Gobernar también es escuchar

Los primeros días de un gobierno suelen ser ceremonias, discursos, expectativas y una inevitable euforia. Por ahora, lo razonable es observar las primeras decisiones, identificar el rumbo y conceder el beneficio de la duda, especialmente cuando el país atraviesa una situación tan grave que ningún gobierno podría ofrecer soluciones inmediatas.

No es el momento de las confrontaciones del pasado ni de una oposición anticipada contra todo. La democracia exige reconocer el resultado electoral y permitir que quien recibió el mandato pueda gobernar. Exige mantener una mirada vigilante, racional y crítica. Conceder una oportunidad no equivale a un cheque en blanco.

Los primeros discursos de la presidenta Fujimori han sido breves. Han anunciado prioridades y expresado voluntades, pero todavía no son un programa desarrollado. Se ha mencionado la lucha contra la inseguridad, la atención de las emergencias, la reactivación económica y la necesidad de gobernar para todos. Son propósitos que permiten la esperanza, aunque todavía faltan precisiones sobre políticas, recursos, plazos y equipos para ejecutarlos.

Estamos ante un plan de gobierno en desarrollo. Y por ello necesita contrapesos, observaciones y aportes que contribuyan a mejorar su rumbo. Una buena crítica en estos primeros días puede ser mucho más útil que una fiscalización tardía, cuando las decisiones ya han producido consecuencias.

El gobierno comienza en un país dividido por mitades. La estrechez del resultado obliga a gobernar con clara conciencia de este límite. No basta con declarar pluralidad. Esa voluntad debe reflejarse en la composición del gabinete, primera y segunda fila, en las convocatorias, en la relación con la oposición y en la incorporación de capacidades que no pertenezcan al entorno de la presidenta que requiere ampliar su mirada y no alimentar burbujas.

El gabinete da señales de apertura, pero motiva observaciones repetidas de buena fe. La pluralidad implica incorporar conocimientos, experiencias, sensibilidades sociales y perspectivas regionales capaces de representar la complejidad del país. Sobre todo, que cada ministro posea la preparación para conducir su sector.

Esta exigencia es particularmente grave en ministerios como Salud y Defensa. No está en cuestión la honestidad de los nombrados. Tampoco que puedan aprender o rodearse de buenos especialistas. Es la distancia entre las trayectorias profesionales y las enormes responsabilidades que asumen.

El Ministerio de Salud es la cabeza de un sistema fragmentado, desigual y desbordado, que enfrenta hospitales sin recursos, graves problemas en la atención primaria, enfermedades endémicas, anemia infantil y profundas brechas territoriales. Su conducción requiere conocimiento sanitario, experiencia en gestión pública y conocer a fondo una estructura en la que cada decisión compromete vidas y muertes de millones.

Algo semejante ocurre con Defensa. La presidenta anunció la participación importante de las Fuerzas Armadas contra la criminalidad durante los estados de emergencia. Esa intervención demanda conocimiento del sector, autoridad institucional y comprensión rigurosa de los límites constitucionales que separan la defensa nacional del mantenimiento del orden interno.

La criminalidad organizada no se resolverá con anuncios de firmeza. Sabemos que la Policía Nacional está infiltrada por la corrupción y las redes delictivas en algunos sectores, aunque existen numerosos policías honestos. Las Fuerzas Armadas pueden cumplir funciones complementarias, pero no reemplazar permanentemente a la Policía ni dar la respuesta habitual frente a la criminalidad urbana. Su participación requiere estrategia, coordinación, inteligencia y conducción especializada.

El Gobierno ha pedido facultades legislativas para enfrentar la criminalidad y desarrollar otras medidas. La delegación será aprobada, como ha sucedido con gobiernos anteriores. Pero recibirla no garantiza que se legisle bien; se necesitan buenos equipos para hacerlo. No puede entregar por medio de una ley la experiencia, el conocimiento ni la capacidad técnica que debe encontrarse dentro del Gobierno. Antes de conceder la delegación demasiado amplia, el Congreso debe precisar materias, establecer límites y evaluar la idoneidad de los equipos encargados de los decretos legislativos. La urgencia justifica la rapidez, pero nunca la improvisación.

El Gobierno expresa una voluntad inicial que merece ser observada sin prejuicios. La capacidad puede y debe evaluarse desde ahora, directamente relacionada con las trayectorias, los conocimientos y las experiencias de los designados.

La voluntad política señala el destino, pero solo la capacidad permite alcanzarlo. Los ministros y los funcionarios de primer y segundo nivel convierten los discursos en políticas, las leyes en acciones y las promesas en resultados. Si esos equipos no son preparados las mejores intenciones pueden naufragar.

Criticar estas decisiones significa advertir a tiempo los riesgos de fracaso. La crítica democrática no se limita a fiscalizar después de ocurrido el daño. Debe prevenir, orientar y contribuir a rectificar.

El nuevo gobierno necesita actuar, también escuchar. No toda observación es hostilidad y no toda discrepancia es obstaculizar. El poder no demuestra fortaleza desoyendo las advertencias, sino distinguiendo las que pueden ayudarlo.

Gobernar significa decidir y asumir responsabilidades y también escuchar antes de que los errores se vuelvan irreversibles.