Los enormes desafíos para el gobierno de Keiko Fujimori

Las interrogantes sobre cuáles son las claves del éxito del gobierno de Keiko Fujimori que se instalará el próximo 28 de julio se multiplicarán en los siguientes días originando un debate saludable. Es incuestionable que existen dos grandes ejes que se han planteado hasta hoy: contener el desborde criminal que afecta a pobres, clases medias y ricos –tal como sucedía con la violencia terrorista de los ochenta– y relanzar la economía y el crecimiento a través de una nueva ola de reformas.

En el primer aspecto un eje fundamental será una administración que convoque a una cruzada nacional en contra de la ola criminal y desarrolle la convergencia institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, los medios de comunicación y el sector privado. Igualmente, la movilización de las fuerzas armadas para recuperar el control de territorios, mientras se profundiza la inteligencia policial –en colaboración con entidades del exterior, como el FBI de los Estados Unidos– es otra de las claves para derrotar al crimen organizado.

Sin embargo, uno de los factores fundamentales para contener la ola criminal y pasar a los objetivos de mediano y largo plazo es la participación de la sociedad. Los ciudadanos y el sector privado deben movilizarse con información para ubicar y detectar la criminalidad y facilitar las intervenciones policiales. Sobre este contexto deben desarrollarse las reformas institucionales y otras medidas como la consolidación de los juzgados de flagrancia, por ejemplo.

En cuanto a un relanzamiento del modelo económico la sola presencia de un gobierno que respete el Estado de derecho y el régimen económico de la Constitución le agrega un impulso especial al crecimiento y moviliza todas las inversiones proyectadas que estaban detenidas o bloqueadas. Sin embargo, el gobierno de Fuerza Popular tiene que aplicar un shock desregulador del Estado, acabar con los ministerios y oficinas innecesarias y cancelar todas las sobrerregulaciones para crear un Estado simplificado, altamente digitalizado, con ventanillas únicas y procedimientos integrados. En ese contexto una reforma económica que simplifique los sistemas de recaudación y rebaje las tasas, así como una reforma laboral que establezca la plena flexibilidad en los contratos de trabajo, tal como sucede en los países desarrollados, son aspectos fundamentales de la transformación del Estado y la lucha contra la informalidad.

Sumar un shock de inversiones para cerrar las brechas de infraestructuras nacionales, regionales y de los servicios básicos, a través de las asociaciones público-privadas y la modalidad de obras por impuestos, es otro de los ejes de la transformación y el relanzamiento del país. Y finalmente, las reformas del sistema educativo y del sistema sanitario como reformas transversales que atraviesan todas las demás reformas del Estado y la sociedad. Ambas reformas definirán el futuro del Perú, en el sentido de crear un capital humano, una fuerza laboral saludable y educada y con gran capacidad de innovar en los mercados de la IV Revolución Industrial.

Si estas líneas de reforma avanzan el nuevo gobierno estará en condiciones de establecer una alianza entre pobres y ricos para expandir las clases medias en la sociedad, tal como empezó a suceder luego de las reformas de los noventa, un proceso que se interrumpió en la segunda mitad del nuevo milenio.

Sin embargo, existe otro reto descomunal. El gobierno de Keiko Fujimori está obligado a desarrollar estas transformaciones consolidando el Estado de derecho y la institucionalidad democrática. No se pueden reeditar tics del pasado: ni autoritarismo ni imágenes oscuras de funcionarios públicos detrás de bambalinas. En ese sentido, la vigencia plena de la institucionalidad demanda un esfuerzo enorme de convocatoria y convergencia para formar mayorías y minorías en el Congreso que le otorguen gobernabilidad a la administración. En otras palabras, política y más política.