¿Acaso se perpetúa el fracaso de la formalización minera?

El debate del proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo establecerá si el Perú, una vez más, decide o no liquidar el impresionante desarrollo de la minería moderna que llevó al país a convertirse en una potencia minera mundial, compitiendo en inversiones y producción con gigantes en la industria como Canadá, Australia y Chile. La pregunta es absolutamente legítima en una sociedad que, por ejemplo, ha permitido que las izquierdas y los progresismos deroguen la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), norma que junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país, encumbró al Perú como una de las potencias agroexportadoras del planeta.

En la discusión de la nueva Ley MAPE, a nuestro entender, existe un claro intento de relativizar los criterios de la Ley General de la Minería que han posibilitado más de US$ 60,000 millones en inversiones, que han creado más de 1.2 millones de empleos –entre directos e indirectos–, que ha financiado el proceso de descentralización del país –a través del canon– y que ha sido una de las columnas centrales del modelo económico que ha reducido pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo.

¿Cómo se relativizarían los sistemas de derechos de propiedad establecidos en la Ley General de Minería? En el proyecto de dictamen se establece “una servidumbre minera” en concesiones donde no existan actividades del concesionario sin causa justificada. En otras palabras, se ha metido el argumento revolucionario de las “concesiones ociosas” de parte de quienes justifican los asaltos e invasiones a las reservas probadas de las concesiones de la minería moderna. Una legalización de las invasiones de los mineros ilegales.

Como ya hemos informado hasta la saciedad en este portal, la minería moderna, con objeto de preservar el medio ambiente para las futuras generaciones, incrementar la productividad en la explotación del recurso, garantizar el empleo formal y la recaudación fiscal del Estado y la sociedad, necesita inversiones con grandes capitales, con intensidad de capital, con tecnologías de punta y economías de escala. Con ese objetivo las concesiones de la minería moderna suelen tener en promedio más de 10,000 hectáreas. Con el avance en las reservas probadas de mineral, la corporación tituliza la concesión para conseguir financiamiento en el sistema financiero internacional. Luego de captar capital, la empresa focaliza la explotación del recurso en el área con reservas probadas y desde allí comienza una incesante exploración para alargar la vida útil de la mina.

Con la incesante exploración el Estado que ha entregado la concesión aumenta sus reservas probadas en el mineral y así el Perú se convirtió en una potencia minera mundial. En el país solo el 14% del territorio está concesionado a empresas mineras, pero la violencia, los asaltos y las invasiones de los mineros ilegales solo se produce en el 10% del total del territorio concesionado. ¿Por qué? Los mineros ilegales solo asaltan las reservas probadas que las empresas han hallado mediante la incesante exploración. Por ejemplo, el tajo Chalcobamba de la minera Las Bambas hoy está invadido por decenas de mineros ilegales de cobre. Algo parecido sucede en la provincia de Pataz con las invasiones a la minera Poderosa.

La idea de una servidumbre minera sobre supuestas concesiones ociosas es una herida mortal para la minería moderna, es una abierta promoción para invadir las minas peruanas, tal como se alentaba a la invasión de tierras en los años sesenta.

Por otro lado, el dictamen del proyecto de ley MAPE que se discute –al igual que en el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)– establece que los registrados en el nuevo Registro de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional (Renapmat) tienen inmunidad jurídica frente a las acciones civiles y penales que puedan desarrollar los propietarios de las concesiones o del propio Estado cuando decide aplicar la Constitución, las leyes nacionales y preservar el sistema de derechos de propiedad en el país. Una inmunidad jurídica independiente del proceso de formalización, independiente de si se está invadiendo una concesión; una inmunidad que solo depende de la inscripción en el nuevo registro. Un Reinfo recargado, a todas luces.

Como se aprecia con absoluta claridad el mencionado dictamen parece haberse puesto de lado del populismo minero, de ese populismo que nos dice que las pequeñas unidades de minería pueden cumplir las mismas funciones de las grandes inversiones en capital y tecnología. Terrible y devastador.