¿Es culpable el libre mercado del precio de las medicinas?

Nadie debería tener que elegir entre cuidar su salud y proteger la economía de su familia. Sin embargo, cuando un medicamento cuesta varias veces más en una clínica privada que en una farmacia, genera una pregunta inevitable: ¿estamos ante las reglas del mercado o frente a prácticas que merecen ser investigadas?

El Proyecto de Ley 184-2026-2031-CD, impulsado por Diethell Columbus, propone utilizar los precios de referencia publicados por Digemid para calcular descuentos, coberturas y copagos. Según su exposición de motivos, se habrían identificado medicamentos cuyos precios en clínicas eran hasta catorce veces superiores a los registrados en otras farmacias. De confirmarse estas diferencias bajo condiciones comparables, corresponde exigir explicaciones y evaluar medidas de protección. Pero ¿demuestra esto que el libre mercado es el problema?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental desarrolló el modelo de economía social de mercado, asociado a Ludwig Erhard y Alfred Müller-Armack. Su propuesta buscaba combinar la libertad económica y la competencia con reglas que evitaran los abusos y promovieran el bienestar social. No se trataba de dejarlo todo en manos del mercado, pero tampoco de someter la economía al control absoluto del Estado.

Esta distinción es importante. En El mito del votante racional, el economista Bryan Caplan analiza cómo ciertos sesgos influyen en nuestras opiniones económicas, entre ellos la tendencia a atribuir al capitalismo los resultados negativos y a subestimar sus beneficios. Esto no significa que toda crítica al mercado sea equivocada, sino que debemos examinar los problemas con evidencia, sin convertirlos en una condena automática de todo el sistema.

El lucro y la codicia tampoco son lo mismo. La rentabilidad permite a las empresas invertir, generar empleo e innovar. Sin embargo, obtener ganancias no justifica cualquier práctica, especialmente cuando están en juego la salud y la vulnerabilidad de las personas.

Además, un paciente hospitalizado no siempre puede comparar precios, buscar alternativas o postergar una compra. En esas circunstancias, la libertad de elección que sustenta la competencia puede verse seriamente limitada. Por eso, confiar exclusivamente en que el mercado corregirá cualquier distorsión resulta insuficiente.

El artículo 58 de la Constitución peruana reconoce que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado. Este modelo no excluye la responsabilidad del Estado: exige instituciones capaces de promover la competencia, garantizar información transparente, proteger a los consumidores e investigar posibles prácticas abusivas. Las medidas regulatorias, por su parte, deben sustentarse en evidencia y criterios técnicos.

Como recuerda una frase atribuida a Mahatma Gandhi, la Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Defender la economía social de mercado significa proteger tanto la libertad como la dignidad humana. No necesitamos demonizar el capitalismo para exigir responsabilidad empresarial, ni renunciar al mercado para defender a los pacientes. Necesitamos un Estado que cumpla su función y empresas conscientes de que detrás de cada tratamiento hay una persona y una familia que merecen respeto.