En defensa de nuestra democracia

Sorpresivamente y adelantándose varios días a la fecha prevista por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la presidente Boluarte convocó el pasado 26 de marzo a elecciones generales para la presidencia y vicepresidencia de la República, senadores, diputados y representantes al parlamento andino.

Como se viene resaltando hasta el cansancio, este será uno de los procesos electorales más complejos e inciertos de nuestra historia republicana; el extenso número de partidos y candidatos lo hace así, tanto más por las nuevas reglas de juego que regirán -aprobadas por el Congreso-, algunas de las cuales involucran a las organizaciones políticas, otras al cronograma electoral y otras más a la manera en la que se ejercerá el voto.

El viernes 11 de abril último, y a solo un día de la fecha límite para variar las reglas del juego electoral para el 2026, el Congreso de la República promulgó la Ley No 32299, modificando el procedimiento de recuento de votos en caso de presentarse errores materiales en las actas electorales que se levanten en las próximas elecciones generales, buscando darle mayor transparencia y publicidad a dicho recuento. Una norma especial referida a una situación similar a la del 2022, en la que se exigió a los organismos electorales hacer un recuento de votos para no restarle legitimidad al proceso.

Ante ello, con el nuevo procedimiento se podrá solicitar dicho recuento, que deberá hacerse en audiencia pública, de manera ininterrumpida y por una sola vez por parte del Jurado Electoral Especial, con los personeros y el representante del Ministerio Público.

En tal sentido, las elecciones del 2026 contarán con una suerte de “VAR Electoral”, donde las actas que presenten problemas podrán ser revisadas de manera pública y en tiempo real, con lo que se espera que en el próximo proceso electoral se reduzca el número de actas observadas, evitando nulidades innecesarias que vicien los resultados de las mesas de votación, y también nuevas denuncias de fraude que erosionen la confianza que debe mantenerse en los órganos electorales.

Sin embargo, la defensa de la democracia no pasa solo por mejoras en determinados procedimientos electorales, por más beneficioso que ello sea. Hoy más que nunca, pasa también por mejoras institucionales en el conjunto del sistema electoral, especialmente del Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano electoral. Como señala la Constitución, el JNE no solo administra justicia electoral, sino que también fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio y la elaboración de los padrones electorales; mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas y vela por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, por lo que su papel es clave para generar confianza a lo largo de todo el proceso electoral, no solo al momento de la votación.

Precisamente por el importante rol que debe cumplir el JNE en el marco de estas elecciones es que resulta indispensable que la gestión al interior de dicha institución responda a los más altos estándares de calidad, eficiencia y transparencia, asegurando que sus órganos estén alineados a sus instrumentos normativos y actúen en el marco de sus competencias funcionales. Es importante recordar que la Presidencia del JNE –en calidad de máxima autoridad de la institución– ejerce funciones ejecutivas lo que implica que recae en dicho órgano de la Alta Dirección adoptar las decisiones administrativas conducentes a la correcta y buena marcha de la institución. De este modo, es la Presidencia del JNE quien debe asegurar la incorporación de los mejores perfiles, gestores idóneos que brinden con eficiencia el soporte operacional requerido.

Bajo esa premisa, es conveniente también precisar que el Pleno del JNE, integrado y presidido por el presidente, así como por los cuatro miembros del JNE, es la máxima autoridad jurisdiccional de la Entidad, es decir, sus funciones se circunscriben a la correcta impartición de justicia electoral; los miembros del Pleno no intervienen en el ejercicio de la actividad administrativa, salvo excepciones en las cuales algún miembro sea convocado por la presidencia para brindar apoyo en alguno específico. Efectuar dicha distinción resulta particularmente oportuno en este contexto, donde reforzar la institucionalidad del JNE parte por respetar los fueros, incluso, al interior de la entidad.

