Migración: entre la firmeza y lo humanitario

Y mientras el Congreso de la República no pierde el tiempo en legislar medidas absurdas (agregar otro feriado laboral a un país con bajo crecimiento económico y mayoritariamente informal como el nuestro no es otra cosa que un absurdo), la crisis migratoria se muestra en toda su dimensión exhibiendo la desesperación de aquellos que, habiendo sido expulsados de Chile, intentan ingresar a nuestro país. Acusados de ser indocumentados o haber participado de actos delictivos o violentos, los migrantes –provenientes en su mayoría de Venezuela, Colombia o Haití– se encuentran en la línea de frontera, padeciendo los rigores de permanecer al aire libre en medio del desierto. 

En otras circunstancias estos migrantes ya habrían ingresado al Perú, pero en estos días enfrentan un fuerte rechazo. Sus propios compatriotas venezolanos se han encargado de destruir la imagen inicial de la que gozaban, migrantes educados y dedicados que –huyendo del régimen de Nicolás Maduro– pretendían ganarse la vida en tanto se recuperara en su país el régimen democrático. Esa imagen la han perdido. La violencia y la mala educación, que se manifiesta no solo en el sicariato y la extorsión sino también en la prepotencia que exhiben motociclistas o taxistas, han hecho que ese aprecio al migrante, que en el principio se tenía, se transforme en rechazo y temor.

Es cierto que proporcionalmente los delincuentes pueden representar un bajo porcentaje, pero el tema no es aritmético. La violencia se ha incrementado notoriamente y los protagonistas de asesinatos, ajustes de cuentas y feminicidios en los últimos días han sido venezolanos. Las oenegés que ahora reclaman comprensión no han hecho nada para evitar esta situación, por lo tanto son también responsables del drama que atraviesan sus compatriotas en el país.

El desordenado Gobierno de Dina Boluarte no puede continuar así, balbuceando en torno al tema ni arrojando toda la responsabilidad del control de daños al ministro del Interior, Vicente Romero. Este es un tema que compete fundamentalmente a los sectores Cancillería y Justicia, el primero en cuanto a convocar a los países vecinos para asumir un compromiso regional; y el segundo, en cuanto a preparar un paquete de medidas para ejercer un control real sobre el problema de la migración.

La violencia desatada por los desadaptados debe controlarse ya pues el país, con los problemas estructurales de narcotráfico y terrorismo, puede fácilmente convertirse en un Estado fallido y la violencia generalizarse llegando a nuevos estadios de terror. Del Congreso no podemos esperar nada. Se sabe ya, sobradamente, de sus limitaciones. Es el Gobierno el que debe asumir la iniciativa para resolver estos problemas de manera inteligente, combinando firmeza y humanidad.