Majes Siguas y la urgencia de una política agraria moderna

El proyecto Majes Siguas II no es solo un emprendimiento de infraestructura; es la mayor oportunidad en décadas para transformar la agricultura del sur peruano y abrir una nueva era para el agro nacional. Ubicado en Arequipa, este megaproyecto permitirá irrigar 40,000 hectáreas adicionales, sumándose a las 16,000 ya productivas generadas por Majes Siguas I. Con una inversión superior a los S/ 7,700 millones y la construcción de dos centrales hidroeléctricas, promete no solo dinamizar la agricultura, sino también fortalecer la matriz energética. Sus cifras son contundentes: más de 83,000 empleos en la fase de construcción y 80,000 empleos permanentes una vez en marcha.

Este impacto no se limita a la región sur. Majes Siguas forma parte de un ambicioso plan nacional para expandir la frontera agrícola. Hoy, el Perú cuenta con unas 250,000 hectáreas dedicadas a la agroexportación; con los proyectos hídricos en desarrollo, esa cifra podría crecer en 400,000 hectáreas adicionales. Sin embargo, la falta de un marco legal atractivo pone en riesgo la capacidad del país para capitalizar estas nuevas tierras. La experiencia reciente demuestra cuán frágil es este equilibrio.

El auge de la agroexportación ha sido, en gran medida, el motor silencioso del crecimiento peruano en las últimas dos décadas. Productos como la uva, la palta y los arándanos han colocado al país en la élite mundial del sector, abriendo mercados y generando empleo. Pero la bonanza no es garantía de permanencia. La derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 dejó al agro sin una herramienta clave para formalizar el empleo y atraer inversiones. Según cifras oficiales, la formalidad en el agro ha retrocedido más de 10% en apenas cuatro años, una señal inequívoca de que se está desarmando una política que había logrado muy buenos resultados.

No se trata de romantizar el modelo agroexportador ni de ignorar los problemas que provocaron protestas en su momento. Sin embargo, destruir un marco sin tener otro listo fue un error costoso. La agroexportación no se sostiene solo con buenas intenciones; necesita infraestructura y reglas claras para ser competitiva. En este momento, tenemos avances en infraestructura, pero seguimos fallando en lo legal e institucional.

Actualmente, el 95% de las parcelas agrícolas no supera las cinco hectáreas. Este minifundismo perpetúa la agricultura de subsistencia y condena a millones de pequeños productores a un círculo vicioso de baja productividad y falta de acceso a mercados. La única salida es una reconversión hacia un modelo más tecnificado, eficiente e inclusivo. La clave está en no excluir a los pequeños agricultores, sino integrarlos de forma inteligente mediante riego, asistencia técnica, capacitación y asociatividad. Dejar las cosas como están es perpetuar la pobreza rural.

La falta de una nueva Ley de Promoción Agraria es el mayor obstáculo hoy. La derogación de la Ley 27360 no solo eliminó beneficios tributarios, sino que creó un vacío legal que desincentiva la inversión. Sin reglas claras, los pequeños y medianos productores carecen de incentivos para formalizarse o invertir en mejoras tecnológicas. La ausencia de infraestructura complementaria, como carreteras y centros de acopio, termina de complicar el panorama. Sin un entorno propicio, los avances en irrigación pueden quedarse en potencial no realizado.

El debate en el Congreso sobre una nueva Ley Agraria es, por tanto, clave. La propuesta que contempla beneficios tributarios, como la exoneración del impuesto a la renta para pequeños productores y un régimen de tasa reducida, apunta en la dirección correcta. También lo son los créditos tributarios por inversión en tecnología y modernización. Estos instrumentos no solo harían viable la competitividad del agro, sino que permitirían dar un salto cualitativo hacia un modelo más sostenible e inclusivo. La formalización de la propiedad, el acceso al crédito y la promoción de la asociatividad son otros elementos que no pueden quedarse fuera.

El desafío es político, pero también de visión. En un contexto de bajo crecimiento y aumento de la informalidad, reactivar la agricultura con reglas claras y sostenibles no es solo una necesidad sectorial, sino una política de Estado. No basta con discursos ni promesas; el agro peruano necesita certezas. El Congreso y el Ejecutivo tienen ahora la responsabilidad de aprobar una legislación moderna y funcional. Majes Siguas II es la muestra de lo que el Perú puede lograr en infraestructura. Pero sin un marco legal que acompañe, el riesgo es que este y otros proyectos se conviertan en elefantes blancos.