La república “berrinchocrática” del Perú

Para impedir la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Salvador del Solar protagonizó un berrinche a patadas en las puertas de ingreso al hemiciclo del Congreso hasta que lo dejaron entrar. Acto seguido, planteó una cuestión de confianza, y Martín Vizcarra aprovechó la coyuntura para disolver el Congreso y consolidarse como dictador.

El Congreso siguiente vacó a Vizcarra. Ante esto, los “líderes de opinión”, insatisfechos, llamaron a protestas manipulando a la llamada “Generación Bicentenario”, que salió a las calles en plena pandemia, y al estilo del expremier, forzaron la salida de Manuel Merino. Tras un par de víctimas de la manipulación, impusieron a Francisco Sagasti; y, como “regalo navideño”, muchos regresaron a casa con una nueva ola de covid.

Luego del “golpe” de Castillo, se desató otra ola de protestas, esta vez para exigir la reposición del dictador, supuestamente removido “injustamente”, a pesar de que el delito fue evidente en televisión. Hubo escenas de terror: destrucción de propiedad pública y privada, asesinatos de policías, bloqueos de aeropuertos y carreteras, y víctimas civiles en enfrentamientos con las autoridades que intentaban restablecer el orden tras el berrinche en la zona sur del país.

Hace apenas unos días, la Fiscal de la Nación también hizo un berrinche: se atrincheró en el Ministerio Público para oponerse a una resolución que ordenaba la restitución de su predecesora. Si retrocedemos un poco más, recordamos las marchas y paralizaciones con consignas como “¡Conga no va!” o “¡Tía María no va!”, acusando a estas actividades de contaminar el medio ambiente. Sin embargo, hoy tenemos a un grupo de mineros ilegales que, bajo el argumento de ser simplemente “informales” (como si la informalidad no fuera en sí una forma de ilegalidad), pretenden tener autoridad moral para exigir que se les autorice con cuatro papeles sin garantía alguna. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La minería contamina o no? ¿La formalidad es una obligación para todos? ¿O los “pequeños” sí pueden contaminar y evadir impuestos?

Nos guste o no, debe quedar claro para la ciudadanía y las autoridades: el desarrollo correcto de la minería y la explotación de hidrocarburos como negocios responsables y viables sólo es posible si se cuenta con grandes inversiones para implementar sistemas de calidad ambiental e industrial, además de los seguros respectivos. Cualquiera que intente realizar esta actividad sin el respaldo suficiente representa un grave riesgo de daños irreparables.

Si el Estado vuelve a ceder en su deber de mantener estrictos estándares de control, no solo abrirá espacio para que las mafias sigan prosperando, sino que promoverá la irregularidad en cualquier otra actividad, debilitando aún más la hegemonía del sistema jurídico y democrático.

Mantener el Reinfo es como permitir que las “combis” sigan brindando transporte público sin respetar las normas de tránsito y burlándose de los pasajeros. Por eso, el gobierno no debe ceder ni un centímetro en su capacidad de controlar actividades irregulares ni las manifestaciones violentas de sus beneficiarios, quienes, más allá de contar con un registro para hacer dinero, buscan seguir evadiendo sus responsabilidades tributarias, sociales y ambientales.

Mientras nuestros políticos sigan cediendo a los berrinches de la población —con berrinches me refiero a reclamos que buscan torcer la ley sin el amparo de la razón—, los peruanos no aprenderemos a ser responsables, ni podremos crecer como nación. La república “berrinchocrática” del Perú tiene que terminar, más aún cuando el reclamo viene cargado de chantaje y violencia. Si mañana el gobierno decide mantener el Reinfo, entonces también debería autorizar Conga y Tía María, sin que nadie tenga derecho a protestar.

Una de las lecciones más importantes que aprendí en casa fue: ¡No seas llorón! ¡Mucho menos berrinchudo! Puede sonar trivial, pero la verdad es que los reclamos deben hacerse con estoicismo, hidalguía, y sobre todo, con razón.