Uno de los órganos con mayor jerarquía administrativa luego de la Presidencia es la Dirección Central de Gestión Institucional, una suerte de gerencia general, que debe liderar la gestión administrativa. En esa línea, es de vital importancia que el profesional responsable de dicho órgano esté dotado de las credenciales, experiencia y aptitudes propias de un cargo de dicha envergadura. Una Dirección Central que no gestiona y articula, difícilmente logrará generar la sinergia entre el personal y sus funcionarios, necesarios para llevar a cabo una gestión impecable que soporte la complejidad de estas elecciones.

Asimismo, en este marco, un paso importante es fortalecer y darle mayor visibilidad a la labor que cumple la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), como órgano encargado de la fiscalización del proceso electoral en general, incluyendo la fiscalización del padrón electoral; de las hojas de vida de los candidatos; del cumplimiento de requisitos legales para la inscripción de organizaciones políticas y de las encuestas electorales y de sondeos de intención de voto. Considerando el enorme volumen de candidatos que participarán en el 2026, por ejemplo, la fiscalización de hojas de vida y de encuestas de opinión será vital para asegurar la calidad de los postulantes y la objetividad de las encuestas.

Ello debe ir acompañado, además, de un fortalecimiento similar de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE –sigo pensando que en todo sector sea cual fuere y en donde se maneje plata del Estado, debe intervenir técnicamente la contraloría general de la República– más aún considerando los recientes cambios en las fuentes disponibles para las campañas electorales y la posibilidad de que los actuales congresistas puedan ser candidatos sin renunciar a sus cargos, lo que a decir de muchos analistas requerirá de un cuidado especial para definir cuándo se puede estar haciendo o no un uso de recursos públicos.

Otro órgano del JNE que cumple un rol central es el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), hoy cuestionado por su presunta lentitud para la inscripción de nuevos partidos, lentitud que si bien responde en gran parte a la amplitud de requisitos que exige la legislación electoral para dicha inscripción, también se debe a la falta de recursos humanos y presupuestales del ROP para poder revisar dichos requisitos y atender las tachas que pueden presentarse al respecto. Además, se agrega ahora, el peligroso tema de las afiliaciones indebidas, requiriéndose un “juego en pared” entre el JNE (rop) y para su revisión por el Reniec. 

De ese modo, la Presidencia del JNE tiene el deber de solicitar se fortalezca el órgano de control institucional de la entidad y se activen desde ahora las plataformas que en el tiempo se han venido construyendo y que administra la contraloría general de la República en coordinación con el JNE, como “Postula con la tuya” y “En estas elecciones, tú tienes el control” a fin de prevenir y eliminar cualquier atisbo de corrupción de los candidatos en el marco de este proceso, principalmente desde los 60 Jurados Electorales Especiales, que se desplegarán a nivel nacional, así como los demás órganos. Como señalamos arriba, serán los JEE los que tendrán ahora la última palabra para garantizar la pulcritud y transparencia del sufragio, por lo que su labor debe ser igualmente transparente y confiable a ojos de todos.

Finalmente, quiero concluir el presente artículo haciendo eco de las acertadas palabras de Francisco Távara Córdova, ex presidente del JNE, quien en el contexto de una audiencia pública en la que dos organizaciones políticas pugnaban por imponer sus pretensiones, una de ellas, en el fragor del debate, alegó la existencia de un fraude electoral promovido desde el JNE; ante ello, Távara Córdova, con la claridad de ideas que lo caracteriza, manifestó que “…en nuestro país, su democracia y la institucionalidad se construyen día a día; por tanto, en este Jurado Nacional de Elecciones, la palabra fraude ha quedado proscrita”. 

Confiamos, por tanto, que esta nueva gestión del JNE marque un punto de inflexión impulsando una reforma real que supere el ruido de las dos últimas gestiones anteriores y se convierta con las credenciales de su actual presidente en un referente de eficiencia, modernización y uso inteligente de la tecnología. Esperamos también que se actúe con firmeza, sin ceder a presiones indebidas y manteniéndose libre de cualquier sombra de corrupción. Los ciudadanos del Perú añoramos una democracia afianzada con instituciones robustecidas, lo que hace merecernos un proceso de elecciones generales, impecable.