Entre la esperanza y el abismo

El inicio de un nuevo Gobierno siempre despierta expectativas. Si la presidenta Keiko Fujimori inaugura su mandato constitucional anunciando un aumento de la remuneración mínima vital y de la pensión para los adultos mayores más vulnerables, enviará un mensaje claro de sensibilidad social. Sin embargo, ese gesto también marcará el inicio de una prueba decisiva: demostrar que la justicia social puede convivir con la responsabilidad económica.

El Perú no puede volver a caer en la tentación del populismo fiscal. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que buscaron legitimidad repartiendo recursos que el Estado no tenía. El resultado fue inflación, endeudamiento, pérdida de confianza y, finalmente, más pobreza. Gobernar no consiste en ofrecer lo que la gente quiere escuchar, sino en garantizar que cada compromiso pueda sostenerse en el tiempo.

Los desafíos que enfrenta el país exigen prudencia. La amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño demanda inversiones urgentes en prevención, infraestructura y atención de emergencias. Cada sol que no se invierta hoy podría convertirse mañana en miles de millones destinados a la reconstrucción. La prevención no genera titulares, pero salva vidas y protege la economía.

A ello se suma la inseguridad ciudadana, que se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos. Combatir al crimen organizado requiere fortalecer la inteligencia policial, modernizar el sistema penitenciario, mejorar la capacidad del Ministerio Público y recuperar la autoridad del Estado. Nada de ello será posible sin recursos permanentes y una gestión eficiente.

Por eso, cualquier incremento del gasto social debe ir acompañado de decisiones responsables. Reducir la evasión tributaria, eliminar gastos improductivos, acelerar las asociaciones público privadas, simplificar la inversión y ejecutar con eficiencia el presupuesto son medidas que permiten ampliar el espacio fiscal sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. El crecimiento económico sigue siendo la principal política social.

También resulta indispensable recuperar la confianza de quienes invierten y generan empleo. Sin estabilidad jurídica, reglas claras y respeto por las instituciones, el país perderá oportunidades de desarrollo. No hay programa social sostenible si antes no existe una economía capaz de financiarlo.

La verdadera diferencia entre un gobierno responsable y uno populista no está en aumentar salarios o pensiones, sino en la forma en que esas decisiones se financian. Si los recursos provienen de una economía que crece, de una mejor administración del Estado y de una mayor eficiencia del gasto público, las medidas sociales fortalecerán al país. Si, por el contrario, descansan sobre déficit permanentes o endeudamiento irresponsable, terminarán perjudicando precisamente a quienes buscaban proteger.

El Perú necesita un gobierno que combine sensibilidad con disciplina, solidaridad con eficiencia y liderazgo con prudencia. La esperanza no debe construirse sobre promesas efímeras, sino sobre decisiones capaces de resistir el paso del tiempo. Ese será el verdadero desafío del nuevo gobierno y, al mismo tiempo, la mejor oportunidad para demostrar que el país puede crecer sin renunciar a la justicia social ni poner en riesgo la estabilidad económica que tanto esfuerzo ha costado preservar.