Peajes: la primera prueba de fuego para el Gobierno

La discusión sobre el eventual restablecimiento de los peajes de Lima puede convertirse en la primera prueba política importante para la alianza entre Fuerza Popular y Renovación Popular. Ambas fuerzas suman 30 de los 60 escaños del Senado. La fragilidad de esa alianza quedó demostrada en la elección de la Mesa Directiva, que ganó por apenas 30 votos contra 29. Por ello, una ruptura en torno a los peajes podría tener consecuencias mucho mayores que las de una controversia municipal.

El problema no es el peaje. Hay que separar dos cuestiones que con frecuencia se confunden.

Es perfectamente normal que una concesión de autopistas contemple peajes. Cuando el sector privado financia, construye, mantiene y opera infraestructura pública, el peaje puede ser el mecanismo para recuperar la inversión y obtener el retorno establecido en el contrato.

Pero defender la inversión privada y la seguridad jurídica no significa defender cualquier concesión. Cuando existen indicios de corrupción, conflictos de interés o irregularidades en el origen, adjudicación o financiamiento de una concesión, el problema deja de ser exclusivamente contractual. Ese es precisamente el punto que convierte a Rutas de Lima en un caso diferente.

Las actuaciones judiciales en Nueva York han cambiado el escenario. El mecanismo de discovery permitió obtener información financiera relacionada con Rutas de Lima y, según la Municipalidad de Lima, nuevos documentos incluyen una transferencia de US$3.51 millones presentada como una “tarifa de éxito” y más de 150 operaciones posteriores a través de intermediarios extranjeros. La Municipalidad sostiene que parte de estos movimientos podría estar vinculada a flujos investigados en el caso de Susana Villarán (Gobierno del Perú).

Estos hallazgos no constituyen por sí mismos una sentencia ni prueban responsabilidad penal. Pero sí tienen una evidente dimensión política: fortalecen la posición que Rafael López Aliaga sostuvo durante años respecto de que el caso Rutas de Lima no podía reducirse a una discusión sobre la vigencia de un contrato.

Para Renovación Popular, los peajes son además parte importante del capital político de López Aliaga. Para Fuerza Popular, en cambio, existe el legítimo interés de preservar la seguridad jurídica y evitar que el Perú transmita a los inversionistas la señal de que las concesiones pueden ser desconocidas por razones políticas.

La salida no debería ser “peajes sí” o “peajes no”. La posición más racional es defender simultáneamente tres principios: Primero, respeto a la inversión privada y a las concesiones legítimas. Segundo, tolerancia cero frente a la corrupción y plena investigación de cualquier irregularidad. Tercero, separar el principio del peaje del caso específico de Rutas de Lima.

El Perú puede defender el modelo de concesiones y, al mismo tiempo, cuestionar una concesión concreta si existen razones jurídicas y financieras para hacerlo. Esta distinción permitiría a Fuerza Popular defender la seguridad jurídica sin aparecer como defensor de una concesionaria cuestionada, y a Renovación Popular combatir la corrupción sin convertirse en adversario de la inversión privada.

El mayor riesgo sería que los peajes terminen convirtiéndose en una disputa personal entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga o en una confrontación entre sus bancadas. Con apenas 30 de 60 senadores, la alianza FP-RP no puede darse el lujo de perder cohesión. La elección de la Mesa Directiva ya demostró lo estrecho de su margen. (El Peruano)

Para Fuerza Popular, restablecer automáticamente los peajes podría significar asumir un costo político innecesario y devolverle a López Aliaga una bandera que ya domina. Para Renovación Popular, convertir la oposición a los peajes en una oposición general a las concesiones sería igualmente un error.

La salida está en otro lugar: no restablecer mecánicamente un cobro mientras se esclarecen las investigaciones sobre Rutas de Lima, pero tampoco convertir este caso en una condena general al sistema de peajes o a la inversión privada.

La primera prueba de la alianza Fuerza Popular–Renovación Popular no debería ser quién gana la batalla de los peajes, sino si ambas fuerzas pueden demostrar que la lucha contra la corrupción y la seguridad jurídica pueden coexistir. En un Senado dividido en seis fuerzas políticas, su unidad puede valer mucho más que una victoria circunstancial sobre los peajes.