Cuarenta años después: el caso de los aviones Mirage-2000

A propósito de la reciente provocación en la frontera común, alentada por el presidente colombiano Gustavo Petro, conviene que los peruanos reflexionemos sobre lo que significa realmente la seguridad y la defensa nacional. La historia, entre sus múltiples utilidades, sirve no sólo para recordar épocas pasadas, sino para aprender de los errores y evitar repetirlos. Y si se la examina con rigor crítico, queda claro que en el Perú no bastan discursos de grandeza: necesitamos hechos que respalden la soberanía.

Hace cuarenta años, en 1985, Alan García iniciaba su primer gobierno. Encontró un país marcado por el terrorismo y la crisis económica. Pese a las expectativas, su gestión agravó ambos problemas y el Perú terminó sumido en hiperinflación y violencia. Se recuerdan sus cualidades oratorias, pero también decisiones poco acertadas que debilitaron las bases de la defensa nacional.

Un episodio clave fue la frustrada adquisición de 26 cazas Mirage-2000, negociados por el presidente Belaunde con Francia. El contrato aseguraba a la Fuerza Aérea del Perú una ventaja estratégica frente a Ecuador, que ya se había provisto de modernos aviones Kfir israelíes. Sin embargo, García decidió reducir la compra a sólo 12 unidades y sin armamento completo. La medida, tomada sin mayor consulta técnica, dejó al país en desventaja frente a un vecino que no ocultaba sus aspiraciones territoriales.

El antecedente inmediato estaba fresco: en 1981, durante el conflicto del Falso Paquisha, tropas peruanas habían repelido una incursión ecuatoriana. El desenlace militar favoreció al Perú, pero no resolvió definitivamente la disputa de límites. Reducir la capacidad aérea, en ese contexto, fue una señal equivocada.

No era necesario ser clarividente para prever que Ecuador insistiría en su estrategia. Y así ocurrió: en 1991 se produjo un nuevo incidente, resuelto con un “pacto de caballeros” que no pasó de ser un alto el fuego provisional. Finalmente, en 1995 estalló la guerra del Cenepa, donde el Perú sufrió la carencia de los aviones que habían sido desestimados en 1985. La urgencia de adquirir armamento en plena guerra trajo costos elevados y retrasos que pudieron evitarse.

La historia peruana muestra un patrón de improvisación: en 1864, ante la captura de las islas Chincha por España; en 1879, al iniciarse la guerra con Chile; y en 1995, durante el Cenepa. En los tres casos, se buscó equipamiento militar a última hora, cuando ya era tarde. No hubo planeamiento estratégico sostenido.

El exministro Pedro Cateriano ha recordado que García justificó la reducción de los Mirage como un gesto de austeridad, para destinar recursos al gasto social. Sin embargo, la seguridad nacional no es un lujo opcional, sino una condición indispensable para cualquier desarrollo sostenible. Sin defensa, las inversiones en salud o educación quedan a merced de la inestabilidad.

El mariscal prusiano Federico el Grande lo expresó con claridad: “La diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos”. Esa máxima sigue vigente. En el Cenepa, contar con 26 Mirage armados habría disuadido la agresión o, al menos, reducido el costo en vidas humanas.

Pero el impacto en la Fuerza Aérea no fue el único. Durante los años ochenta también se unificaron apresuradamente las tres fuerzas policiales en la Policía Nacional del Perú. La medida borró tradiciones e identidades institucionales, afectando especializaciones valiosas que aún hoy hacen falta.

La Marina de Guerra también se vio debilitada. La modernización del crucero BAP Almirante Grau fue suspendida, e incluso se evaluó venderlo, generando alarma y rechazo. El portahelicópteros BAP Aguirre quedó igualmente desatendido. Todo esto significó un retroceso en la capacidad naval en un contexto de terrorismo interno y tensiones externas.

En su segundo gobierno (2006-2011), García mantuvo esa visión escéptica respecto al poder militar. Se impulsó un concepto de “Núcleo Básico Eficaz” para recuperar capacidades mínimas, pero la falta de voluntad política lo redujo a un enunciado sin resultados tangibles. También se habló de cerrar temporalmente las escuelas militares de formación, medida que habría comprometido la renovación profesional de las Fuerzas Armadas.

La influencia de ciertos sectores de izquierda en el Ministerio de Defensa se hizo sentir con fuerza en esos años, especialmente a través de organizaciones no gubernamentales. En vez de consolidar la cultura de defensa, se dio espacio a discursos que relativizaban la importancia de las Fuerzas Armadas, lo que tuvo consecuencias en la moral institucional.

El balance de las dos gestiones de García en materia de defensa deja una lección clara: la seguridad nacional no puede supeditarse a cálculos políticos de corto plazo ni a gestos de popularidad. Si un país pierde el equilibrio estratégico frente a sus vecinos, se expone a conflictos que cuestan mucho más en vidas y recursos que cualquier inversión preventiva.

Francisco Tudela, ex canciller y vicepresidente, lo resumió bien al reflexionar sobre el Cenepa: “El Perú ha sido improvidente a lo largo de su historia. Quienes creen que ya no se necesitan Fuerzas Armadas ignoran la evidencia: los últimos 5,000 años de historia humana y toda la historia republicana del Perú están llenos de conflictos”.

El debate actual sobre la adquisición de nuevos cazas para la Fuerza Aérea repite argumentos ya escuchados: que el dinero debería destinarse a colegios u hospitales. Se trata de una falsa dicotomía. Como lo explica el contralmirante Edward López Cazorla, presidente del Cegesen, invertir en defensa no impide atender las necesidades sociales. Más bien, la seguridad garantiza el espacio para que esas políticas prosperen.

La presidenta Dina Boluarte parece haber comprendido esta lección. Su gobierno ha anunciado la renovación de capacidades militares con el objetivo de recuperar el equilibrio estratégico en la región. Es una decisión correcta, aunque tardía.

La conclusión es evidente: ningún gobernante puede desatender la defensa nacional sin asumir una seria responsabilidad histórica. La seguridad no es un adorno ni un gasto secundario; es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Y la historia del Perú, con sus episodios de improvisación y sus costosos errores, es la prueba más contundente de ello.