¡A defender nuestra minería cueste lo que cueste!

No es exagerado sostener que la minería nacional está en peligro frente a un Ejecutivo que ha sido copado por las corrientes antimineras y anti inversión. Únicamente los anuncios de la convocatoria de la constituyente y de la nacionalización del gas paralizan cualquier posibilidad de nueva inversión minera. Si a estos hechos le sumamos el cierre unilateral de cuatro minas en el sur de Ayacucho, promovido por la presidencia del Consejo de Ministros –al margen del retroceso del Ejecutivo–, y el paquete tributario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –que busca incrementar la carga tributaria–, la conclusión es una sola: la minería está en peligro en el Gobierno de Pedro Castillo.

El paquete tributario del MEF, que pretende aumentar los tributos al sector minero por el incremento de los precios minerales, nace de una voracidad fiscal sin justificación: no obstante que el Estado apenas gasta el 70% de lo presupuestado, se busca más recursos para repartir bonos a diestra y siniestra, en función de las próximas elecciones regionales. Incluso el endeudamiento público se acerca al 40%, con el objeto de garantizar las políticas populistas. Por otro lado, el déficit fiscal se convierte en una variable relativa.

En el MEF se ignora o no se considera que, luego de la reforma tributaria de la administración Humala, la carga tributaria minera en el Perú sobrepasa el 47%. Una presión tributaria superior a la de Canadá, Australia y Chile, países con los que el Perú pelea codo a codo para captar nuevas inversiones, en un momento en que los precios de los minerales se disparan.

La propia Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) proyecta que este año la recaudación en renta y regalías sobrepasará los S/ 12,500 millones. Sin embargo, frente a los precios y las ventas de las mineras, esta cifra comienza a ser absolutamente conservadora. El aporte minero será mucho mayor. ¿Por qué? Por la enorme presión tributaria que se estableció en la reforma del Gobierno de Humala. Vale señalar que el 60% del incremento en la recaudación proviene de los mayores volúmenes de producción que se ha mantenido gracias a la predictibilidad tributaria. Aumentar la carga tributaria sería restarle competitividad a la minería, favorecer a nuestros competidores y negarle al Estado más riqueza.

La minería es el pan de los peruanos. En la última década solo por concepto de canon se ha transferido a los gobiernos regionales y locales más de S/ 40,000 millones. Sin embargo, ¿en dónde están las carreteras, las postas médicas, las escuelas, los sistemas de agua y desagüe, que se han construido en las zonas de influencia minera? El Estado, en todos sus niveles de gobierno, fracasa en la redistribución de la riqueza minera.

El MEF quiere más recursos para repartir bonos. En ese camino no interesa el déficit fiscal, el endeudamiento público, y se pretende restarle competitividad a la minería. Justo en un momento en que los precios de los minerales alcanzan récords históricos y se deberían convocar decenas de nuevas inversiones en el país.

Por todas estas consideraciones, la oposición democrática debería entender que defender la minería es defender la Constitución y las libertades. ¿Por qué? Si se ralentizan las inversiones y el crecimiento de la minería, en el acto, también se ralentizará el crecimiento económico y el proceso de reducción de pobreza. 

En este contexto el Perú será un país que vuelve a aumentar pobreza. Semejante escenario es el buscado por las corrientes comunistas y colectivistas que pretenden legitimar el relato del fracaso del “modelo neoliberal” y de la urgencia de una nueva constituyente.