¿Va o no va?

Sobre Tía María, los derechos de propiedad y la crisis de representación política.   

El problema de Tía María es exactamente el mismo de Conga: un conflicto sobre derechos de propiedad. Por un lado, tenemos los derechos de “propiedad” sobre la tierra, el agua y el medio ambiente de las comunidades y por otro lado el derecho de “propiedad” de Southern Peru Copper Corporation (SPCC) sobre la concesión minera. Estos derechos de “propiedad” deberían poder coexistir, pero para ello se requiere que ambas partes, las comunidades y SPCC, estén en capacidad de negociar sus intereses en igualdad de condiciones. Lamentablemente, no es el caso. Difícilmente alguien puede sostener que las comunidades de la provincia de Islay que se verán afectadas por el desarrollo del proyecto Tía María pueden sentarse a la mesa a negociar con la SPCC en igualdad de condiciones.

Cuando los servicios que brinda el Estado no son adecuados, los ciudadanos tienen dos opciones: usar su “voz” para exigir la mejora del servicio o usar una “salida” acudiendo a un proveedor distinto del servicio. Un ejemplo de “salida” es mandar a su hijo a un colegio privado en lugar de uno público. En el caso de Tia Maria, SPCC ejerce su “voz” a través de los medios de comunicación, sus abogados y el gremio minero. Además tiene una “salida”: puede decidir invertir en otro lugar. En cambio, las comunidades no tienen la posibilidad de usar su “voz” pues no tienen abogados, acceso a medios, ni gremios que las representen. Tampoco tienen la posibilidad de una “salida”, ya que ésta implicaría trasladarse a otras tierras. Esta desigualdad se muestra claramente en la capacidad de organización, de acceso a la información y de acceso a los recursos. El Estado debería “nivelar la cancha” haciendo que las comunidades tengan “igualdad de oportunidades” para discutir sus derechos.

Esta realidad, producto de la pobreza y la desigualdad, es aprovechada por grupos radicales de izquierda quienes se posicionan como voceros de las comunidades, como el partido de Marco Arana, Tierra y Libertad. Lo cierto es que estos movimientos radicales en lugar de permitirles a las comunidades usar su “voz”, lo que hacen es confundirla con sus propios intereses políticos y económicos, como se puede comprobar de los audios donde el dirigente Pepe Julio Gutiérrez solicita al parecer dinero en efectivo a cambio de levantar el paro.

Los partidos políticos no logran funcionar como correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos. En el caso de las comunidades, los partidos no tienen presencia alguna. Esta falla en el mercado político es la que ha permitido que la izquierda radical capture la “voz” de las comunidades, al ser los únicos que las escuchan.

En el Perú, el desarrollo minero ha estado marcado por dos extremos, quienes ponen por delante sólo los intereses empresariales –el sector de la derecha mercantilista- y los que buscan desestabilizar el sistema -la ultraizquierda y su discurso antiminero-. Hay un justo medio donde todos los peruanos somos ciudadanos y tenemos la posibilidad de ejercer nuestra “voz” con un Estado que responde. El Estado y los partidos políticos que creen en el mercado, la libertad y la democracia deberían contribuir a que la “voz” de los campesinos sea realmente representada sin manipulación política.

SPCC, por su lado, necesita salir del silencio en el que se encuentra, rectificar el mal manejo que ha tenido del proyecto, y ganarse la confianza de la población. De lo contrario, todos los peruanos perdemos.

Por Ana Luisa Guerrero
14 - May - 2015