Un sistema para la formalización y formación continua

 

En 1979 Julio Cotler hacía referencia a las expresiones de Héctor Bejar, realizadas en el auge del gobierno de Velasco (1971) en el sentido de que dicho Gobierno era de tendencia socialista, teniendo en cuenta que el Estado crecía en sus funciones productivas. Han transcurrido cerca de 50 años de esa visión de las funciones que debía cumplir el Estado, y la izquierda no ha logrado cambiar ese discurso desfasado ni su forma de concebir la intromisión de los gobiernos en la actividad productiva. Hasta hoy hablan de un cambio de modelo constitucional —proyecto de ley presentado hace un par de semanas por el Frente Amplio, con gran incidencia en la actividad económica del Estado—, pero no demuestran un solo país donde dicho modelo haya generado bienestar en general.

Desde nuestra perspectiva, el Estado debe ocuparse de lo importante que demanda la ciudadanía, aquellos servicios básicos que requieren los que menos tienen, pues su única alternativa es tomar los servicios ¨monopólicos¨ que el Estado les brinda. Especialmente educación y salud, que son los que finalmente permiten equiparar las condiciones para que los ciudadanos procuren un espacio de movilidad social. La evidencia de que estos servicios no funcionan son los niveles de informalidad laboral que presenta nuestro país. Un problema que se genera porque un gran segmento de nuestra fuerza laboral (PEA) no se ha formado debidamente para enfrentar el mercado laboral.

Han transcurrido cerca de dos años desde que planteamos, en este mismo espacio, la necesidad de gestar una Autoridad para la Formalización, al tratarse del problema estructural más grave de nuestra historia reciente y que, además, resulta transversal a todos los sectores del Estado. Con la indagación realizada a la data y la apreciación de los especialistas, nos reafirmamos en esta visión —hoy sin data y experiencia no se puede hacer políticas públicas—, lo demás no pasan de ser buenas intenciones o discursos de contenido político.

A mediados de los noventa se tenía una informalidad laboral que superaba el 81%, y se redujo al 72% hacia el 2015. Y en la actualidad bordea el 74% (en crecimiento). Esto se debe a que la PEA que se incorpora cada año al mercado laboral es absorbida en dos tercios por el sector informal y solo menos del tercio se incorpora a un empleo formal, pero estos últimos bajo contratos a plazo determinado. Toda una cadena de deterioro respecto a la calidad del empleo.

Lo viene evidenciando la nueva literatura sobre los derechos laborales: hoy el mejor esquema para la “estabilidad laboral” no se encuentra en las normas legales que le aseguren al trabajador arraigarse en un puesto de trabajo, la mejor herramienta de ¨estabilidad¨ se encuentra en la capacitación permanente del trabajador, en la formación continua. Este componente es una de las grandes reformas que han llevado a cabo los países que se han propuesto liderar el crecimiento y el desarrollo en la cuarta revolución industrial, la de las tecnologías de la información. Los grandes impulsores de esta reforma —de la formación continua— son los países del sudeste asiático, que han logrado superar en productividad a los EE.UU. y a muchos países de Europa miembros de la OCDE.

Nuestro ¨bono demográfico¨ se mantendrá hasta el 2025-2027 de forma vigorosa. Esto es, que la cantidad de trabajadores que se incorporen para aportar económicamente en el mercado laboral será muy superior a los dependientes, personas con limitadas capacidades (por su edad) de aportar económicamente. Y luego empezará a reducirse. El gran problema con este bono demográfico es que seguirán recibiendo en gran parte una mala formación educativa y no adecuada para su rápida inserción en el mercado laboral actual, de contenido tecnológico. Requerimos por ello, grandes transformaciones en el empleo y en la demanda de habilidades, de las que actualmente no dispone nuestra fuerza de trabajo. En esta situación debemos trabajar en un esquema, o como lo denominan Chacaltana - Díaz y Rosas, un sistema de formación continua.

Los autores citados lo expresan en estos términos ¨(…) si bien el país ha hecho grandes avances en cobertura, ni la calidad ni la pertinencia de la formación han mejorado sustancialmente. Esto se refleja en la inadecuadas habilidades y competencias que la fuerza laboral tiene para hacer frente a las demandas del mercado. Son, por tanto, síntomas de un sistema de formación para el trabajo con serias limitaciones que deben ser resueltas, no sólo para mejorar la distribución de los frutos del crecimiento, sino para hacer posible su propia sostenibilidad¨.

Las habilidades de la fuerza laboral tienen un impacto significativo en el crecimiento económico de los países. Seremos reiterativos con el ejemplo de Singapur-Malasia- Corea de Sur y Chile; los primeros han logrado multiplicar en los últimos 40 años en decenas su PBI per cápita, con impacto directo en el bienestar social de las personas (vinculado a los ingresos). En tal sentido, una formación continua, o la formación para el trabajo, permite cerrar la brecha entre las capacidades que se reciben en la formación educativa y las que el mercado laboral requiere (desarrollo de capital humano).

A diferencia de los países mencionados, nuestro país recién en los últimos años viene superando ligeramente el ingreso per cápita que se tenía a inicios de los ochenta. Así de dramática es nuestra realidad, y no hay visos de poder lograr un “desarrollo” acelerado. Esta situación se refleja en las capacidades del recurso humano del que dispone nuestro país, pues solo el 10% de nuestra masa laboral se acerca a los niveles de productividad de los países desarrollados —en consecuencia gozan de mejores ingresos— y otro 20% evidencia un tercio de productividad respecto de lo que alcanzan los trabajadores en los países desarrollados. El restante 70% se encuentra en el rango muy inferior al quinto de la productividad europea. Qué coincidencia que sea toda la PEA que se encuentra inmersa en el sector informal.

En coincidencia con los autores citados, creemos que debe generarse una reforma o esquema de política pública que aborde el tema laboral de forma transversal. Ya sea mediante una Autoridad para la Formalización la Informalidad, que ejerza rectoría única en la reforma, o mediante un sistema como proponen los autores citados. Pero no cabe duda de que es urgente enfrentar el problema, por el bienestar todos estos trabajadores que merecen mejores condiciones de vida. Ellos no tienen la culpa por los gobiernos indolentes ante el gran problema de nuestra mala calidad educativa; especialmente la pública, que debe merecer nuestra especial dedicación y empeño.