2024: ¡El año de las reformas institucionales y económicas!

Después del fallido golpe de Pedro Castillo, el país ha comenzado a enfrentar claras tendencias a la anarquía y la disolución nacional. La recesión económica y la crisis de seguridad ciudadana ante la ola criminal son las expresiones del deterioro e implosión institucional. Algunos creen que el Perú encontrará una salida con el adelanto de elecciones; es decir, moviendo el cronograma constitucional de sufragio, y sin cambiar el modelo institucional, las leyes nacionales y procedimientos que nos llevaron a la destrucción del gobierno de Pedro Castillo.

A nuestro entender el 2024 debe convertirse en el año de las reformas institucionales y económicas que enfrenten la anarquía política e institucional y la recesión económica. A primera impresión semejante apuesta parece un wishful thinking, sin embargo, en medio de la fragmentación de la política, el país no tiene alternativa. 

Desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde los gobiernos subnacionales y desde la sociedad debe surgir una mayoría y voluntad, por ejemplo, para establecer la reforma de la bicameralidad y para la derogatoria de la absurda y populista prohibición de reelección de congresistas, gobernadores y alcaldes. E igualmente se debe apostar a empoderar a los partidos, a crear una partidocracia que enfrente la balcanización política mediante la eliminación de las elecciones primarias abiertas y obligatorias, la cancelación de los movimientos regionales que no pertenezcan a un movimiento nacional y la elevación de barreras nacionales para formar partidos.

Por otro lado el relanzamiento de la economía –es decir, el relanzamiento de la inversión privada, la generación de empleo y la reducción de la pobreza– requiere un shock antiburocrático nacional y la derogatoria de todas las recientes leyes y decretos promulgados por el progresismo y Castillo en contra del sector privado: restablecimiento de vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) y derogatoria de los decretos que prohíben la tercerización laboral y promueven la creación artificial de sindicatos y el libertinaje en el derecho a huelga.

El Perú debe iniciar una cruzada para eliminar la burocracia cueste lo que cueste: desde cancelar procedimientos innecesarios hasta cerrar ministerios que solo existen para la clientela política. Es la única forma de reducir la informalidad. Asimismo, el país necesita un nuevo sistema tributario y una nueva legislación laboral que promueva la formalización de cerca del 70% de la economía y la sociedad, que suele tener un pie en la formalidad y otro en la informalidad.

Sobre estas bases estaremos en posibilidades de avanzar en la reforma de la educación y de la salud para crear un capital humano calificado que compita con el mundo en las nuevas tendencias de la globalización. Igualmente, estaremos en condiciones de relanzar las inversiones en infraestructura y resolver las brechas económicas y sociales que se han generado por la ausencia de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, agua potable, alcantarillado, escuelas y postas médicas, entre otros.

Apostar por un año de reformas en medio de una feroz judicialización de la política, en medio de una fragmentación política sin precedentes, parece un despropósito alejado de la realidad. Sin embargo, la única posibilidad de superar las tendencias a la anarquía pasa por gestar una gran convergencia de diversos sectores para modificar la agenda del debate público y llevar al país a una gran discusión a favor de las reformas, tal como lo ha hecho Javier Milei en la Argentina.