si se considera la tendencia que mantenía el sector entre 2015 y 2019, el país habría dejado de recibir cerca de 20 millones de turistas extranjeros entre 2020 y 2025, con pérdidas estimadas en S/ 102 mil millones en consumo de bienes y servicios.

Estas cifras deberían obligar al Estado a mirar al turismo como una actividad estratégica y no como un sector complementario de la economía. En 2025 representó apenas el 3.3% del PBI, frente al 3.9% de 2019, mientras que el empleo turístico apenas superó en 2% el nivel prepandemia. La recuperación, además, ha sido profundamente desigual. En once de las veinticuatro regiones todavía no se alcanzan los niveles de visitantes registrados antes de la pandemia en sus principales atractivos. Loreto, Puno, Junín y Áncash presentan los casos más preocupantes, con una afluencia al menos 40% menor. Incluso Machu Picchu todavía recibe menos visitantes que en 2019.

El costo de este estancamiento no se limita a los hoteles, restaurantes o agencias de viajes. El turismo internacional genera un efecto multiplicador sobre las economías regionales. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el gasto promedio de un visitante extranjero llega a duplicar al de un turista nacional en al menos seis regiones y puede triplicarlo en destinos como Cusco y Lima. Cada visitante que no llega significa, por tanto, menos ingresos para transportistas, artesanos, restaurantes, pequeños empresarios, guías y miles de trabajadores vinculados directa e indirectamente a esta actividad.

La pregunta inevitable es por qué un país con una oferta turística excepcional no consigue aprovecharla. La respuesta está en los problemas estructurales que el Estado no ha logrado resolver. La inseguridad deteriora la imagen internacional del Perú y puede modificar la decisión de viaje de potenciales visitantes. La burocracia encarece y retrasa las inversiones. La débil coordinación entre entidades públicas dificulta la gestión de los destinos y la infraestructura continúa siendo insuficiente. El resultado es que el turismo extranjero permanece excesivamente concentrado en el eje Lima-Cusco, mientras destinos extraordinarios como Caral, el Valle del Colca y la Amazonía siguen sin desarrollar todo su potencial.

La comparación internacional debería ser un llamado de atención. En 2025 Francia recibió 102 millones de turistas internacionales y España 93.8 millones. El Perú, pese a haber sido reconocido reiteradamente como Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Cultural y Mejor Destino Culinario por los World Travel Awards, apenas recibió 3.4 millones. El problema, entonces, no es la falta de atractivos. El Perú tiene patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza y diversidad cultural de sobra. Lo que falta es capacidad para convertir esa ventaja comparativa en una industria turística moderna, competitiva y segura.

Por eso las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo constituyen una oportunidad que no debería desperdiciarse. Simplificar trámites, ordenar las competencias del Estado, facilitar la inversión privada, mejorar la seguridad y desarrollar infraestructura turística deben formar parte de una estrategia integral. No se trata simplemente de atraer más visitantes, sino de ampliar los destinos, elevar el gasto por turista y conseguir que los beneficios lleguen a más regiones.

El desafío es especialmente importante porque el horizonte planteado por el IPE —recuperar recién en 2031 el volumen de turistas de 2019— coincide prácticamente con el final del mandato de Keiko Fujimori. El nuevo gobierno tiene, por tanto, cinco años para demostrar que el turismo puede convertirse en uno de los grandes motores del desarrollo nacional.

El Perú no puede darse el lujo de esperar hasta 2031 para volver al punto en que estaba antes de la pandemia. Con 1.5 millones de personas vinculadas actualmente al sector, cada año perdido representa empleo e ingresos que dejan de generarse. Las facultades legislativas pueden ser el punto de partida, pero el verdadero objetivo debe ser mucho más ambicioso: convertir al turismo en una política de Estado y aprovechar, de una vez por todas, una de las mayores riquezas que posee el país.